Un crimen organizado

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 4 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.



EL SISTEMA FINANCIERO


Una vez concebido el plan, era necesario dotarlo de instrumentos: el caos, la violencia política y la inflación desenfrenada desembocaron en el golpe militar, que dio marco institucional y aseguré la represión.


Pero para agotar y cambiar el modelo económico de sustitución de importaciones, vigente hasta ese entonces, por otro basado en la renta especulativa financiera sostenido por mayor endeudamiento y desprendimiento de capital nacional, era necesario cambiar el corazón del sistema.


Si Perón, en la década del 50 preguntaba cuándo alguien había visto un dólar, a fines de los 80 se consultaba su cotización en las guarderías infantiles.


Ese enorme cambio cultural llegó de la mano del gobierno militar y se profundizó durante 20 años de sistema democrático.


Admitamos que todo sistema económico halla su corazón en su sector bancario y financiero.


A través de la historia de los últimos quinientos años y en todos los pueblos civilizados de la Tierra, tomando a la Nación como un todo, tal como un enorme cuerpo humano, este sector, el financiero, se caracterizó por llevar la sangre de un órgano a otro, como verdaderas venas, que llevaba el ahorro de unos para transformarlo en inversión de otros, y así oxigenar y dar vida al cuerpo total de la Nación.


En Argentina, deliberadamente se cortaron esas venas.


Para el sector productivo, el crédito fue imposible de alcanzar, especialmente el de largo plazo, y si accedía a alguna forma de financiación, las tasas de interés usurarias que pagaba hacían inviable todo proyecto de largo alcance, salvo que los privilegios que otorgara la realización del proyecto fueran muy superiores a las tasas abonadas; con lo cual el costo se trasladaba a toda la sociedad al abonar significativos sobreprecios basados en el enorme costo financiero.


Para el Estado, el corte de venas ha sido una sangría por la cual se ha ido la renta nacional. La fuga de la riqueza, la absorción de pérdidas ajenas, el no cobro de los créditos propios, la falta de transparencia y la corrupción, la entronización del concepto según el cual se puede vivir siempre de prestado como idea fuerza de nuestra sociedad en los últimos 40 años a despecho de todo valor del trabajo humano, no son rasgos menores de esta sangría.


Pero no todos pierden. En estos 40 años hay un sector que siempre se anotó entre los ganadores. En las épocas de bonanza y en las épocas de crisis. Y siempre resultó victorioso porque es el corazón del modelo: el sistema financiero.


Este corazón en cada sístole y diástole succionaba las riquezas del país. Cada cambio en la política económica y financiera representó una pérdida de capital nacional y una ganancia para este sector.


Mencionemos solo algunos de estos latidos que nos roban la vida

En 1977, a través de la Ley 21.572, se realiza una reforma financiera que instaura la Cuenta de Regulación Monetaria. A través de ella, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) pagaba intereses sobre los fondos inmovilizados en las entidades bancarias como efectivo mínimo. Podemos definir en lenguaje sencillo al efectivo mínimo como la cantidad de moneda “mínima” que una entidad bancaria tiene la obligación de poseer en sus arcas para hacer frente a sus obligaciones cotidianas, es la demanda diaria de efectivo, destinando el excedente a sus otras operaciones y negocios.


Conjugado con las normas bancarias vigentes por esos momentos, se simulaba una negociación en el mercado libre de cambio, se fraguaba un depo´sito en pesos, cuyo efectivo mínimo rendía intereses pagados por el B.C.R.A. y cuyo excedente se reciclaba en un autopréstamo o se represtaba a otra entidad bancaria. De esta forma, se diluían los efectivos mínimos requeridos y se transformaban en moneda extranjera. Este mecanismo fue conocido como “bicicleta financiera”.


Decimos se fraguaban depósitos porque porque así lo señala la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en su informe sobre el accionar del Banco de la Nación Argentina por aquellos años, en donde dice: cabe concluir que en más de una ocasión circularon certificados de depósitos falsos, que muchos tomadores de fondos de la mesa de dinero del banco eran simple “puente”, ya que ese dinero era recibido por otras entidades que por una u otra razón, no podían operar con el Banco Nación, con lo que éstas eludían cómodamente la prohibición; que solían registrarse alteraciones de las tasas de interés en un mismo día; que no podían ser considerados los certificados entregados en custodia al Banco en todos los casos genuinos…


De esta manera dio comienzo la especulación financiera, la “bicicleta” que creaba artificialmente moneda, cuyos rindes iba a manos privadas, utilizando para ello a las propias instituciones del Estado.


Internacionalmente, a partir de 1979 y como consecuencia del “shock” petrolero, se hallaban disponibles grandes cantidades de fondos líquidos en el mundo, que si no eran invertidos podrían ocasionar serias perturbaciones en el sistema financiero internacional. La solución hallada fue la de instruir a los bancos comerciales internacionales para colocar ese excedente en préstamos a países que pudiera absorber esa colocación.


Es decir, y tal como lo señala Alejandro Olmos en su libro referido a la deuda externa y que explica su patriótica denuncia penal sobre la misma: “se produjo el fenómeno inverso en el mundo financiero; eran los bancos los que presionaban para colocar sus dólares y no los parses para recibirlos". De allí la enorme liberalidad con que manejaron esos mismos bancos la colocación de fondos, lo que hizo facil, para países como el nuestro, la toma de los fondos excedentes en el mercado mundial en préstamos.


EL FMI Y EL REGISTRO DE LA DEUDA

Un funcionario del Fondo Monetario Internacional, según declaraciones judiciales de los gerentes del Banco Central de la República Argentina, era el encargado de monitorear todo este proceso de absorción de deuda. Y sin embargo, preguntados los directivos del B.C.R.A. en el juzgado que investigó la deuda externa informaron que ellos no llevaban registros contables sobre la deuda, sólo estadísticas basadas en los informes de los propios deudores.


Para absorber esta masa de créditos, se obligó a las empresas del Estado a contraer empréstitos con el exterior. En algún caso, como el de Agua y Energía, se tomó deuda externa para cancelar un préstamo en moneda local de un consorcio de bancos, en otros, tal el caso de Y.P.F. se constataron més de 400 irregularidades en sus operaciones de crédito externo, según surge de las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado interviniente en la causa “Olmos, Alejandro su Denuncia” que investigó judicialmente la deuda externa en el período 1976/1983.

De esta forma, se incorporó el grueso de la masa crítica de deuda que era necesario crearse para dominar a la Nación (los 25.000 millones que mencionamos en capítulos anteriores).

Paralelamente, se vaciaba esa misma masa de dinero a través de falsos préstamos, falsos depósitos, generosos créditos otorgados por el B.C.R.A. y la simulación de negociaciones en divisas, iniciando de esta manera la fuga de capitales.


Disfraz utilizado criminalmente bajo el ropaje del “comportamiento del mercado”, como si e! mercado, en este caso, no fuera la conducta dolosa y fraudulenta de entidades y personas específicas y determinadas.


La esencia de la estafa consistió en simular esta maniobra como una permutación de activos, correspondiendo del endeudamiento externo un crédito interno.


LA BICICLETA FINANCIERA PEDALEANDO HACIA EL VACIAMIENTO


El precio vil al cual cotizaba el dólar bajo el plan de pautas, comúnmente llamado “la tablita de Martínez de Hoz”, permitía que la adquisición de dólares que contraía con el exterior el Banco Central fueran lanzados al mercado, a precio vil como se dijo, como préstamos al sistema financiero.


Esto permitió a los operadores hacerse de los dólares constituyendo una deuda en pesos, es decir, un activo en dólares y un pasivo en pesos. La posterior refinanciación de los pasivos en la época de Lorenzo Sigaut como Ministro de Economía y Julio Gómez como presidente del B.C.R.A. y la licuación de los pasivos en pesos en el siguiente periodo de Dagnino Pastore y Domingo Cavallo, a consecuencia del vaciamiento de divisas al que fue sometido el Banco Central, permitió una vez producida la revalorización del dólar frente al peso, cancelar con una cifra insignificante de dólares la anterior adquisición de los mismos. Quedando en los bolsillos de los otrora deudores del sistema financiero los dólares remanentes y en la contabilidad del B.C.R.A. la deuda acumulada por las diferencias contraídas por las distintas cotizaciones de la moneda extranjera.


Las ganancias espurias así obtenidas se reciclaron en operaciones de pase con seguro de cambio, transformando así una deuda falsa privada en una deuda pública exigible. De esta manera se vació de reservas al Banco Central dejándole en contrapartida créditos en pesos. Créditos que se refinanciaron y luego se licuaron al devaluarse la moneda.

A continuación se detalla de manera aproximada los beneficios otorgados a los principales grupos económicos que operaban en la economía argentina. Podrá observarse que las principales y más importantes empresas figuran en el listado respectivo.


Dos consideraciones adicionales, los principales bancos del país, responsables de variadas maniobras financieras figuran en los principales lugares de los beneficiarios, de manera que mientras por un lado maniobraban contra el erario público y facilitaban la fuga de capitales, como contrapartida se beneficiaban por los seguros de cambio.


La otra consideración es que muchas de las empresas que figuran en el listado ya no existen como tales o se fusionaron o el paquete accionario cambió de manos.

Dice el fallo por el juicio de la deuda:


Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando los costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación de seguros de cambio”.


Conjuntamente a este proceder, comenzó una corrida bancaria al comenzar a caer numerosas entidades que operaban en el mercado local, lo que permitió al Banco Central encuadrarse dentro de las excepciones previstas en el artículo 17 de su Carta Orgánica. y así otorgar créditos sin garantías a entidades financieras en dificultades.


Para completar el esquema, el Banco Central garantizó los depósitos, de tal manera que al caer las entidades el Estado absorbió las pérdidas; y, además, al permitirse que cada entidad adoptara la forma más conveniente para asegurar el cobro de sus carteras de crédito, en la práctica éstas resultaron incobrables para el B.C.R.A., agudizando así las pérdidas, por doble vía, al hacerse cargo de los depósitos y no poder compensarlo con el cobro de los créditos otorgados por las entidades fallidas.


El descalabro fiscal de los últimos años tiene su origen en tres rubros importantes: los intereses del endeudamiento del gobierno, el costo de la liquidación de las entidades financieras y la baja en la recaudación de impuestos provocada por la recesión y la insolvencia generalizada de los sectores productivos privados ”; quien así habla es Domingo Cavallo, defendiendo su actuación frente al Banco Central de la República Argentina en 1982.


Y agregaba: “El liberalismo de la city deja la impresión de tener una predisposición natural a considerar que es ortodoxo y serio lo que conviene a los intereses metropolitanos y a la banca internacional, como que es heterodoxo y poco serio el planteo del empresariado nacional, de los productores de economías regionales y de los trabajadores”.


La patria financiera definida en 1982 por su principal paradigma en la década de los 90...


LA BICICLETA FINANCIERA EN LOS ALBORES DE LA DEMOCRACIA


Habíamos mencionado que durante el ministerio de Martínez de Hoz se había creado la Cuenta de Regulación Monetaria, el mecanismo siguió gozando de buena salud durante el advenimiento de la democracia, sólo en 1984 se pagaron 3.000 millones de dólares por este concepto, dinero que se abonó a los bancos y generó un déficit cuasifiscal que pagamos todos con impuestos, Inflación y con la bastardización y caída de nuestros ingresos.


Durante la vigencia del plan austral se cambió el nombre a la Cuenta de Regulación Monetaria por la de Depósitos Indisponibles Remunerados por el B.C.R.A. Cambiamos el nombre del collar pero no cambiamos de collar ni dejamos de estar sujetos a él.


Al generarse alta inflación, los depósitos indisponibles tomaron mayor relevancia, ya que las tasas de interés pagadas por ellos eran superiores a la tasa de inflación, absorbiendo todos los recursos financieros disponibles y expulsando al sector productivo del mercado de créditos y generando una enorme transferencia de recursos hacia el sector financiero, soportado por toda la sociedad.


La creciente necesidad de fondos del Estado produjo un “festival de bonos”, de allí a la hiperinflación y a la salida anticipada en 6 meses del gobierno del Dr. Alfonsín, y la precipitada asunción del Dr. Menem, que ganó las elecciones de 1989 con un discurso de corte nacional y popular, a poco de asumir y tratando de explicar su cambio ideológico y político, dijo: “porque gané, cambié”; “si decía lo que iba hacer, nadie me hubiera votado”.


Luego de un nuevo y rápido proceso hiperinflacionario, por el cual la población se vio impulsada a repudiar la moneda local, volcándose masivamente hacia el dólar y conjuntamente con la implementación de un Plan Bonex que confiscó el capital de los ahorristas, estaban dadas las condiciones para cambiar drásticamente la política monetaria y erigir a la convertibilidad en el pilar de todo el andamiaje político, económico y social.


Otra vez el corazón financiero latía con fuerza y se preparaba para dar el gran salto para la toma del poder.


Como ya hemos dicho, la convertibilidad fue precedida de un largo proceso inflacionario que destruyó la moneda, que culminó en dos hiperinflaciones. acompañada de una creciente cultura del dólar, moneda en la cual se atesoraban los ahorros y se realizaban las principales transacciones económicas.


Poco antes de implementarse, había dado comienzo la Reforma del Estado, las privatizaciones y concesiones, que mediante la Ley 23.696 concentró en manos privadas los negocios públicos.


Esas privatizaciones y concesiones se habrían de pagar mediante los mismos títulos de la deuda fraudulenta que se había creado ex profeso.


Con la ley del Congreso Nacional que fijó el valor de un peso igual a un dólar, apoyado en la creación de una nueva Caja de Conversión, instrumento monetario utilizado varias veces a lo largo de la historia económica argentina, y cuya experiencia siempre concluyó dramáticamente, Argentina vivió una década de estabilidad de precios, a costa de perder miles de empresas y millones de puestos de trabajo.


Con la nueva paridad aumentó el valor del Producto Bruto Interno medido en dólares, y de un solo golpe, el peso de la deuda disminuyó. En efecto, mientras nominalmente la deuda aumentaba, su incidencia sobre el PIB disminuía del 99% en 1989 al 40% en 1992, y el costo de los intereses medidos en moneda local disminuyeron del 8% al 12%.


Artilugios contables y prestidigitación monetaria para mostrar “enormes resultados” (que entusiasmaban a los expertos y al público en general) en donde no los había; y el tan mentado cambio estructural se daba en una sola dirección: en la concentración del poder económico en unos pocos beneficiarios.


EL FLUJO DE. EFECTIVO DE LOS BANCOS


El siguiente cuadro muestra cuál fue el verdadero flujo de fondos relacionados con la deuda externa durante el período iniciado el 31 de diciembre de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1988, es decir, desde el retorno de la democracia hasta el fin de los programas de estabilidad del gobierno de Alfonsín, mientras se proclamaba la formación del tercer movimiento histórico, la población se entusiasmaba por la implementación del Plan Austral. Los números no dejan de ser elocuentes de quienes fueron los verdaderos beneficiarios durante ese período:

Como queda a la vista, fueron los bancos comerciales los grandes beneficiarios durante este periodo, puede decirse que los propios bancos y los organismos multilaterales financiaron el pago de esa enorme masa de intereses. Mientras aumentaba la deuda, el pago de intereses drenaba esos fondos y la Argentina se encaminaba hacia la hiperinflación y los saqueos.


El presidente Alfonsín se vio obligado por las presiones de los bancos acreedores a refinanciar la deuda en 1985, mediante dos decretos suscriptos por él, el Ministro de Economía Juan V. Sourrouille y el Secretario de Hacienda Mario Brodherson. En ellos se puede leer que se aprueban los modelos de contratos de lo que luego se llamó Acuerdo de Nueva York de 1985. En la documentación que obra en el expediente del juzgado encontramos que los documentos modelos están en blanco sin especificar nombre, domicilio, carácter jurídico, causa y monto de la deuda reclamada por el acreedor y los equivalentes a los deudores, en este caso, el propio Estado y el conjunto de empresas que giraban bajo su órbita.


No se especifican montos, causas, orígenes de las supuestas deudas refinanciadas; se ignora por ende, cuál es el instrumento de crédito deuda sobre el cual se realizó la novación de deuda.


Sólo se acompaña un listado simple con los nombres de los supuestos acreedores y un listado de los supuestos deudores.


De esa renegociación, la Argentina comenzó a emitir su deuda mediante la instrumentación de bonos.


Posteriormente, existió una denuncia por duplicación de esos bonos y en declaraciones ante el Juzgado, los responsables de la oficina de deuda pública alegaron su desconocimiento. y señalaron que era el Comité de Bancos acreedores, quienes llevaban actualizados los registros.


En declaraciones públicas, el negociador de la deuda por parte de nuestro país, Daniel Marx, declaró que no le quedaban dudas que algunos bonos se habían duplicado y/o triplicado, pero no lo podía probar al ser destruidas las pruebas mediante el canje de esos bonos por lo que se denominó Plan Brady de 1992.


En este marco, Argentina ingresó al Plan Brady que consistía en una ingeniería financiera que canjeaba los títulos de los países endeudados por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, comprados por los países deudores con nuevos préstamos de las agencias internacionales.


De esta manera, los bancos suprimieron de sus registros contables sus acreencias contra las naciones endeudadas, sustituyéndolas por bonos de los EE.UU., lo que mejoró su situación patrimonial y alejó todo riesgo de no pago de cualquier país endeudado.


El problema de la deuda está resuelto”, señaló por aquel entonces el Ministro Cavallo; debió agregar: para los bancos…


Los bonos comenzaron a cotizar en los mercados y en las miles de transacciones se ha perdido la posibilidad de saber quién es y quién ha sido el verdadero dueño de esos títulos.


Como bien lo señala Jorge Schvarzer, fue un cambio histórico: la deuda latinoamericana emitida en bonos pasó de 18.000 millones de dólares en 1986 a 125.000 millones de dólares a comienzos de los años noventa; los préstamos bancarios, en cambio, cayeron de 97.000 millones a 30.000 millones en el mismo período. En 1996, la deuda argentina estaba compuesta por un 60% en bonos, y sólo el 3% en préstamos bancarios; el resto eran compromisos con organismos internacionales, préstamos oficiales de otros países y deudas comerciales.


Preservados los bancos de cualquier default y abierta una nueva fuente de negocios con los títulos de la deuda (securitización), los mercados financieros presionan permanentemente en pos de reformas estructurales que les garanticen y mejoren el rendimiento de sus inversiones y de las comisiones que se cobraban por cada nueva colocación de deuda.


Luiz Bresser Pereira, ex Ministro de Economía del Brasil, señalaba que: “la deuda ofrecía oportunidades de especulación y beneficio, y que era una forma de captar a las élites del país deudor, haciendo sus intereses comunes con los de los mayores bancos acreedores”.


De esta manera, la deuda no sólo tiene costos tangibles (los pagos) sino intangibles, en el disciplinar a las naciones comprometidas a los designios de los agentes financieros.


Las emisiones de bonos fueron hechas por montos relativamente pequeños y servían para renovar otros a su vencimiento. Cada nueva emisión, en algunos casos semanales, requería del beneplácito de los mercados para su colocación, y cada vez era mayor el interés que pagaba la Nación para la renovación de su deuda.


Para dar mayor estabilidad al sistema, el Banco Central autorizó la compra por parte de entidades bancarias extranjeras de los bancos locales; pretendía de esta manera que, en caso de ser necesario, las casas matrices extranjeras salieran en defensa de sus bancos en el país, basados en las enormes ganancias en dólares que obtuvieron estas entidades en el mercado local al tomar préstamos del exterior a tasas internacionales para represtarlas localmente con una ganancia de hasta 45 veces.


LA REFORMA DEL BANCO CENTRAL


La nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina significó profundos cambios en la política económica llevada hasta ese momento. Quizás el cambio más notorio fue la desaparición de la orientación macroeconómica del crédito por parte de las autoridades nacionales.


Desde su creación en 1935 el Banco Central (producto del Pacto Roca Runciman), de alguna u otra forma, ya sea a través de la centralización de los depósitos o sistemas de libertad de captación, siempre existieron normas que orientaban o favorecían el crédito a ciertos sectores.


Con el nuevo sistema de desregulación total, cada banco eligió a quién y cómo prestarle, y éstos concentraron sus préstamos en un puñado de empresas de importantes activos físicos, solventes y de bajo riesgo, requisito que alejó a las pymes de los mercados oficiales de crédito, aún aquellas con proyectos viables, lanzándolas a los mercados no oficiales, comúnmente llamados mesas de dinero, de elevadas tasas (usurarias en dólares), alimentadas éstas por fondos provenientes de las mismas entidades bancarias.


En esos casi treinta años posteriores a 1976, cada caída de una entidad bancaria produjo un escándalo, con un comportamiento general repetido una y otra vez por sus titulares: los autopréstamos de los fondos bancarios a sus empresas o a empresas vinculadas, con exiguas, fraguadas y nulas garantías, licuando y vaciando cada entidad, claro que después de requerir subsidios (redescuentos) al B.C.R.A., redescuentos que no eran cancelados y que pasaban a engrosar los pasivos de las entidades, que conjuntamente con sus ahorristas veían esfumarse sus capitales.


Han sido moneda corriente los préstamos del B.C.R.A. a entidades para que éstas, a su vez adquirieran a otras en mayores dificultades financieras. Al poco tiempo, la entidad tomadora del redescuento también caía, tal como ocurrió con el Banco Mayo que había adquirido unos pocos meses antes al Banco Patricios. Los supuestos sólidos bancos eran arrastrados por las entidades insolventes. El fisco y los ahorristas perjudicados se contaron por miles.


El lavado de dinero ha sido una de las áreas más oscuras del sistema financiero, especialmente durante la convertibilidad, algunos casos han salido a la luz como el B.B.C.l., propiedad de un magnate árabe que involucró entre otros a un ex presidente del Banco Central y a notorios pronosticadores meteorológicos de la economía, que guardaron silencio por un tiempo para volver a ser consultados por radio, televisión y periódicos ante cualquier cambio de clima.


La misma claque profesional financiera se recicla en la impunidad y la ignorancia.


Como los directores del Banco Central de la República Argentina del proceso, los “académicos del hambre” no guardan registro de sus “errores”.


LAS INCONSISTENCIAS TÉCNICAS EN LOS BALANCES DEL BANCO CENTRAL ENTRE 1980 Y 1989


Por decreto 1901/90 publicado en el Boletín Oficial el 25/09/90, se creó en la órbita del Ministerio de Educación y Justicia (no en el Ministerio de Economía, como hubiera sido lo correcto), una Comisión Investigadora para evaluar las pérdidas ocasionadas al B.C.R.A. durante el período 1980/1989, conformada por los entonces Secretario de Justicia Dr. César Arias, el Procurador General de la Nación, Dr. Oscar Roger y el Fiscal Nacional de Investigaciones, Dr. Ricardo Molinas, conforme a una denuncia efectuada al efecto y que se recepta en los considerandos del decreto que puso en marcha la Comisión Investigadora, ya que afirma:


“El B.C.R.A. ha perdido durante los últimos años la cantidad de 67.500 millones de dólares, de los cuales solo algo menos del 20% fue transferido al Tesoro Nacional, en tanto que el resto financió al sector privado, cambiario y de comercio exterior”.


Esta es Ia parte que no se dice sobre el magno fraude a la Nación, se utilizó al B.C.R.A. para encubrir tamaña transferencia de riqueza al sector privado.


La escasez de tiempo dada a la Comisión Investigadora (60 días) y la falta de colaboración de las partes intervinientes impidieron mayores resultados, pero podemos mencionar las siguientes conclusiones:


-La cifra de 67.500 millones de dólares equivale al Producto Interno Bruto de un año, por aquel período.


-Que el proceso inflacionario de ese período ha reforzado el destino dado a los casi 54.000 millones de dólares transferidos al sector privado.