Por Silvano Pascuzzo
Venimos realizando, cada semana, evaluaciones de la situación política nacional; y, en todas ellas, hemos resaltado la peligrosidad de confiar, acríticamente, en la posibilidad de un cierre unilateral de la llamada “grieta”. Los actores hegemónicos, que han controlado la economía y la sociedad desde 1975, no están dispuestos a permitir, ni tan siquiera, los más mínimos retoques al modelo de acumulación y al sistema de valores, heredado de la Dictadura Genocida. Los gestos de distensión, que el Presidente ha realizado desde su asunción, no han morigerado la virulencia de la derecha, ni siquiera en el campo de las buenas costumbres.
Los tiempos están, paralelamente, acortándose, para un gobierno que aún no ha conseguido casi ningún logro relevante en 10 meses de gestión. A este punto nos hemos referido ya bastante en sucesivas notas, pero nos interesa aquí advertir la peligrosidad de confiar en una posibilidad cierta de acuerdo, en torno a dos cuestiones medulares: la Reforma Judicial y el destino de los recursos públicos, en el área social y productiva.
El Jefe del Estado asumió la Primera Magistratura prometiendo cambios profundos en el Poder Judicial. No puede, en consecuencia, desentenderse del tema, ni mucho menos fracasar en el tratamiento legislativo de la misma. Debe obtener las mayorías necesarias, para avanzar con cambios que son una amenaza – potencial y real – para los magistrados asociados al poder económico y a las corporaciones. Y las herramientas con las que cuenta, son realmente muy exiguas.
Al fundar toda su estrategia en una especie de “fundamentalismo del diálogo”, el oficialismo se ha puesto un límite a su capacidad de acción unilateral, por imposición de una simple mayoría; no quiere hacer uso de ninguna herramienta de coerción interna al interior de su propia alianza, e insiste con un discurso de moderación, que no es correspondido por sus adversarios. Es un caso extraño de autolimitación de las propias capacidades conseguidas en las urnas. Un hecho tan desconcertante, como peligroso.
No es novedad la idea de poner en marcha reformas a los convenios laborales, una flexibilización de hecho de los contratos y una liberalización de las normas del Derecho Laboral; un aspecto que debería encender luces amarillas en el grupo de sindicatos opuestos históricamente a éstas políticas. El silencio no los relevará de tener que expedirse tarde o temprano, sobre todo cuando el Ejecutivo avale, desde el Ministerio de Trabajo, los pactos entre empresas y sindicalistas del ala derecha del Movimiento Obrero, bastante cercanos a la Casa Rosada.
Debiera analizarse, por otro lado, al interior del Kirchnerismo, la rentabilidad política e identitaria de un rumbo tan poco claro y errático. Puesto que, desde 2003, se había presentado como el único intento serio en Democracia, de transformar las estructuras de poder en la Argentina. ¿Qué quedará de esos propósitos tantas veces evocados a lo largo de 17 años? ¿Todavía desean los compañeros que acompañan a Cristina Fernández – y la propia ex Presidenta – oponerse a los designios de las corporaciones, el sistema financiero y el complejo de intereses oligárquicos, que convirtió los últimos meses de gestión del Movimiento Nacional en una batalla a muerte?
La responsabilidad del destino de este Gobierno, que es apenas un experimento “Liberal Progresista”, está en manos de la Conducción Estratégica, puesto que fue ella, y no una interna democrática, quien puso a Alberto Fernández en la Presidencia, auto proscribiéndose, con la excusa de que la gobernabilidad sería imposible. Debe Cristina resolver, en soledad, las consecuencias poco halagüeñas de una gestión incolora, abúlica y poco eficiente. Es su responsabilidad histórica.
El momento de las definiciones se acerca. La derecha se reconstruye a una velocidad increíble, gracias a la morosidad oficial, y también a una estrategia equivocada de acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta, un hombre mucho más inteligente y capaz que Mauricio Macri; favorecido por la ingenua hipótesis de una ruptura entre ellos, que, lejos de verificarse, está ahora trayendo graves consecuencias de cara a las elecciones de 2021. Se le dio protagonismo al Jefe de Gobierno Porteño, y un espacio en la gestión de la pandemia de COVID-19, y ahora no se puede impedir su despliegue como precandidato de la oposición, el mejor que pudiera haberse imaginado.