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Vicentin: de fraude a estrategia

Por Matías Slodky

El anuncio del presidente Alberto Fernández, declarando la intervención de la oleaginosa Vicentin e intento de estatización parcial, mediante un proyecto de ley que ingresará al senado en los próximos días, sin dudas ocupará el centro de la discusión política de los próximos meses. La razón de porqué este tema será tan importante parece ser sencilla: el conglomerado de empresas que forma “Vicentin SAIC” ocupan un rol central en el entramado agroindustrial argentino, ya que, como se intentará visualizar en esta nota, los alcances y sectores/intereses que mueve esta empresa son realmente vastos.


Vicentin se avoca desde los que se puede denominar compra – a distintos productores argentinos - y exportación de granos, pasando primero por un proceso de almacenamientos de los granos y su posterior molienda para luego ser vendidos de a miles de toneladas al exterior, poseyendo su propio puerto sobre el Río Paraná, algo inusual en el sector. Llegando a ocupar más del 12% del comercio exterior de granos, en pocas palabras, una cifra sorprendente en uno de los sectores más monopólicos del país, pero al mismo tiempo más generadores de divisas.

A su vez, se expande a diferentes sectores estratégicos, como lo son la producción y exportación de energía a través del biodiesel, en conjunto con aceites refinados, ostentando la planta más grande de América del sur; a su paso, también se dedica al negocio algodonero. Participa de toda la cadena, hasta la confección de prendas de vestir. Posee dos hilanderías, una en Argentina y otra en Brasil y es uno de los principales exportadores de fibra de algodón. Continuando la extensa lista, asienta una planta elaboradora de jugo concentrado de uva y producción de vinos, incluidas bodegas y propias envasadoras.


Y como si esto fuera poco, se dedica al mercado ganadero - principalmente cabezas de bovinos -, exhibiendo frigoríficos a través de su dependencia Friar S.A, como también se dedica a la producción y venta de alimentos derivados de las oleosas, como el aceite, hasta llegar a la producción de alimentos derivados del trigo o incluso producir derivados de lácteos a través de la filial Agroalimentaria Latam, que también se dedica a la producción de cosméticos. A continuación, se detalla un cuadro1 que simplifica la descripción expuesta y aporta interesantes cuestiones que se detallaran renglones abajo.

Ahora bien, hasta el momento parece ser un negocio redondo la idea de una posible estatización del grupo Vicentin; no obstante, existen varias cuestiones a analizar. La primera, ¿cómo es posible que un monstruoso conglomerado empresarial haya caído en cesación de pagos en diciembre del año pasado, con destino a una quiebra definitiva si se dejaba esperar unos meses más - teniendo en cuenta su fuerte vinculación al gobierno de Macri por parte de su dirección encabezada por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan-?


La respuesta a esta pregunta abre un entramado delictivo y fraudulento respecto de cómo se expandió Vicentin, de forma feroz, durante el gobierno de Mauricio Macri, escalando posiciones en los sectores donde “competía” - no alcanzan las comillas -, y adquiriendo, a su vez, más filiales, pero también obteniendo insaciablemente más deuda privada, con instituciones privadas y extranjeras, acompañado de prebendas fraudulentas del Estado, evasión fiscal y, como es moda - que tiene la particularidad de no caducar - en los sectores concentrados, fuga de divisas con dinero, como en este caso, de todos los argentinos y argentinas.


A decir verdad, si uno observa el crecimiento histórico de Vicentin, se encontrará con lo habitual dentro de la casta de grandes oligopolios argentinos; lo principal sangre, aunque si se quiere más coloquial, negociados y prebendas estatales en períodos dictatoriales o, en su defecto, neoliberales, como es el ejemplo de la presidencia de Cambiemos.


Los periodos donde más se ha expandido, con saltos cualitativos, el grupo Vicentin han sido en la dictadura de Onganía en 1966 y, posteriormente, en la dictadura terrorista cívico-militar del ‘76, donde Vicentin adquirió una de sus plantas de almacenamiento y, sin sorprenderse, a cambio fue partícipe de ésta. Precisamente, en noviembre de 1976, 22 obreros de la fábrica Vicentin fueron secuestrados e introducidos en el circuito del terrorismo de Estado, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos.


Esta causa aún sigue sin cerrarse pero, lamentablemente, la investigación está radicada en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, donde se encuentra la planta central de Vicentin y, por supuesto, donde maneja todas las influencias que van desde la televisión y prensa local - de la cual es propietaria directa - hasta la intendencia, la cual el día de ayer organizó una marcha en contra de la intervención con pauta financiada por el propio municipio de la ciudad. Cabe destacar que los relatos de la víctimas que lograron sobrevivir a la desaparición, y testificado en contra de Vicentin, se pueden incluso hallar en la investigación de la CONADEP.2


A este punto, queda vincular y detallar lo más reciente, como fue el proceso de crecimiento gigantesco durante el gobierno de Macri, pero, como se ha mencionado, acompañado de un endeudamiento privado descomunal que llevó a Vicentin hasta la cesación de pagos en diciembre de 2019 y cómo esto impactó en la cadena agroindustrial, el empleo y el sector financiero, en particular en la banca pública nacional, ya que, como se detallará, el Banco de la Nación Argentina ha sido el gran acreedor, aportando una línea de crédito, a todas luces - mejor dicho sombras - fraudulenta, de casi 18.500 millones de pesos; y, si tomamos a la otra banca pública - que ha sido participe de este escándalo -, como es el Banco Provincia, la deuda con la banca pública, o mejor dicho con todos los argentinos y argentinas, asciende a 20.000 mil millones de pesos.


Para contextualizar, la facturación de Vicentin S.A.I.C, sin incluir el año 2019, era u$s 4.200 millones anuales, involucrando todos sus negocios principales; aquí es donde entra en juego la explicación, de cómo se ha “desmoronado” la empresa, a pesar de tales montos de facturación y todos los artilugios que ha producido Vicentin y el Estado nacional para hacer negociados fraudulentos, ahora denunciados y presentados a la justicia por Claudio Lozano, quien es el actual director del BNA. Lo primero, Vicentin posee deudas con el Estado Nacional por conceptos impositivos y aduaneros que ascienden a $ 9.550 millones de pesos - un 10% de su deuda total -, lo cual no coincide con la presentación al momento de presentar el concurso de acreedores, en donde denuncia una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones.


La explicación de esta diferencia posee correlación con el cuadro antes observado: el entramado evasor de Vicentin se daba a través de sus filiales en Uruguay y Paraguay, de tal forma que asentaba sus presuntas exportaciones como si fueran originarias de Paraguay, con el fin de pagar menos retenciones, impuestos a la ganancias, etc, pero la realidad es que las embarcaciones provenientes del Paraguay por el río Paraná, arribaban vacías, hasta llegar al puerto propio de Vicentin en Reconquista, donde cargaban efectivamente las embarcaciones para luego ser exportadas. Otro elemento de futura evasión fiscal era transportar la residencia de Vicentin SAIC a Uruguay, copiando el ejemplo de su filial Vicentin Family Group. Según la denuncia de Lozano, el objetivo del crédito del BNA iba a cumplir ese rol, aunque claramente no se terminó de llevar a cabo, haciendo más enigmático dónde se encuentra la línea de crédito del BNA.


No olvidemos que la línea de crédito del BNA por 18.500 millones de pesos, además de ser la línea de crédito más grande de su historia, ha comprometido alrededor del 70% de las reservas de crédito disponible, es decir, el Banco Nación le concedió, por decisión de su exdirector, todo ese monto, el ahora denunciado e íntimo del macrismo, González Fraga, ex director del BCRA en el menemismo e ideólogo de la convertibilidad. Incluso la mismísima Elisa Carrió lo denunció por lavado de dinero en su relación comercial con Gaith Pharaon.


Quizás es mejor recordar a González Fraga por ser el divulgador del discurso macrista, destilando frases como “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal (...) por supuesto que era bueno, pero no normal, no era sostenible”; si esta no fuera suficiente, podemos recurrir a otras más casuales: “Se vienen las inversiones”, “La operación quirúrgica ya terminó”, “La economía va a terminar de arrancar en el segundo trimestre”.


González Fraga es responsable del daño patrimonial producido al Estado Nacional. A su vez, la relación entre fechas de préstamos y cronogramas electorales no resiste cualquier argumento ya que, a pesar de mostrar grandes señales de estallido, Fraga decidió mantener a Vicentin en valor crediticio 1, es decir, el mejor valor; casualmente, después de las PASO, ese valor pasó a 5 - el peor valor -, básicamente, de un día para el otro, la gerencia del BNA cambió su predicción, aunque casi la tercera parte, 5.785,4 millones de pesos, le fueron otorgados en el mes de noviembre de 2019, cuando ya la empresa estaba en cesación de pagos, con un nivel crediticio 5; todos hechos que el exdirector deberá explicar en la justicia.


Es más, a comienzos de diciembre de 2019, la sociedad Vicentin, a través de su dependencia Vicentin Paraguay, cedió a la firma Renaisco - controlada por Glencore Agriculture - el 16,67% de su tenencia accionaria en Renova SA, otra empresa del sector oleaginoso; lo interesante a destacar de esto son dos entramados, el primero sobre evasión fiscal y fraude, ya que la venta no ha sido registrada, y aún no se sabe dónde se encuentra el dinero de la transacción. Casualmente, para condimentar la situación, dos días después de la transferencia de acciones, Vicentin anunció su cesación de pagos, lo cual lleva a una denuncia por triangulación de dinero a guaridas fiscales, teniendo en cuenta que Vicentin tiene sede en Panamá - incluso posee una deuda abultada con un banco privado de Panamá -. Algo que definitivamente no sorprendería, ya que la venta ha sido a su socia Glencore, aquella empresa fundada por Marc Rich, quien fue acusado en los Estados Unidos por evasión de impuestos, fraude, comercio con el enemigo, desfalco y negocios ilegales. Prófugo de la justicia por casi dos décadas y en la lista de los diez más buscados por el FBI. Más aún, en diciembre del año pasado, el gobierno de Gran Bretaña, a través de la oficina de delitos fraudulentos, abrió una investigación por graves delitos impositivos.


Por su parte, la firma Glencore era una de las acechadoras para comprar Vicentin a precio residual en caso de decretarse la quiebra, como también lo pretendían Dreyfus, Cargill, COFCO o incluso el empresario argentino José Luis Manzano, algo realmente interesante que explica como grandes lobbistas y operadores mediáticos de los grandes medios de comunicación argentinos, saltan al cuello por la decisión de impedir la quiebra y futura extranjerización de la empresa Vicentin a precio residual, comprometiendo casi 10.000 mil puestos de trabajos directos e indirectos; al mismo tiempo que, una posible quiebra, teniendo en cuenta que el Estado Argentino posee el 88% de la deuda financiera de Vicentin, produciría que un nuevo actor extranjero a cargo de la empresa, tenga la chance de encaminar juicios para licuar las deudas, prodigando una doble estafa al Estado y, por consiguiente, una masiva socialización de pérdidas.


Ya de por sí, más de la mitad de estas deudas golpean al sector financiero nacional, principalmente a la banca pública, y peor aún, a las cooperativas y sus asociaciones, a los casi 3000 productores y otras firmas agropecuarias a quienes Vicentin SAIC adquirió sus granos.


A continuación comparto una imagen para visualizar mejor lo enunciado3.

Según estos datos, el 23% de la deuda total - casi 100 mil millones de peso s- corresponde a deuda financiera con el sector bancario argentino, correspondiendo más del 88% de esa deuda a la banca pública, encabezada por el Banco Nación, lo que representa cerca del 80% de la deuda con el sector financiero local y el 18,3% de la deuda total denunciada por la empresa.


Asimismo, Vicentin mantiene una deuda comercial por adquisición de granos por $ 26.657 millones, lo que representa casi un 26% de la deuda total. Esta deuda se concentra en el sector cooperativo y productor, afectando a casi un centenar de cooperativas agropecuarias y a los productores antes mencionados. Por su parte, Vicentin posee una deuda de casi 30 mil millones de pesos con muchas entidades extranjeras, en su mayoría bancos privados.


Toda esta mención sobre la deuda que posee Vicentin demuestra, incluso si lo vemos desde una ideología ortodoxa, que los que tienen un derecho cuyo cobro antecede a los propietarios son los acreedores. Por lo tanto ¿de quién debería ser a esta altura Vicentin? Por supuesto que una cosa es la teoría financiera y otra los marcos legales, donde se impulsa la ley de estatización porque la acreencia del Banco Nación y del Banco Provincia, a pesar de no ser el único pasivo, sí es el más abultado por lejos de la deuda financiera de Vicentin.


En esta lógica, es normal esperar que se avance en políticas de puesta en valor de una empresa de utilidad pública con un sentido nacional y estatal. Si la deuda fuera con cualquier banco privado, nadie se agraviaría por ningún esquema de puesta en valor.


La idea de expandir Vicentin y hacer un conglomerado de empresas, con YPF adentro, es una decisión muy importante, ya que permite hacer pie en un sector muy monopolizado por la oligarquía financiera; tengamos en mente que 4 empresas, sin incluir Vicentin, manejan el 80% del mercado de granos, presionando y decidiendo la política agraria o el precio de varios alimentos. Además, la posibilidad de poseer Vicentin garantiza dinamizar con inversiones estratégicas el sector y, por si fuera poco, tener acceso a la incorporación de dólares genuinos por la exportación granos - Vicentin maneja el 12% del mercado -, en un momento donde hay una presión abismal en los tipos de cambio y las reservas del BCRA. Por último, el esquema de participación público/privada. Como es el caso de YPF, AYSA, Aerolíneas y ahora Vicentin, es un proceso que se ve en la mayoría de los países, no sólo europeos sino especialmente en Asia, donde el 99% de las empresas funcionan así, evitando monopolios e inversión en sectores claves.


A mi juicio, el gobierno está intentando resolver un problema, es decir, el estado actual de Vicentin, una empresa endeudada, pero sin dudas estratégica, que no se debe impedir que quiebre y, al contrario de lo que mencionan varios operadores mediáticos, no se está expropiando una empresa pujante, carente de deudas que podría salir a flote. Detrás de esto hubo un esquema de fraude al Estado argentino, con funcionarios que han jugado desde los dos lados del mostrador y donde el Estado, como se ha mencionado, es el gran acreedor de una empresa donde sus directores han blanqueado su apoyo al anterior gobierno, a tal punto de ser el mayor aportante, meses antes de la cesación de pagos, de la campaña electoral de Mauricio Macri, tanto en 2015 como en 2019. Y que hace un mes, el señor Gustavo Nardelli fue demorado por la Prefectura cuando paseaba en su lujoso yate por el Río Paraná y fue conminado a cumplir con el aislamiento social, mientras que, desde diciembre, más de 3.000 productores estaban sin cobrar su deuda y otros 1.000 empleados habían sido suspendidos de la algodonera, cobrando el 35% de su salario.


Por último, creo oportuno rebatir la falsedad, de sectores reaccionarios del país, sobre una Junta Nacional de Granos a corto plazo, con una empresa que solo maneja el 12% del mercado, teniendo en cuenta que Vicentin será una empresa con capital mixto y seguirá funcionando con el reglamento de empresa privada, con posibilidad de inversión nacional o privada. Además, la Junta Nacional de Granos es un organismo del Estado, que sin dudas fue bien utilizado en el primer Peronismo (IAPI), que dinamizó objetivamente el sector agroindustrial, pero que luego fue cooptada en los gobiernos neoliberales por los grandes grupos concentrados y las ideas dogmáticas del liberalismo, para incentivar y desregular su funcionamiento, hasta su desaparición. Por el contrario, no hay dudas que la verdadera junta de granos es la que funciona, en estos momentos, pero por vía monopólica, con los cuatro actores que manejan el sector a su antojo.


Es positivo que el gobierno comience a formular la directriz y agenda post pandemia, para vislumbrar los caminos a seguir, de una forma estratégica. Es imperante usar el aparato estatal, que estuvo inactivo estos últimos años en la cuestión de favorecer a las grandes mayorías, para solo auxiliar a los sectores concentrados nacionales e internacionales.

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