¿Un nuevo FMI?

Por Lautaro Garcia Lucchesi

Hace unos días, el Presidente Alberto Fernández declaró que confía en que el Fondo Monetario Internacional, en este nuevo proceso de renegociación que se avecina, no impondrá medidas estrictas de ajuste sobre nuestro país, ya que la actual N°1 del organismo, Kristalina Georgieva, “entiende de la pobreza porque ella vivió en la Hungría comunista, y ella vio de cerca lo que fue la pobreza”. La frase contiene dos errores: el primero es que Georgieva nació en Bulgaria, no en Hungría; el segundo es creer que ella tiene la autoridad suficiente para modificar el perfil económicamente ortodoxo de los equipos técnicos del organismo.


No es el primer presidente que pronuncia este tipo de elogios prematuros. Macri y Lagarde también habían intercambiado elogios, al momento de cerrar el primer acuerdo con ese organismo, mientras Nicolás Dujovne afirmaba que ese FMI era diferente al de Anne Krueger y Rodrigo de Rato, tenía una “visión social” y “había aprendido de las lecciones del pasado”.


El error de ambos es confundir la amabilidad de ambas Directoras Generales con un cambio de políticas del organismo. Luego de la experiencia ultraortodoxa que vivimos con Anne Krueger, nada podría ser peor. Pero para poder determinar si hay o no un cambio de rumbo, hay que hacer foco en el tipo de políticas que este organismo impone, no quién es el encargado de turno.

¿Cuáles son esas políticas? Según Joseph Stiglitz, el Consenso de Washington tenía tres pilares fundamentales, que el FMI recomendaba para todo plan económico “exitoso”: austeridad fiscal, privatización y liberalización de los mercados. Por lo tanto, veamos qué políticas tuvieron que adoptar los países que recurrieron al FMI durante las direcciones de Lagarde y Georgieva respectivamente, para ver si realmente hubo algún tipo de cambio.


Durante la presidencia de Lagarde, el FMI tuvo que intervenir en la UE, como complemento del Banco Central Europeo, para rescatar a países que habían sido duramente golpeados por la crisis de la Zona Euro, como Chipre, Irlanda, Grecia y Portugal. Analicemos dos casos, para no extendernos tanto: Chipre y Portugal.


En el caso de Chipre, se llevó adelante una reforma laboral, para “mejorar” la competitividad, ajustando los salarios reales, eliminando ciertos programas de asistencia estatal, con el objetivo de reducir los incentivos a que la población se mantenga en situación de desempleo, y promoviendo el trabajo a tiempo parcial; asimismo, en el caso del sector público, la revisión salarial se redujo de dos a una vez por año, y cualquier modificación extra debía ser consultada y aprobada por los países e instituciones que habían aportado financiamiento para el rescate. Junto con esto, el sector público debía llevar adelante una reorganización, revisando salarios y el pago de horas extras, y eliminando los obstáculos que impiden la movilidad de los empleados públicos entre los diferentes departamentos. También debía mejorarse el clima de negocios, especialmente en los sectores del turismo y los servicios financieros, de gran peso en el PBI del país en cuestión. Esto implicaba la liberalización del sector servicios, eliminando barreras de entrada, y una revisión del régimen tributario, aumentando la recaudación impositiva en unos 5.800 millones de euros adicionales, mediante una quita a los depósitos privados y un aumento del impuesto a las sociedades, elevándolo hasta el 12,5%. Asimismo, debía llevarse adelante una modificación del régimen regulatorio y la forma de organización del mercado energético de la isla, para garantizar su apertura, transparencia y competitividad. En este último punto, se debe tener en cuenta la existencia de gas natural offshore en este país, lo cual desata el apetito de ciertos intereses foráneos.


En el caso de Portugal, el programa de austeridad que se llevó adelante fue durísimo. Haciendo foco en una reducción del gasto público, se impuso una reforma laboral que implicó, en el sector público, una reducción de alrededor de 20% en el empleo público y del 23% en sus salarios; en el sector privado, los salarios cayeron un 15% y el desempleo ascendió al 16%. Esto fue acompañado por un congelamiento del salario mínimo, la suspensión de las jubilaciones anticipadas, una reducción de los aportes patronales y una ampliación de la jornada laboral de 35 a 40 horas. Por si todo esto no fuera suficiente, también se aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, y se promovió la inversión extranjera mediante beneficios fiscales y los “visados dorados” (permisos de residencia a extranjeros que adquieran bienes inmobiliarios por un valor mayor a 500.000 euros). Este fue el “milagro portugués”.


En ambos casos, vemos que se respetan los pilares del Consenso de Washington, por lo que no podemos hablar de un cambio en las reformas estructurales que impuso, como condición para la aprobación de ciertos créditos, el FMI bajo la gestión Lagarde.


Pasemos ahora a la gestión Georgieva. A pesar de haber asumido el cargo no hace mucho tiempo, tenemos en Ecuador un primer caso para analizar, pues el presidente Lenín Moreno acaba de cerrar un Servicio Ampliado del FMI. Junto con este caso, también podemos analizar las negociaciones con el Líbano; Georgieva condicionó la aprobación de un crédito a ese país a una previa puesta en marcha de un paquete de reformas estructurales.


En el caso del país latinoamericano, a cambio de U$S 6.500 millones, se deberá garantizar la sostenibilidad fiscal, reduciendo el gasto público; y se llevará adelante una reforma fiscal, que incluiría una reducción del gasto corriente y de capital y una reforma tributaria integral. Recordemos que Ecuador ya había solicitado un primer acuerdo con el FMI en marzo de 2019, por el cual había iniciado la aplicación de medidas de austeridad que llevaron a un recorte del gasto y a un reordenamiento del sector público, que derivó en el despido de 3.680 trabajadores del Ministerio de Salud, lo cual explica la mala respuesta del Estado ecuatoriano frente a la pandemia. Las reformas que se solicitaban a cambio de ese crédito también implicaban privatizaciones de empresas públicas, concesión de incentivos para la inversión extranjera, una flexibilización laboral, una eliminación de subsidios al combustible y una reforma fiscal; pero estas medidas tuvieron que ser postergadas por el levantamiento popular de octubre del año pasado.


Al mismo tiempo, para hacer frente al virus, Ecuador accedió a un fondo de emergencia del Fondo en el mes de mayo, a cambio del cual se comprometían a mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda. Junto con esto, las autoridades del organismo internacional “recomendaban” al presidente continuar con la consolidación fiscal de alrededor de 6,2% del PBI para el período 2019-2025. Esto impidió la ampliación del gasto público para hacer frente a los problemas económicos y sociales que implicaba la cuarentena; y la imposibilidad de imprimir dinero, al tener una economía dolarizada, tampoco ayuda, profundizando la situación de vulnerabilidad de la población.


Pasemos ahora a Líbano. Este país ya venía atravesando una crisis económica y social muy profunda, habiendo defaulteado una deuda de casi el 170% del PBI, con una caída del 80% en el valor de su moneda, casi un 50% de su población bajo la línea de pobreza y un desempleo de alrededor del 35%; la explosión en Beirut acabó con la paciencia civil, derivando en un levantamiento que terminó con la caída del gobierno, tras ser tomados los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Energía y Agua, y la Asociación de Bancos.


Ya en el mes de mayo, las autoridades libanesas habían iniciado negociaciones con el FMI, pero las autoridades del organismo solicitaron que primero se pusieran en marcha ciertas reformas, antes de que se les otorgase el crédito; la explosión en Beirut y el estallido civil no ablandaron los condicionamientos del FMI. Georgieva afirmó que Líbano debe restaurar la solvencia de sus finanzas públicas y la solidez de su sistema financiero; para esto, se debía recapitalizar el sistema bancario, haciendo que quiénes se beneficiaron de devoluciones excesivas en el pasado compartieran parte de la carga; reducir las pérdidas prolongadas de las empresas públicas, ergo, privatización; una mayor predictibilidad, transparencia y rendición de cuentas con auditorías globales en instituciones clave, como el Banco Central; y una reducción del déficit fiscal, que en 2018 llegó a alcanzar 11,4 puntos del PBI, y que hoy se encuentra en alrededor del 8%.


Así, en ambos casos nos encontramos con medidas que siguen la línea del Consenso de Washington. Puede verse algún que otro atisbo de cambio, como que, en el caso ecuatoriano, se promueve en el nuevo acuerdo el desarrollo de una red de contención social para ayudar a los más vulnerables; pero son cambios secundarios, que no modifican la sustancia de las reformas que el FMI viene imponiendo desde hace unas décadas.


El presidente Fernández no debe cometer el error de iniciar la negociación esperando concesiones por parte del FMI. No estamos frente a un nuevo organismo, sus equipos técnicos son las mismas personas de siempre, y las políticas que exigirán serán las mismas; su objetivo no deja de ser garantizar las condiciones para que el dinero del crédito sea devuelto, el cual no sale de la billetera de Georgieva, sino de las cuotas de los países miembro, siendo Estados Unidos el mayor aportante. Creer que el Director o la Directora General de turno tiene poder suficiente para modificar esto, revela una ingenuidad que puede salirnos muy cara. Se debe negociar con el cuchillo entre los dientes; y luego habrá que llevar adelante una auditoría pública para saber cuál ha sido el destino de este dinero, que claramente no ha sido las arcas del Estado argentino. No sea cosa que terminemos por volver a socializar las deudas.

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