Un crimen organizado

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 4 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.



EL SISTEMA FINANCIERO


Una vez concebido el plan, era necesario dotarlo de instrumentos: el caos, la violencia política y la inflación desenfrenada desembocaron en el golpe militar, que dio marco institucional y aseguré la represión.


Pero para agotar y cambiar el modelo económico de sustitución de importaciones, vigente hasta ese entonces, por otro basado en la renta especulativa financiera sostenido por mayor endeudamiento y desprendimiento de capital nacional, era necesario cambiar el corazón del sistema.


Si Perón, en la década del 50 preguntaba cuándo alguien había visto un dólar, a fines de los 80 se consultaba su cotización en las guarderías infantiles.


Ese enorme cambio cultural llegó de la mano del gobierno militar y se profundizó durante 20 años de sistema democrático.


Admitamos que todo sistema económico halla su corazón en su sector bancario y financiero.


A través de la historia de los últimos quinientos años y en todos los pueblos civilizados de la Tierra, tomando a la Nación como un todo, tal como un enorme cuerpo humano, este sector, el financiero, se caracterizó por llevar la sangre de un órgano a otro, como verdaderas venas, que llevaba el ahorro de unos para transformarlo en inversión de otros, y así oxigenar y dar vida al cuerpo total de la Nación.


En Argentina, deliberadamente se cortaron esas venas.


Para el sector productivo, el crédito fue imposible de alcanzar, especialmente el de largo plazo, y si accedía a alguna forma de financiación, las tasas de interés usurarias que pagaba hacían inviable todo proyecto de largo alcance, salvo que los privilegios que otorgara la realización del proyecto fueran muy superiores a las tasas abonadas; con lo cual el costo se trasladaba a toda la sociedad al abonar significativos sobreprecios basados en el enorme costo financiero.


Para el Estado, el corte de venas ha sido una sangría por la cual se ha ido la renta nacional. La fuga de la riqueza, la absorción de pérdidas ajenas, el no cobro de los créditos propios, la falta de transparencia y la corrupción, la entronización del concepto según el cual se puede vivir siempre de prestado como idea fuerza de nuestra sociedad en los últimos 40 años a despecho de todo valor del trabajo humano, no son rasgos menores de esta sangría.


Pero no todos pierden. En estos 40 años hay un sector que siempre se anotó entre los ganadores. En las épocas de bonanza y en las épocas de crisis. Y siempre resultó victorioso porque es el corazón del modelo: el sistema financiero.


Este corazón en cada sístole y diástole succionaba las riquezas del país. Cada cambio en la política económica y financiera representó una pérdida de capital nacional y una ganancia para este sector.


Mencionemos solo algunos de estos latidos que nos roban la vida

En 1977, a través de la Ley 21.572, se realiza una reforma financiera que instaura la Cuenta de Regulación Monetaria. A través de ella, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) pagaba intereses sobre los fondos inmovilizados en las entidades bancarias como efectivo mínimo. Podemos definir en lenguaje sencillo al efectivo mínimo como la cantidad de moneda “mínima” que una entidad bancaria tiene la obligación de poseer en sus arcas para hacer frente a sus obligaciones cotidianas, es la demanda diaria de efectivo, destinando el excedente a sus otras operaciones y negocios.


Conjugado con las normas bancarias vigentes por esos momentos, se simulaba una negociación en el mercado libre de cambio, se fraguaba un depo´sito en pesos, cuyo efectivo mínimo rendía intereses pagados por el B.C.R.A. y cuyo excedente se reciclaba en un autopréstamo o se represtaba a otra entidad bancaria. De esta forma, se diluían los efectivos mínimos requeridos y se transformaban en moneda extranjera. Este mecanismo fue conocido como “bicicleta financiera”.


Decimos se fraguaban depósitos porque porque así lo señala la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en su informe sobre el accionar del Banco de la Nación Argentina por aquellos años, en donde dice: cabe concluir que en más de una ocasión circularon certificados de depósitos falsos, que muchos tomadores de fondos de la mesa de dinero del banco eran simple “puente”, ya que ese dinero era recibido por otras entidades que por una u otra razón, no podían operar con el Banco Nación, con lo que éstas eludían cómodamente la prohibición; que solían registrarse alteraciones de las tasas de interés en un mismo día; que no podían ser considerados los certificados entregados en custodia al Banco en todos los casos genuinos…


De esta manera dio comienzo la especulación financiera, la “bicicleta” que creaba artificialmente moneda, cuyos rindes iba a manos privadas, utilizando para ello a las propias instituciones del Estado.


Internacionalmente, a partir de 1979 y como consecuencia del “shock” petrolero, se hallaban disponibles grandes cantidades de fondos líquidos en el mundo, que si no eran invertidos podrían ocasionar serias perturbaciones en el sistema financiero internacional. La solución hallada fue la de instruir a los bancos comerciales internacionales para colocar ese excedente en préstamos a países que pudiera absorber esa colocación.


Es decir, y tal como lo señala Alejandro Olmos en su libro referido a la deuda externa y que explica su patriótica denuncia penal sobre la misma: “se produjo el fenómeno inverso en el mundo financiero; eran los bancos los que presionaban para colocar sus dólares y no los parses para recibirlos". De allí la enorme liberalidad con que manejaron esos mismos bancos la colocación de fondos, lo que hizo facil, para países como el nuestro, la toma de los fondos excedentes en el mercado mundial en préstamos.


EL FMI Y EL REGISTRO DE LA DEUDA

Un funcionario del Fondo Monetario Internacional, según declaraciones judiciales de los gerentes del Banco Central de la República Argentina, era el encargado de monitorear todo este proceso de absorción de deuda. Y sin embargo, preguntados los directivos del B.C.R.A. en el juzgado que investigó la deuda externa informaron que ellos no llevaban registros contables sobre la deuda, sólo estadísticas basadas en los informes de los propios deudores.


Para absorber esta masa de créditos, se obligó a las empresas del Estado a contraer empréstitos con el exterior. En algún caso, como el de Agua y Energía, se tomó deuda externa para cancelar un préstamo en moneda local de un consorcio de bancos, en otros, tal el caso de Y.P.F. se constataron més de 400 irregularidades en sus operaciones de crédito externo, según surge de las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado interviniente en la causa “Olmos, Alejandro su Denuncia” que investigó judicialmente la deuda externa en el período 1976/1983.

De esta forma, se incorporó el grueso de la masa crítica de deuda que era necesario crearse para dominar a la Nación (los 25.000 millones que mencionamos en capítulos anteriores).

Paralelamente, se vaciaba esa misma masa de dinero a través de falsos préstamos, falsos depósitos, generosos créditos otorgados por el B.C.R.A. y la simulación de negociaciones en divisas, iniciando de esta manera la fuga de capitales.


Disfraz utilizado criminalmente bajo el ropaje del “comportamiento del mercado”, como si e! mercado, en este caso, no fuera la conducta dolosa y fraudulenta de entidades y personas específicas y determinadas.


La esencia de la estafa consistió en simular esta maniobra como una permutación de activos, correspondiendo del endeudamiento externo un crédito interno.


LA BICICLETA FINANCIERA PEDALEANDO HACIA EL VACIAMIENTO


El precio vil al cual cotizaba el dólar bajo el plan de pautas, comúnmente llamado “la tablita de Martínez de Hoz”, permitía que la adquisición de dólares que contraía con el exterior el Banco Central fueran lanzados al mercado, a precio vil como se dijo, como préstamos al sistema financiero.


Esto permitió a los operadores hacerse de los dólares constituyendo una deuda en pesos, es decir, un activo en dólares y un pasivo en pesos. La posterior refinanciación de los pasivos en la época de Lorenzo Sigaut como Ministro de Economía y Julio Gómez como presidente del B.C.R.A. y la licuación de los pasivos en pesos en el siguiente periodo de Dagnino Pastore y Domingo Cavallo, a consecuencia del vaciamiento de divisas al que fue sometido el Banco Central, permitió una vez producida la revalorización del dólar frente al peso, cancelar con una cifra insignificante de dólares la anterior adquisición de los mismos. Quedando en los bolsillos de los otrora deudores del sistema financiero los dólares remanentes y en la contabilidad del B.C.R.A. la deuda acumulada por las diferencias contraídas por las distintas cotizaciones de la moneda extranjera.


Las ganancias espurias así obtenidas se reciclaron en operaciones de pase con seguro de cambio, transformando así una deuda falsa privada en una deuda pública exigible. De esta manera se vació de reservas al Banco Central dejándole en contrapartida créditos en pesos. Créditos que se refinanciaron y luego se licuaron al devaluarse la moneda.

A continuación se detalla de manera aproximada los beneficios otorgados a los principales grupos económicos que operaban en la economía argentina. Podrá observarse que las principales y más importantes empresas figuran en el listado respectivo.


Dos consideraciones adicionales, los principales bancos del país, responsables de variadas maniobras financieras figuran en los principales lugares de los beneficiarios, de manera que mientras por un lado maniobraban contra el erario público y facilitaban la fuga de capitales, como contrapartida se beneficiaban por los seguros de cambio.


La otra consideración es que muchas de las empresas que figuran en el listado ya no existen como tales o se fusionaron o el paquete accionario cambió de manos.

Dice el fallo por el juicio de la deuda:


Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando los costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación de seguros de cambio”.


Conjuntamente a este proceder, comenzó una corrida bancaria al comenzar a caer numerosas entidades que operaban en el mercado local, lo que permitió al Banco Central encuadrarse dentro de las excepciones previstas en el artículo 17 de su Carta Orgánica. y así otorgar créditos sin garantías a entidades financieras en dificultades.


Para completar el esquema, el Banco Central garantizó los depósitos, de tal manera que al caer las entidades el Estado absorbió las pérdidas; y, además, al permitirse que cada entidad adoptara la forma más conveniente para asegurar el cobro de sus carteras de crédito, en la práctica éstas resultaron incobrables para el B.C.R.A., agudizando así las pérdidas, por doble vía, al hacerse cargo de los depósitos y no poder compensarlo con el cobro de los créditos otorgados por las entidades fallidas.


El descalabro fiscal de los últimos años tiene su origen en tres rubros importantes: los intereses del endeudamiento del gobierno, el costo de la liquidación de las entidades financieras y la baja en la recaudación de impuestos provocada por la recesión y la insolvencia generalizada de los sectores productivos privados ”; quien así habla es Domingo Cavallo, defendiendo su actuación frente al Banco Central de la República Argentina en 1982.


Y agregaba: “El liberalismo de la city deja la impresión de tener una predisposición natural a considerar que es ortodoxo y serio lo que conviene a los intereses metropolitanos y a la banca internacional, como que es heterodoxo y poco serio el planteo del empresariado nacional, de los productores de economías regionales y de los trabajadores”.


La patria financiera definida en 1982 por su principal paradigma en la década de los 90...


LA BICICLETA FINANCIERA EN LOS ALBORES DE LA DEMOCRACIA


Habíamos mencionado que durante el ministerio de Martínez de Hoz se había creado la Cuenta de Regulación Monetaria, el mecanismo siguió gozando de buena salud durante el advenimiento de la democracia, sólo en 1984 se pagaron 3.000 millones de dólares por este concepto, dinero que se abonó a los bancos y generó un déficit cuasifiscal que pagamos todos con impuestos, Inflación y con la bastardización y caída de nuestros ingresos.


Durante la vigencia del plan austral se cambió el nombre a la Cuenta de Regulación Monetaria por la de Depósitos Indisponibles Remunerados por el B.C.R.A. Cambiamos el nombre del collar pero no cambiamos de collar ni dejamos de estar sujetos a él.


Al generarse alta inflación, los depósitos indisponibles tomaron mayor relevancia, ya que las tasas de interés pagadas por ellos eran superiores a la tasa de inflación, absorbiendo todos los recursos financieros disponibles y expulsando al sector productivo del mercado de créditos y generando una enorme transferencia de recursos hacia el sector financiero, soportado por toda la sociedad.


La creciente necesidad de fondos del Estado produjo un “festival de bonos”, de allí a la hiperinflación y a la salida anticipada en 6 meses del gobierno del Dr. Alfonsín, y la precipitada asunción del Dr. Menem, que ganó las elecciones de 1989 con un discurso de corte nacional y popular, a poco de asumir y tratando de explicar su cambio ideológico y político, dijo: “porque gané, cambié”; “si decía lo que iba hacer, nadie me hubiera votado”.


Luego de un nuevo y rápido proceso hiperinflacionario, por el cual la población se vio impulsada a repudiar la moneda local, volcándose masivamente hacia el dólar y conjuntamente con la implementación de un Plan Bonex que confiscó el capital de los ahorristas, estaban dadas las condiciones para cambiar drásticamente la política monetaria y erigir a la convertibilidad en el pilar de todo el andamiaje político, económico y social.


Otra vez el corazón financiero latía con fuerza y se preparaba para dar el gran salto para la toma del poder.


Como ya hemos dicho, la convertibilidad fue precedida de un largo proceso inflacionario que destruyó la moneda, que culminó en dos hiperinflaciones. acompañada de una creciente cultura del dólar, moneda en la cual se atesoraban los ahorros y se realizaban las principales transacciones económicas.


Poco antes de implementarse, había dado comienzo la Reforma del Estado, las privatizaciones y concesiones, que mediante la Ley 23.696 concentró en manos privadas los negocios públicos.


Esas privatizaciones y concesiones se habrían de pagar mediante los mismos títulos de la deuda fraudulenta que se había creado ex profeso.


Con la ley del Congreso Nacional que fijó el valor de un peso igual a un dólar, apoyado en la creación de una nueva Caja de Conversión, instrumento monetario utilizado varias veces a lo largo de la historia económica argentina, y cuya experiencia siempre concluyó dramáticamente, Argentina vivió una década de estabilidad de precios, a costa de perder miles de empresas y millones de puestos de trabajo.


Con la nueva paridad aumentó el valor del Producto Bruto Interno medido en dólares, y de un solo golpe, el peso de la deuda disminuyó. En efecto, mientras nominalmente la deuda aumentaba, su incidencia sobre el PIB disminuía del 99% en 1989 al 40% en 1992, y el costo de los intereses medidos en moneda local disminuyeron del 8% al 12%.


Artilugios contables y prestidigitación monetaria para mostrar “enormes resultados” (que entusiasmaban a los expertos y al público en general) en donde no los había; y el tan mentado cambio estructural se daba en una sola dirección: en la concentración del poder económico en unos pocos beneficiarios.


EL FLUJO DE. EFECTIVO DE LOS BANCOS


El siguiente cuadro muestra cuál fue el verdadero flujo de fondos relacionados con la deuda externa durante el período iniciado el 31 de diciembre de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1988, es decir, desde el retorno de la democracia hasta el fin de los programas de estabilidad del gobierno de Alfonsín, mientras se proclamaba la formación del tercer movimiento histórico, la población se entusiasmaba por la implementación del Plan Austral. Los números no dejan de ser elocuentes de quienes fueron los verdaderos beneficiarios durante ese período:

Como queda a la vista, fueron los bancos comerciales los grandes beneficiarios durante este periodo, puede decirse que los propios bancos y los organismos multilaterales financiaron el pago de esa enorme masa de intereses. Mientras aumentaba la deuda, el pago de intereses drenaba esos fondos y la Argentina se encaminaba hacia la hiperinflación y los saqueos.


El presidente Alfonsín se vio obligado por las presiones de los bancos acreedores a refinanciar la deuda en 1985, mediante dos decretos suscriptos por él, el Ministro de Economía Juan V. Sourrouille y el Secretario de Hacienda Mario Brodherson. En ellos se puede leer que se aprueban los modelos de contratos de lo que luego se llamó Acuerdo de Nueva York de 1985. En la documentación que obra en el expediente del juzgado encontramos que los documentos modelos están en blanco sin especificar nombre, domicilio, carácter jurídico, causa y monto de la deuda reclamada por el acreedor y los equivalentes a los deudores, en este caso, el propio Estado y el conjunto de empresas que giraban bajo su órbita.


No se especifican montos, causas, orígenes de las supuestas deudas refinanciadas; se ignora por ende, cuál es el instrumento de crédito deuda sobre el cual se realizó la novación de deuda.


Sólo se acompaña un listado simple con los nombres de los supuestos acreedores y un listado de los supuestos deudores.


De esa renegociación, la Argentina comenzó a emitir su deuda mediante la instrumentación de bonos.


Posteriormente, existió una denuncia por duplicación de esos bonos y en declaraciones ante el Juzgado, los responsables de la oficina de deuda pública alegaron su desconocimiento. y señalaron que era el Comité de Bancos acreedores, quienes llevaban actualizados los registros.


En declaraciones públicas, el negociador de la deuda por parte de nuestro país, Daniel Marx, declaró que no le quedaban dudas que algunos bonos se habían duplicado y/o triplicado, pero no lo podía probar al ser destruidas las pruebas mediante el canje de esos bonos por lo que se denominó Plan Brady de 1992.


En este marco, Argentina ingresó al Plan Brady que consistía en una ingeniería financiera que canjeaba los títulos de los países endeudados por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, comprados por los países deudores con nuevos préstamos de las agencias internacionales.


De esta manera, los bancos suprimieron de sus registros contables sus acreencias contra las naciones endeudadas, sustituyéndolas por bonos de los EE.UU., lo que mejoró su situación patrimonial y alejó todo riesgo de no pago de cualquier país endeudado.


El problema de la deuda está resuelto”, señaló por aquel entonces el Ministro Cavallo; debió agregar: para los bancos…


Los bonos comenzaron a cotizar en los mercados y en las miles de transacciones se ha perdido la posibilidad de saber quién es y quién ha sido el verdadero dueño de esos títulos.


Como bien lo señala Jorge Schvarzer, fue un cambio histórico: la deuda latinoamericana emitida en bonos pasó de 18.000 millones de dólares en 1986 a 125.000 millones de dólares a comienzos de los años noventa; los préstamos bancarios, en cambio, cayeron de 97.000 millones a 30.000 millones en el mismo período. En 1996, la deuda argentina estaba compuesta por un 60% en bonos, y sólo el 3% en préstamos bancarios; el resto eran compromisos con organismos internacionales, préstamos oficiales de otros países y deudas comerciales.


Preservados los bancos de cualquier default y abierta una nueva fuente de negocios con los títulos de la deuda (securitización), los mercados financieros presionan permanentemente en pos de reformas estructurales que les garanticen y mejoren el rendimiento de sus inversiones y de las comisiones que se cobraban por cada nueva colocación de deuda.


Luiz Bresser Pereira, ex Ministro de Economía del Brasil, señalaba que: “la deuda ofrecía oportunidades de especulación y beneficio, y que era una forma de captar a las élites del país deudor, haciendo sus intereses comunes con los de los mayores bancos acreedores”.


De esta manera, la deuda no sólo tiene costos tangibles (los pagos) sino intangibles, en el disciplinar a las naciones comprometidas a los designios de los agentes financieros.


Las emisiones de bonos fueron hechas por montos relativamente pequeños y servían para renovar otros a su vencimiento. Cada nueva emisión, en algunos casos semanales, requería del beneplácito de los mercados para su colocación, y cada vez era mayor el interés que pagaba la Nación para la renovación de su deuda.


Para dar mayor estabilidad al sistema, el Banco Central autorizó la compra por parte de entidades bancarias extranjeras de los bancos locales; pretendía de esta manera que, en caso de ser necesario, las casas matrices extranjeras salieran en defensa de sus bancos en el país, basados en las enormes ganancias en dólares que obtuvieron estas entidades en el mercado local al tomar préstamos del exterior a tasas internacionales para represtarlas localmente con una ganancia de hasta 45 veces.


LA REFORMA DEL BANCO CENTRAL


La nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina significó profundos cambios en la política económica llevada hasta ese momento. Quizás el cambio más notorio fue la desaparición de la orientación macroeconómica del crédito por parte de las autoridades nacionales.


Desde su creación en 1935 el Banco Central (producto del Pacto Roca Runciman), de alguna u otra forma, ya sea a través de la centralización de los depósitos o sistemas de libertad de captación, siempre existieron normas que orientaban o favorecían el crédito a ciertos sectores.


Con el nuevo sistema de desregulación total, cada banco eligió a quién y cómo prestarle, y éstos concentraron sus préstamos en un puñado de empresas de importantes activos físicos, solventes y de bajo riesgo, requisito que alejó a las pymes de los mercados oficiales de crédito, aún aquellas con proyectos viables, lanzándolas a los mercados no oficiales, comúnmente llamados mesas de dinero, de elevadas tasas (usurarias en dólares), alimentadas éstas por fondos provenientes de las mismas entidades bancarias.


En esos casi treinta años posteriores a 1976, cada caída de una entidad bancaria produjo un escándalo, con un comportamiento general repetido una y otra vez por sus titulares: los autopréstamos de los fondos bancarios a sus empresas o a empresas vinculadas, con exiguas, fraguadas y nulas garantías, licuando y vaciando cada entidad, claro que después de requerir subsidios (redescuentos) al B.C.R.A., redescuentos que no eran cancelados y que pasaban a engrosar los pasivos de las entidades, que conjuntamente con sus ahorristas veían esfumarse sus capitales.


Han sido moneda corriente los préstamos del B.C.R.A. a entidades para que éstas, a su vez adquirieran a otras en mayores dificultades financieras. Al poco tiempo, la entidad tomadora del redescuento también caía, tal como ocurrió con el Banco Mayo que había adquirido unos pocos meses antes al Banco Patricios. Los supuestos sólidos bancos eran arrastrados por las entidades insolventes. El fisco y los ahorristas perjudicados se contaron por miles.


El lavado de dinero ha sido una de las áreas más oscuras del sistema financiero, especialmente durante la convertibilidad, algunos casos han salido a la luz como el B.B.C.l., propiedad de un magnate árabe que involucró entre otros a un ex presidente del Banco Central y a notorios pronosticadores meteorológicos de la economía, que guardaron silencio por un tiempo para volver a ser consultados por radio, televisión y periódicos ante cualquier cambio de clima.


La misma claque profesional financiera se recicla en la impunidad y la ignorancia.


Como los directores del Banco Central de la República Argentina del proceso, los “académicos del hambre” no guardan registro de sus “errores”.


LAS INCONSISTENCIAS TÉCNICAS EN LOS BALANCES DEL BANCO CENTRAL ENTRE 1980 Y 1989


Por decreto 1901/90 publicado en el Boletín Oficial el 25/09/90, se creó en la órbita del Ministerio de Educación y Justicia (no en el Ministerio de Economía, como hubiera sido lo correcto), una Comisión Investigadora para evaluar las pérdidas ocasionadas al B.C.R.A. durante el período 1980/1989, conformada por los entonces Secretario de Justicia Dr. César Arias, el Procurador General de la Nación, Dr. Oscar Roger y el Fiscal Nacional de Investigaciones, Dr. Ricardo Molinas, conforme a una denuncia efectuada al efecto y que se recepta en los considerandos del decreto que puso en marcha la Comisión Investigadora, ya que afirma:


“El B.C.R.A. ha perdido durante los últimos años la cantidad de 67.500 millones de dólares, de los cuales solo algo menos del 20% fue transferido al Tesoro Nacional, en tanto que el resto financió al sector privado, cambiario y de comercio exterior”.


Esta es Ia parte que no se dice sobre el magno fraude a la Nación, se utilizó al B.C.R.A. para encubrir tamaña transferencia de riqueza al sector privado.


La escasez de tiempo dada a la Comisión Investigadora (60 días) y la falta de colaboración de las partes intervinientes impidieron mayores resultados, pero podemos mencionar las siguientes conclusiones:


-La cifra de 67.500 millones de dólares equivale al Producto Interno Bruto de un año, por aquel período.


-Que el proceso inflacionario de ese período ha reforzado el destino dado a los casi 54.000 millones de dólares transferidos al sector privado.


-Que la situación pudo aparentemente haber tenido origen en meros actos de disposición administrativos y en hechos sin el debido control ulterior de legitimidad, la cual determina la necesidad de proceder a la investigación pertinente.


-Que dado el exiguo plazo y la falta de colaboración manifiesta para el logro de los fines propuestos, igualmente la Comisión Investigadora logró alcanzar sus conclusiones, las mismas requieren de una profundización en la investigación, dada la gravedad de la situación y la consideración de las cifras involucradas. Sin embargo, luego de presentado el informe, el mismo se archivó y no se conocen hasta el presente mayores consideraciones.


-Que durante el período bajo análisis el plan económico no sufrió variantes fundamentales en lo que se refiere a:


a) Haber beneficiado a pequeños grupos que se apropiaron de la gran parte del déficit fiscal y de las ganancias extraordinarias (lícitas, ilícitas o inmorales) que generaban las transacciones financieras.


b) La cuantificación de esta enorme pérdida que sufrió la Nación, y que en gran parte figura en la contabilidad del Estado Nacional es de muy difícil mensura, dadas las características de las operaciones.


c) Existen dificultades metodológicas y estadísticas para efectuar un adecuado análisis cuantitativo, por ejemplo, diferencias en los sistemas de contabilidad de los diferentes organismos del Estado (Presupuesto Nacional, cuenta de ahorro - inversión de la Contaduría General de la Nación y la contabilidad del B.C.R.A.), que impiden arribar a cifras confiables.


d) Existen debilidades técnicas en los sistemas de registración contable, en su momento el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas se pronunció diciendo que los balances del BCRA. carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición del patrimonio y los resultados.


e) Imposibilidad de homogeneizar las cifras expresadas en valores monetarios, cuando existiendo tan exabruptas variaciones de precios y tasas de cambio durante los 10 años analizados y no existiendo una uniformidad de criterio para su medición y valuación.


En su momento, Roque Fernández, luego presidente del B.C.R.A., presentó en un Simposio de la Asociación de Bancos Argentinos en el año 1990, un trabajo que estimaba que las pérdidas incurridas por el Banco Central durante el periodo 1985/1989 ascendían a 67.476 millones de dólares, destacando que esas pérdidas eran la prueba más elocuente de cómo “ha sido utilizado el poder discrecional de la emisión de dinero en nuestro país”.


Subraya que las condiciones que operó el Banco lo colocaron en una posición muy vulnerable ante las presiones sectoriales y la ausencia de equilibrio entre los poderes, característica de las democracias modernas. Como prueba de ello, documenta que el “Tesoro Nacional se ha beneficiado con menos de una cuarta parte de la emisión monetaria del período. La perseverante gestión de diversos grupos de presión ha conseguido apropiarse de más de tres cuartos de la emisión. Créditos externos subsidiados, entidades intervenidas y liquidadas y bancos oficiales son algunos de los principales beneficiarios de la distribución del impuesto inflacionario que genera la emisión”.


Todas las operaciones mencionadas están relacionadas con procesos de financiamiento a diversos sectores de la economía, la mayoría de las veces, insolventes, con la única finalidad de evitar mayores deterioros en la situación económica del país. Luego, la experiencia demostró que esta modalidad derivaba en procesos inflacionarios sistemáticos.

Las operaciones del Banco Central fuera de control pueden resumirse en:


a) Préstamos a entidades financieras con fines específicos, fuera del presupuesto nacional.


b) Operaciones de comercio exterior, préstamos bilaterales, descuento de Letras de Exportación, etc.


c) Financiamiento a bancos nacionales o provinciales, fuera del presupuesto nacional.


d) Financiamiento a entidades financieras en proceso de liquidación, más de 10.000 millones de dólares fueron puestos en circulación para financiar entidades bancarias y financieras en bancarrota.


e) Existencia de pasivos remunerados, los encajes remunerados de las entidades bancarias exigieron un esfuerzo adicional al Banco al comenzarse el proceso indexatorio. La cuenta de Regulación monetaria reflejó un quebranto de más de 33.000 millones de dólares.


La Comisión Investigadora llega a la conclusión de que las pérdidas han sido de mayor magnitud a las expresadas y que las mismas están escondidas en las inconsistencias técnicas en la valuación y registración de los balances del B.C.R.A. durante el período 1981 a 1989.

Que si hubiera el B.C.R.A. comprado dólares al momento de emitir cada austral o peso argentino (según la moneda de curso legal en el período), hubiera obtenido alrededor de 95.000 millones de dólares (calculando el incremento de la base monetaria convertida al tipo de cambio de cada momento en que aumentaba) y si a esa cifra le sumamos el patrimonio neto del B.C.R.A. entre el principio y el final del período, la cifra llegaría a 105.000 millones de dólares. Ese es el monto que de alguna u otra manera desapareció, no solo por los “caprichos de la contabilidad” sino que motivó el empobrecimiento de nuestro pueblo a la vez que enriqueció a un pequeño sector privilegiado.


Si consideramos que la tasa de inversión respecto al PIB en el período fue la mitad de la que resultó en países de normal desenvolvimiento de su economía, resulta evidente que existió aproximadamente un 9% de ahorro generado y no invertido. La distribución regresiva de los ingresos y la recesión en la producción, hacen lógico suponer que la disminución de la tasa de inversión no se trasladó al consumo.


Dado que el PIB del período fue de aproximadamente 650.000 millones de dólares y que la economía en negro es, por lo menos en ese período, del 30%, significa que existieron ingresos negros por aproximadamente 280.000 millones de dólares. Sumando la economía en blanco y negro, los ingresos del período alcanzan, al menos, los 930.000 millones de dólares.


Aplicando el 9% de ahorro no invertido sobre los ingresos blancos y un porcentaje mayor sobre los ingresos en negro, resulta también una cifra similar a la anterior, unos 100.000 millones de dólares de ahorro generado en el país y que no fue invertido en el país, y que se incluye en la formación de activos externos.


Así se alimentó la fuga de capitales que tanto daño y vaciamiento nos ha producido en todos estos años.


La existencia del mencionado porcentual del mercado negro respecto a lo contabilizado en las cuentas nacionales está justificado en que no muchas de las mesas de dinero, ni muchas operaciones de comercio exterior, ni los fondos sustraídos de las entidades financieras liquidadas, ni las operaciones corruptas con contratistas del Estado, figuran en ningún balance ni documentación utilizada para el cómputo del ingreso nacional.


El déficit fiscal del período bajo análisis puede calcularse aproximadamente en un 10% del PIB, o sea, alrededor de 70.000 millones de dólares. Ese déficit fue financiado en parte por la contracción de deuda externa, de deuda interna y la emisión monetaria del B.C.R.A., y que aparece contabilizada en diversos rubros.


El déficit fiscal se produjo básicamente por un elevado índice de evasión impositiva, dadas las altas tasas de presión fiscal y la baja tasa de recaudación; los manejos espurios entre los contratistas y el Estado; el déficit de las empresas bajo administración pública, y una política de subsidios canalizada hacia la actividad financiera y determinadas actividades industriales.


Es conveniente recordar que durante el período 1983/89, la deuda externa argentina aumentó un 33% mientras que el PIB creció solamente el 9%.


Solo para pagar los intereses de la deuda externa (aproximadamente 4.600 millones de dólares) se requería un 6% del PIB anual, y equivalía a alrededor del 22% del gasto público. Durante ese período, los servicios de la deuda superaron el flujo de nuevos préstamos, la deuda aumentó 22.000 millones de dólares y los servicios devengados fueron de 25.000 millones de dólares.


Las exportaciones anuales promedio fueron de 10.000 millones de dólares y las importaciones de 6.000 millones de dólares, por lo tanto el saldo promedio del comercio anual fue de 4.000 millones de dólares.


Tal como hemos mencionado en capítulos anteriores, el saldo de la balanza comercial no alcanzaba a cubrir la totalidad de los intereses a pagar durante el mismo período. Mientras tanto, el saqueo interno vaciaba de recursos a la Nación para ejercer una legítima defensa ante tamaño saqueo.


El informe de la Comisión Investigadora, reiteramos, señala que de haberse contado con todos los elementos indispensables para la elaboración de su trabajo, seguramente las pérdidas llegarían a los 105.000 millones de dólares.


Ese monto es el que, de una u otra manera desapareció. Ello, no sólo surge de algunos caprichos de la contabilidad, sino que significó un fuerte empobrecimiento de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestro Estado, beneficiando a pequeños sectores privilegiados, que usufructuaron lícita e ilícitamente de la especulación permitida por la tolerancia del sistema económico implementado a partir de marzo de 1976 y continuado por los primeros gobiernos democráticos”.


LA CONVERTIBILIDAD COMO RÉGIMEN DE ENDEUDAMIENTO


En un trabajo de Jorge Schvarzer y Hernán Finkelstein para la Universidad de Buenos Aires, se define a la convertibilidad como un régimen basado en un déficit estructural de la cuenta corriente del balance de pagos. La combinación de un tipo de cambio atrasado con una significativa reducción arancelaria que reducía o desalentaba las exportaciones e impulsaba o estimulaba las importaciones, provocó una brecha comercial que exigió el recurso de capitales externos para cubrirla.


Una parte llegó como inversión, las más de las veces como compra de empresas ya instaladas en el mercado interno; otras, como créditos para el sector privado o público, en ambas situaciones se postergaba el déficit momentáneo a costa de cargar mayores compromisos futuros.


La crisis que de por sí conllevaba esta política económica apresuró sus pasos a partir de la crisis asiática en 1994, la crisis rusa y por último la devaluación brasileña. La propia dinámica de la deuda exigía continuar con el endeudamiento sistemático y creciente.


Al momento de asumir el Dr. De la Rúa en 1999, vencían al año próximo 16.371 millones de dólares y para el año 2001 19.676 millones de dólares, lo que correspondía al 9,2% del PIB para el año 2000 y el 10,5% del PlB para el año 2001. Era una frontera de deuda de imposible cumplimiento.


En esa situación, el gobierno negoció un paquete de créditos conocidos como “blindaje”, que dependía del cumplimiento de estrictas medidas de difícil cumplimiento. Sumaba créditos por 39.700 millones de dólares, de los cuales 18.700 correspondían a organismos financieros internacionales, 1.000 millones aportados por el reino de España y 20.000 millones en refinanciaciones y canjes de deuda.


El Fondo Monetario Internacional aportaría 13.700 millones de dólares y había 20.000 millones ofrecidos por los bancos y las AFJP. En definitiva, era una promesa formal de crédito futuro pero de ninguna manera la solución a los compromisos externos.


En los hechos, se demostró al cabo de poco tiempo que detrás de la fachada promocional no había realmente fondos frescos para paliar la situación y sí un enorme negocio de comisiones, por la simple registración de operaciones en un papel.


EL PLAN BRADY DE 1992


En 1989 se adoptó una estrategia para el tratamiento de la deuda latinoamericana y para la ampliación de los mercados financieros, conforme a las aspiraciones del Wall Street.


El primer paso fue reemplazar las deudas directamente relacionadas con los bancos reemplazándolos por títulos públicos, proceso llamado titularización. Las deudas bancarias de los países se reemplazaron por bonos que cotizaban en las bolsas, de esta manera se retiró todo riesgo a los bancos y los bonos pasaron a ser colocados en los ahorristas externos. De esta manera, se necesitaban “buenas noticias” semanales para que se mantuviera la cotización en los mercados bursátiles. Y esas “buenas noticias” estaban orientadas hacia el desmantelamiento de los Estados y la desregulación de la economía y la apertura a los capitales externos.


Las calificadoras de riesgo comenzaron a tener una mayor injerencia y poder que los propios gobiernos.


Con la titularización se retiraron los préstamos bancarios pendientes de cada país y el deudor realizaba pagos periódicos a un agente fiduciario para su distribución a los tenedores de bonos, cuyos nombres eran ajenos al conocimiento de las autoridades de cada país. Así, el deudor no conocía quién era su acreedor y sólo debía tratar con su agente fiduciario. Se estima que una parte de la evasión impositiva producida por la fuga de capitales era reciclada por los mismos evasores para cuestionar y presionar al Estado evadido.


La titularización alejó todo peligro de reprogramación de las deudas de los países sometidos al sistema deuda.


Los bonos Brady vinieron a realizar un canje de aquellas deudas. En nuestro país, como hemos dicho más arriba se tenía la certeza de haber duplicado y/o triplicado aquellos títulos y el canje vino a encubrir dicho procedimiento, ya que los bancos acreedores fueron los encargados de realizar el canje de títulos.


Los bonos Brady se emitieron con descuento sobre el capital o los intereses de los préstamos. Había en principio dos tipos de obligaciones a elección de los acreedores, los bonos a la par y bonos con descuento. Los bonos a la par se emitían por un importe principal igual al valor nominal de los bonos canjeados, pero llevaban un interés fijo. Los bonos con descuento llevaban un interés flotante y se emitían con un descuento sobre el principal.


Los bonos así emitidos tenían como garantía bonos del tesoro de EE.UU. de cupón cero que se ajustaban a los vencimientos del deudor. Esa garantía era comprada por un préstamo adicional.


Como en el B.C.R.A no se llevaban los contratos por la deuda pública sino que eran llevados por los Bancos Agentes contratados siguiendo los acuerdos firmados con la banca acreedora. La administración de la deuda instrumentada estuvo a cargo del B.C.R.A. hasta principios de 1988, año en que pasó a estar a cargo del Chase Manhattan Bank. Luego volvió al B.C.R.A. para la conciliación de deudas en el plan financiero de 1992 se contrató al J.P. Morgan, Nueva York.


Y se estipula que en caso de discrepancias entre los registros del deudor y los acreedores se dará preeminencia a los registros del acreedor. Así la deuda conciliada es la deuda que los acreedores nos han dicho que le debíamos.


Puede leerse en “Organización del Sistema de Crédito Público” publicado en 1996, por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos: “El B.C.R.A. en su carácter de Agente Financiero del Estado, llevaba registros estadísticos no contables y no integrados entre sí, de la evolución de la deuda. Los Organismos Descentralizados y Empresas del Estado, dentro del marco señalado y sin normativas a nivel ley sobre la materia, implementaban sus propios registros, que en la mayoría de los casos no pasaban de ser anotaciones simples, asistemáticos, incapaces de brindar información adecuada y sin valor contable.


El otorgamiento de avales por parte del estado nacional, tanto a empresas públicas como privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado, ni registración sistémica que permitiera brindar información oportuna para seguimiento y gestión.


El Ministerio de Economía a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir “avisos de vencimientos” o reclamos de los acreedores, y proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes pudiera verificarse la exactitud de la cifra demandada.


Las limitaciones mencionadas precedentemente impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, perfil de los vencimientos, tasa de interés comprometidas, etc.


La carencia de registros de la deuda pública en el Ministerio de Economía alteró la secuencia lógica del proceso contable. En sostén de lo mencionado se debe señalar que el Gobierno Nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el Plan Brady, auditados y conciliados a través de una consultora privada.


A confesión de parte... El hambre argentino tiene nombre y apellido.


En el contrato por el Plan Brady puede leerse: “La República Argentina se somete irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva de cualquier tribunal, federal o estadual, de Nueva York, con sede en la ciudad de Nueva York, del Tribunal Superior de Justicia en Londres, de cualquier Tribunal de Distrito de Frankfurt y cualquier tribunal de apelaciones de cualquiera de los mismos, en todo juicio, acción o proceso legal que surja de títulos, de los Acuerdos de garantías, y de todo otro acuerdo celebrado con respecto a la emisión de los precedentes títulos.


La República Argentina deberá renunciar irrevocablemente a la defensa del foro inconveniente para la tramitación de todo juicio, acción o procedimiento.


La República Argentina acordará que la sentencia definitiva de cualquier juicio, acción o procedimiento legal será concluyente y podrá ser aplicada en otras jurisdicciones por juicio sobre la sentencia.


En la medida en que la República Argentina tiene, o pueda tener de ahora en más adquirir inmunidad alguna soberana o de otro tipo, de la jurisdicción de algún tribunal o de algún procedimiento judicial con respecto a la misma, por la presente la Argentina renuncia en forma irrevocable a dicha inmunidad con respecto a sus obligaciones en virtud de los títulos y de acuerdos de garantía”.


Lo increíble es que los responsables del Ministerio Público acordaran que este tipo de cláusulas guardaban algún viso de legalidad. Puede leerse en los documentos aportados en el juicio, borradores redactados en inglés del dictamen a emitir por los responsables legales del país.


En pocas palabras, los abogados de los acreedores redactaron el dictamen de los funcionarios responsables del control de legalidad en el país. Realizada la denuncia, la misma no prosperó por la dilación de la mal llamada Justicia.


EL BLINDAJE Y EL MEGACANJE


Para sostener la convertibilidad y luego de rifar todo el patrimonio del estado se debió recurrir al endeudamiento externo, política que fue continuada a partir del cambio presidencial en 1999. La necesidad de dólares era creciente, debido a la refinanciación semanal de las obligaciones


En ese contexto, el presidente De La Rúa de la mano de su Ministro de Economía y anterior Presidente del BCRA en la época de la estatización final de la deuda externa privada, José Luis Machinea, acuña el término blindaje para la operación financiera realizada en enero de 2001. La operación anunciada alcanzaba a los 40.000 millones de dólares, de los cuales 13.700 millones de dólares serían aportados por el Fondo Monetario Internacional y el resto por distintos organismos y entidades financieras.


El entonces ministro anunció a la prensa: “hemos eliminado la incertidumbre que había respecto al caso argentino”.


La operación estaba destinada, supuestamente, a transmitir seguridad de cobro a los acreedores y, entre los compromisos asumidos, el gobierno se comprometió a recortar las jubilaciones futuras y a desregular las obras sociales, mediante decretos de necesidad y urgencia.


La situación era agraviante y agobiante, ya que el 20% del Presupuesto Nacional estaba destinado al pago parcial de los intereses externos.


La promesa del FMI era que cancelado las obligaciones externas, Argentina volvería a crecer debido a la lluvia de inversiones que vendrían al país.


En realidad era un mero pasamanos, el país tomaba el crédito y recibidos los dólares los giraba a los acreedores, a cambio se comprometía a:


-Eliminar la Prestación Básica Universal Jubilatoria y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.


-Reducir el Gasto Público, hasta alcanzar el déficit cero (llegó a sancionarse una ley con ese nombre), con un ajuste del 1,5% del PBI, basados en los giros a las provincias, la reducción de las jubilaciones y salarios del sector público.

-Reestructurar el ANSES y el PAMI, conjuntamente con la regulación de las obras sociales.


-Congelamiento del Gasto Primario Público de la Administración Central y las provincias.


Todo este paquete auditado por el FMI, mediante visitas periódicas de sus funcionarios.


Por la gestión crediticia, el FMI se constituía en no solo el objetor sino que se apoderaba de las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Parlamento. La emisión de los decretos de necesidad y urgencia así lo consolidaba.


Para “solucionar” los problemas argentinos se decidió realizar otra nueva operación, por la cual se designó Ministro de Economía nuevamente a Domingo Cavallo, gestor en su momento del Plan Brady, se canjearon 46 tipos de bonos de deuda soberana por otros 5 con vencimiento hasta el año 2031 (estos bonos serán los adquiridos por los fondos buitres después de declarado el default).


El Plan Brady estipulaba un horizonte de obligaciones de imposible cumplimiento para el período 2000/2004. D. Mulford, director del Credit Suisse First Boston, que había participado en el Plan Brady, al frente de un conjunto de Bancos, entre los que se contaban Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Central Hispano, BBVA Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC, J.P. Morgan y Salomon Smith Barney, ofrecieron un canje de bonos.


La oferta fue aprobada por el decreto 648/2001 sin intervención del Congreso Nacional.


Para ello, utilizó la habilitación del artículo 65 de la ley 24.156, consignándose además el artículo 5 de la ley 25.401, por el cual el Honorable Congreso de la Nación autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público.


La supuesta habilitación del artículo 65 de la ley 24.156 fue irrazonable y arbitraria, porque no se mejoraron montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales. Tampoco se solicitó opinión al B.C.R.A. sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, exigida por el artículo 61 de la ley 24.156.


La Auditoría General de la Nación mediante la Resolución 14/02 dictaminó que no se cumplieron los requisitos legales.


Se canjearon títulos en dólares y en pesos, pero no los emitidos en otras monedas, los que ingresaron a] default del año 2001.


El anunciado objetivo era con el consentimiento de los acreedores postergar al mayor plazo posible los vencimientos ofreciendo tasas de interés exorbitantes para todo tiempo y lugar.


Pero la deuda impagable se refinanciará una y otra vez, hasta quedar un porcentaje en manos de los fondos buitres.


Así, la deuda creció en forma exponencial, calculándose que por estas operaciones ascendió en 55.000 millones de dólares, mientras se abonaron comisiones a los bancos intervinientes por más de 150 millones de dólares.


Las investigaciones judiciales están aún pendientes de resolución en un juicio oral que no tiene fecha cierta de concreción.


LA FUGA DE LOS CAPITALES COMO CONTRACARA DE LA DEUDA


Específicamente en nuestro país, la fuga de capitales está directamente relacionada con el aumento de la deuda externa argentina. Una ha retroalimentado a la otra. Y entre las dos han vaciado de recursos a la nación. Siguiendo el método de stocks, el comportamiento de los activos externos totales de la economía argentina y la evolución de la deuda externa es la siguiente: en 1974 la deuda externa ascendía a 7.600 millones de dólares, mientras que el stock de capital fugado se calculaba en 3.800 millones (50% del total de la deuda). A partir de marzo de 1976, la deuda ha de crecer descomunalmente producto del accionar fraudulento e ilegal de las autoridades que usurparon el poder, de un grupo seleccionado de empresas, de los bancos y de los organismos internacionales, que al menos omitieron denunciar este comportamiento delictuoso. E igual comportamiento ha de tener la fuga de capitales: en 1982 las cifras son de 44.000 millones de deuda externa y 34.000 millones de activos externos (la relación es del 77%). A la culminación del gobierno del Dr. Alfonsín, la deuda ascendía a 65.000 millones y los capitales externos eran de 53.000 millones (una relación del 81%). En diciembre de 2001, al momento de producirse la peor crisis económica argentina, la deuda trepaba a 140.000 millones de dólares y a 138.000 los activos externos detectados. Prácticamente la relación era que por cada dólar de deuda correspondía un dólar de activo fugado de la República.


Es decir, que durante el período mencionado, la deuda creció desde 7.600 millones de dólares hasta los 140.000 millones de dólares a razón de 18,4 veces su valor, mientras que los activos externos detectados crecieron desde los 3.800 millones de dólares al inicio del período comentado hasta los 138.000 millones de dólares, a razón de 36,3 veces. Y de una relación del 50°o entre activos/deuda, en 1974 llegamos en 2001 a una relación de casi el 10090. Luego de la reestructuración parcial de la deuda en 2005, la relación sufre un cambio. En el año 2006 se estiman los activos externos en 176.000 millones contra 165.000 millones de dólares de deuda externa (incluyendo holdouts), mientras que entre 2007 y julio de 2009 se habrían fugado 43.000 millones más, ascendiendo los activos externos a 219.000 millones de dólares contra una deuda externa reestructurada estimada en 180.000 millones de dólares, dependiendo esta última cifra de las negociaciones en curso.


Durante los años anteriores al default, Argentina, como ya se ha dicho, estaba obligada semanalmente a emitir nuevos títulos que venían a cancelar al vencimiento de otros. En cada renovación, la tasa de interés aumentaba abruptamente, debido al riesgo país, tablita que elaboran los agentes financieros internacionales para medir la posibilidad de cumplimiento distintos tomadores de fondos.


En aquel año, el riesgo país aumentó más de 4.000 puntos, estando nuestra Nación a la cabeza de los países con más probabilidades de incumplimiento de sus obligaciones contraídas.

Con el riesgo país subía la tasa de interés. Mientras ello ocurría, los bancos fueron retirando sus capitales especulativos de Argentina, obligando a sus clientes a cancelar préstamos, descubiertos y tarjetas de crédito, agravando la crisis económica.


Para permitir la gran fuga de capitales se implementó un nuevo ardid contable, se permitió el reemplazo de las reservas monetarias de la entidades financieras que debían ser en efectivo por títulos o bonos de deuda externa. Para agilizar este proceso de fuga se permitió a los bancos cotizar esos títulos y bonos a su valor técnico, muy superior a su valor de mercado, para los cuales la única realidad la dictan cada mañana los mercados y ahora se aferraban al estricto valor nominal en sus contabilidades. De esta forma, se liberó el efectivo para su inmediata salida del país y los bancos se convirtieron nuevamente en acreedores fundamentales del Estado argentino.

Echarle la culpa del corralito al retiro masivo de depositantes y que el mismo era inevitable por la abultada deuda impaga del Gobierno, no es más que una nueva burla a la sociedad argentina.

La fuga de capitales y el retiro casi total de los depositantes mayores mayores a 500.000 dólares, en el período febrero a octubre de 2001, demuestra que algunos estaban avisados de los que estaba por ocurrir.


Un rápido muestreo sobre las principales empresas que legalmente retiraron sus fondos y los transfirieron al exterior, nos arroja casi los mismos nombres de cada uno de los hechos aquí relatados: Pecom Energía SA, Telefónica de Argentina SA, YPF SA, Telecom Argentina STET, Nidera SA, Shell, Telefónica Comunicaciones Personales SA, Esso Petrolera Argentina SA, Bunge, Molinos Río de la Plata, IBM Argentina SA, Massalin Particulares SA, EG3 SA, SA Louis Dreyfus Cía Ltda, Ford Argentina SA, Renault Argentina SA, Telecom Personal SA., Movicom, Cargill SACI, Pecom Agro SA, Volkswagen Arg. SA, Edesur SA, Coca Cola FEMSA de Bs. As., Central Puerto SA, Cervecería y Maltería Quilmes, Disco SA, Transportadora Gas del Sur SA, Multicanal SA, Cablevisión SA, Mercedes Benz Arg. SA, Aguas Argentinas SA, Vicentin, Procter & Gamble, Aceitera Gral Deheza, PBB Polisur SA, Metrogas SA, Telefónica Data, Supermercados Norte SA, Sade Skanska SA, Pluspetrol SA, Acindar, Aeropuertos Argentina 2000, Unilever de Arg. SA, Loma Negra, Fiat, Arcor, Ledesma SA, Siemens Itron Business Service.


En total se transfirieron al exterior 29.913 millones de dólares, de los cuales 26.128 millones correspondieron a 7.015 empresas y 3.785 millones de dólares pertenecientes a 27.828 personas físicas. Operaciones que se realizaron a través de 87 entidades financieras que operaban en el país.


Podemos decir que la convertibilidad y la sobrevaluación del peso, la trampa de un sistema financiero sin prestamista de última instancia, la extranjerización y privatización de la banca por el mito de la solidez de la banca extranjera, las políticas de ajuste y recesión, los negocios financieros, fueron una constante de aquellos gobiernos nacionales.


El parlamento nunca investigó la fraudulenta deuda externa, y si bien investigó la fuga de capitales del año 2001, no llevó a los estrados judiciales a los responsables, avaló todas y cada una de estas políticas y votó una engañosa ley de intangibilidad de los depósitos mientras los banqueros estaban en pleno vaciamiento.


Un punto que no podemos pasar por alto es la sanción del decreto 1570/01, epílogo del retiro de depósitos bancarios, y que instituyó el denominado “corralito”.


La Comisión Investigadora de Entidades Financieras que actuó en el ámbito del Senado de la Nación, analizó el dictamen de la Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Dra. Ester Fanti; el decreto 1570/01 del 1 de diciembre de 2001 y otras piezas procesales.


El ex Secretario legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Dr Eduardo Ratti, declaró: “En lo que a los antecedentes, estudios y dictámenes económicos, financieros y estadísticos se refiere, debo informarle que en ninguna de las áreas de este ministerio con competencia obra documentación en tal sentido vinculada con el dictamen del mencionado decreto”.


En pocas palabras, el Ministerio que tenía la obligación de estudiar la medida a tomar (“corralito”) no participó en la elaboración del decreto que lo impuso.


La Dra Fanti dijo a la Comisión Investigadora que “en el momento que yo dictamino no había confeccionado expediente alguno y no recuerdo si éste tenía estudios técnicos”, es decir, que en su dictamen invocó dependencias que al momento de emitir su opinión no habían participado, como lo exige la ley, emitiendo sus informes previos.


La exigencia del Fondo Monetario Internacional de derogar la ley de subversión económica, que hubiera permitido un enjuiciamiento a los responsables de estas maniobras, demuestran una vez más su participación necesaria en este planificado saqueo.


La posterior pesificación asimétrica con compensación a los bancos por un monto cercano a los quince mil millones de dólares como un punto no negociable dentro del paquete de medidas solicitadas por el FMI para todo posterior acuerdo, demuestran hasta qué punto el organismo internacional se había involucrado en la concreción del plan.


En esta lista se repiten las razones sociales de varias empresas beneficiadas con la pesificación asimétrica y que durante el año anterior a la crisis del 2001 se beneficiaron con la laxa legislación que permitía las remesas de fondos irrestricta al exterior. Así, Pecom Energía SA encabeza ambas listas con salidas al exterior por 1.890 millones de dólares y con la pesificación de sus deudas por 317 millones de dólares; YPF transfirió 963 millones de dólares y se benefició con la pesificación de 243 millones de dólares, Loma Negra transfirió 72 millones de dólares y pescó 222 millones de dólares, Telecom Personal transfirió 171 millones de dólares y pescó 225 millones de dólares, solo para mencionar algunos ejemplos.


Con los beneficios otorgados a estos 100 principales deudores del sistema financiero argentino, se podría dar de comer durante años a los 9 millones de indigentes o lo que es mejor, corregir las condiciones socioeconómicas para que estos argentinos recuperen su dignidad mediante un trabajo efectivo, una vivienda digna, educación y salud para todos.


La compensación por la asimetría de la pesificación reclamada y obtenida por los bancos proviene principalmente por las deudas arriba mencionadas, que aprobadas por imposiciones externas por el Congreso de la Nación suman una nueva pérdida al Estado Nacional y a toda la sociedad, a favor de los bancos y los accionistas de las empresas mencionadas. Que nos han costado ya más de 15.000.000.000 millones de dólares, a través de los mecanismos de compensación (Boden 12 - Boden 13, etc).


En definitiva, debimos pagarles a los bancos y hacernos cargo de las deudas de los principales fugadores de fondos, para mantener el amenazado sistema democrático y la integridad de nuestro territorio.


No por ideología se roba un país. No siempre por ideología se destruye una sociedad. Pero con una laxa legislación basada en una supuesta libertad de mercado se mata directa o indirectamente a un pueblo.


Entonces, al desarrollo depredador de la deuda corresponde como la sombra al cuerpo, el vaciamiento sistemático de los recursos de la nación a través de la fuga de capitales, ambos comportamientos de características delictivas y fraudulentas, no podrían llevarse a cabo sin la participación activa y/o por omisión de los poderes del Estado, del sistema financiero local e internacional, de un grupo específico de empresas y de los organismos de control internacionales.


Nos encontramos sometidos a una doble exacción y se nos impone un feudalismo económico bajo la apariencia de un sistema legal basado en el principio de pacta sunt servanda, por el cual los contratos deben cumplirse. Ante este principio, nosotros dentro de la concepción clásica, adherimos al criterio de un principio superior, la conocida afirmación de Ulpiano: “los preceptos del derecho son éstos: vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo”. Lo cual obliga a reparar el daño y, en nuestro caso, la República Argentina estaría en condiciones de reclamar las compensaciones por la devastación a la que fue sometida a partir de la implantación de este sistema de usura y vaciamiento.


En nuestra memoria colectiva guardamos el recuerdo de cada vez que el Fondo aplaudió las medidas económicas, cada ajuste, cada resignación del poder decisorio nacional, desde la reforma jubilatoria hasta la relación entre la Nación y las provincias. Percibimos la tolerancia del Fondo con un sistema corrupto tanto político como administrativo y judicial, mientras le sea funcional a su plan de vaciamiento y saqueo.


Aún recordamos cuando el FMI utilizaba a la Argentina como el mejor ejemplo de lo que debe hacer un país en materia de reformas económicas, para luego asistir y contribuir a su derrumbe, endureciendo su postura, negando la “ayuda” en nombre de los carpinteros americanos, los mismos que contribuyen con sus impuestos a pagar las bolsas en que retornan a su país los cuerpos de sus soldados destinados en los más disímiles puntos de nuestro oprimido planeta.


En síntesis, en 1974 por cada dólar de deuda externa, había en el exterior 50 centavos de activos provenientes de la economía argentina. En 2009 por la mayormente fraudulenta e ilegítima deuda externa, tal como ha sido probado en la causa Nº 14.467 originada en la denuncia del patriota don Alejandro Olmos, existen en el exterior activos provenientes de la economía argentina a razón de 1,08 dólares por cada dólar de obligación contraída.

Resumiendo:


Los préstamos solicitados por el gobierno nacional al FMI, organismos internacionales y otras entidades financieras, han venido a refinanciar deudas cuyo origen es ilícito, conforme a la masa crítica de deuda generada durante la dictadura cívico militar.


Que los planes financieros presentados por la Argentina han sido elaborados por técnicos y abogados extranjeros.


Que la deuda Pública de la Nación fue administrada durante algunos años por los mismos bancos acreedores, liderados por el Citibank e integrado por el Bank Of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Credit Lyonnais, Credit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Midland Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canada, The Sanwa Bank, quienes establecieron los importes exactos de la deuda privada y la forma en que la misma sería pagada, todo ello con la anuencia del FMI, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.


Que se contrató también a una norma extranjera, Price Waterhouse and Cooper, para realizar la auditoría previa al Plan Brady en desmedro de los órganos del Estado.


Una elite de funcionarios que desde 1976 se han alternado en los distintos gobiernos de variopinta ideología, han observando una rigurosa fidelidad a las pautas económicas que se estructuran desde el exterior.


La historia se repite una y otra vez, sin que aprendamos la lección, ya lo decía Carlos Pellegrini. Los bancos no se roban de noche sino de día con pagarés y letras de cambio. De nada sirve que se hable de planes, proyectos y monumentales ideas de desarrollo si los lobos han de estar al cuidado de nuestro gallinero.


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