Sobre republicanismo y liberalismo

Por Lautaro Garcia Lucchesi

La semana anterior se desató una polémica alrededor de la cuestión de la liberación de presos, otorgándoles prisión domiciliaria como forma de proteger a los reos frente al Covid-19. Desde la oposición, acusaron al gobierno de haber elaborado un plan para la liberación de presos. Desde el gobierno, también descontento con la situación, respondieron que, como lo establece la división de poderes propia de una república, quién tiene la potestad de decidir sobre esta cuestión es el poder judicial. También hemos escuchado muchas veces, durante el gobierno anterior, sostener que ellos eran los “defensores de la república”. Por esta razón, en este artículo analizaremos las proposiciones de algunos teóricos del republicanismo y su relación con el liberalismo; para ello, desarrollaremos los conceptos de república y libertad en Aristóteles y Montesquieu y los compararemos con el “nuevo” liberalismo.

Avancemos por orden cronológico; primero, Aristóteles. Según el filósofo de Estagira, es costumbre dar el nombre de república a los gobiernos que se inclinan a la democracia, y el de aristocracia a los que se inclinan a la oligarquía. Tres elementos se disputan, en todo Estado, la igualdad: la libertad, la riqueza y el mérito; la república es la combinación de la libertad y la riqueza y la aristocracia la combinación de los tres. Pero, afirma Aristóteles, como todos los gobiernos no son más que una corrupción de la constitución perfecta: “es preciso observar que las buenas leyes no constituyen por sí solas un buen gobierno, y que lo que importa sobre todo, es que estas leyes buenas sean observadas. No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar se obedece la ley, y después la ley a que se obedece está fundada en la razón; porque podría también prestarse obediencia a leyes irracionales. La excelencia de la ley puede por lo demás, entenderse de dos maneras: la ley es la mejor posible, relativamente a las circunstancias; o la mejor posible de una manera general y en absoluto”.

Establecido el concepto de república, pasemos a la división de poderes. Para el estagirita, en todo Estado hay tres partes, que deben ser correctamente organizadas para que el Estado todo resulte bien organizado. Estas partes son: la asamblea general, el cuerpo de magistrados y el cuerpo judicial. La asamblea general - que representa el poder legislativo - encargada de deliberar sobre los negocios públicos, puede conformarse siguiendo uno de dos criterios: que todas las decisiones sean tomadas por todo el cuerpo político (democracia); o encomendarlas a una minoría (oligarquía). La tercer opción, propia de un gobierno virtuoso - según la concepción que Aristóteles tenía-, es distribuirlas: algunas decisiones las toma todo el cuerpo político y otras sólo una minoría; la elección de esta última puede provenir de entre todos los ciudadanos o de entre una lista de candidatos. En el primer caso, el sistema es puramente republicano; en el segundo, es parte republicano y parte aristocrático.

Con respecto al cuerpo de magistrados, que conforma el poder ejecutivo, se debe fijar su naturaleza, sus atribuciones y el método de nombramiento. “¿Los poderes deben conferirse con carácter vitalicio, por largos plazo, o según otro sistema? ¿Es preciso que un mismo individuo pueda ser reelegido muchas veces, o podrá serlo sólo una vez (...)? Y en cuanto a la composición de las magistraturas ¿de qué miembros se han de componer?, ¿quién los nombrará?, ¿en qué forma se han de designar?”. De las diferentes respuestas y combinaciones a estas preguntas, surgen diferentes tipos de gobierno. Las posibilidades son múltiples y excedería el objetivo del artículo explicar cada una de ellas.

Por último, tenemos el poder judicial. Las diferencias entre los tribunales sólo pueden recaer sobre tres elementos: el personal que lo compone, las atribuciones de éstos y su modo de constitución. Las cuestiones a abordar respecto a este poder son, por un lado, si todos los ciudadanos pueden ser elegidos para cumplir funciones judiciales o si sólo puede desempeñarlos una minoría; y, por otro lado, cualquiera de estos sea, si el nombramiento es determinado por medio de la suerte o de la elección. Como en el caso del poder legislativo, también existe la opción de que, para ciertas funciones, todos los ciudadanos puedan ser elegidos y que, para otras, sólo pueda ser electa una minoría.

Pasemos ahora a Montesquieu, quien es el autor de la proposición de que el poder equilibre al poder. Este autor rechaza la confluencia de todo el poder en una sola autoridad; por eso, propone la división en 3 poderes, que se controlen entre sí. ¿Cómo se justifica esta proposición? Por lo siguiente: “El hombre, corno ser físico, está gobernado, al igual de los otros cuerpos, por leyes inmutables; pero como ser inteligente, viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido y cambia las que él mismo se dicta (...) Cual todos los seres finitos, está sujeto a la ignorancia y al error, y a veces pierde los débiles conocimientos que tiene. Como criatura sensible está sujeto a mil pasiones. Un ser de esta naturaleza podía olvidarse a cada instante de su Creador: Dios le ha llamado a sí con las leyes de la religión: un ser de tal especie podía olvidarse a cada momento de sí mismo: los filósofos le han apartado de este peligro con las leyes de la moral; nacido para vivir en sociedad, podía olvidarse de sus semejantes: los legisladores le han vuelto a la senda de sus deberes con las leyes políticas y civiles”. En esta cita, se reconoce al ser humano como un cuerpo sujeto a tensiones entre su razón y sus pasiones, muy propio de la concepción dualista del hombre; y muy alejado de la concepción smithiana del hombre como egoísta racional maximizador de beneficios. La ley, para este autor francés, “es la razón humana en tanto gobierna a todos los pueblos de la tierra, y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser sino casos particulares a que se aplica la misma razón humana”. Sólo a través del gobierno de la ley puede protegerse la libertad política y evitar la propensión del hombre a abusar del poder que le confiere su autoridad, la cual sólo detiene cuando se topa con un límite.

Siguiendo el razonamiento del pensador francés, la república es una de las tres especies de gobierno - siendo las otras los gobiernos monárquicos y despóticos - y se define como “aquel en que el pueblo en cuerpo o sólo parte de él ejerce la potestad soberana”. Si en una república, el poder lo ejerce todo el pueblo, estamos frente a una democracia; si los ejerce sólo una parte de éste, estamos frente a una aristocracia. Más allá de por qué modelo de república se opte, Montesquieu considera que todo pueblo “es sumamente apto para elegir a las personas a quienes debe confiar parte de su autoridad”.

Pasemos ahora a las tres especies de poder que existen en todo Estado: “el legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes (ejecutivo), y el de ejecutar lo que depende del derecho civil (judicial)”. Con respecto al poder judicial, Montesquieu considera que el poder de juzgar no debe ser entregado a un tribunal, sino a personas sacadas del pueblo, elegidas de acuerdo al procedimiento que establezca la ley y por el tiempo que exija cada caso particular; al mismo tiempo, las sentencias no deben discrepar ni en lo más mínimo con respecto a lo establecido por la ley. Ningún juez puede permitir que su opinión particular interfiera a la hora de dictar sentencia; esto implica que, para Montesquieu, el hombre puede ser objetivo, abstrayéndose de todas las contingencias que componen su subjetividad (contexto familiar, educación recibida, ideología, etc.).

Con respecto al ejecutivo y al legislativo, éstos sí pueden estar conformados por cuerpos permanentes, porque sus decisiones no recaen sobre un particular, sino que representan la voluntad general del Estado uno, y la ejecución de dicha voluntad el otro. Para este pensador francés, cuando los Estados son demasiado extensos, es preferible elegir un régimen representativo para el poder legislativo, ya que los representantes reciben las instrucciones generales de sus electores pero no necesitan instrucciones particulares en cada caso, lo que facilita la discusión de los asuntos en cuestión; el pueblo no es del todo idóneo para esto, según Montesquieu, y este es uno de los mayores inconvenientes de la democracia según su visión.

Con respecto al ejecutivo, Montesquieu cree que debe estar en manos de un monarca, porque esta fracción del gobierno, que suele requerir una acción rápida, es mejor administrada por una persona sola que por muchas; lo contrario acontece con el legislativo. Profundizando sobre los pesos y contrapesos entre los poderes, Montesquieu considera que el ejecutivo debe tener la facultad de contener las extralimitaciones del legislativo, para evitar que este se arrogue toda la autoridad y se transforme en despótico, absorbiendo los otros dos poderes; por su parte, el legislativo no debe tener la facultad de contener los atentados del ejecutivo, porque éste suele actuar sobre cosas momentáneas (aquí se observa la influencia de Maquiavelo, para quien la supervivencia del Estado puede implicar, bajo ciertas circunstancias, una acción rápida que puede ir en contra de los valores morales religiosos y humanos); por el contrario, el legislativo sí debe poder examinar si el ejecutivo cumple o no las leyes establecidas. Antes de abandonar la cuestión de la división de poderes, quiero hacer una última aclaración respecto al legislativo: como admirador de la monarquía parlamentaria inglesa, Montesquieu creía que el poder legislativo debía ser bicameral, con una cámara integrada por nobles, los cuales tendrían la potestad de contener las extralimitaciones del pueblo, que sería el que integraría la otra cámara.


Para ello, la cámara de los nobles tendría la facultad de estatuir (derecho de ordenar o corregir lo que otro ha ordenado) y la facultad de impedir (derecho de anular las resoluciones adoptadas por el otro). Al mismo tiempo, esta cámara de los nobles podría participar en el poder judicial en tres instancias: cuando la aplicación de una ley implique una rigurosidad mayor que aquella que esta ley se proponía establecer; cuando un particular viole los derechos del pueblo en un asunto público, y cuando el acusado sea un noble.

Ahora, analicemos otro elemento de sumo interés: el concepto de libertad que manejan estos autores. En el caso de Aristóteles, libertad y virtud van de la mano. La libertad para el estagirita está asociada a lo “voluntario”, que es aquella acción cuyo principio está en en el agente o se sigue de su naturaleza propia. Pero la acción no es cosa de simple conocimiento, sino de un cierto saber “práctico”, que incluye la corrección del deseo. La acción humana está orientada a la conquista de la felicidad, que consiste en la virtud. Y, como deja claro el discípulo de Platón en “La Política”, un individuo sólo puede realizarse a sí mismo, es decir, alcanzar la felicidad, en una comunidad que también se realiza; de aquí se desprende que, a la hora de actuar, el ciudadano debe tener en cuenta el impacto que su acción pueda tener en el cuerpo comunitario al que pertenece. Si su acción pudiese infligir un daño a la comunidad, debería abstenerse de realizar dicha acción.

En el caso de Montesquieu, el concepto de libertad tiene un significado muy diferente a la interpretación libertaria del concepto de libertad que defiende el nuevo liberalismo. Para Montesquieu, la libertad, entendida como libertad política, “no consiste en hacer lo que se quiere (...) [sino que] es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”. En el caso de la virtud, para Montesquieu está asociada al amor a la igualdad: “(...) lo que llamo virtud en la república es el amor a la patria, es decir, de la igualdad. No es la virtud moral ni la cristiana, sino la virtud política, y ella es el resorte que da movimiento al gobierno republicano (...) He llamado, pues, virtud política al amor de la patria y de la igualdad”.


De estos dos conceptos del pensador francés, podemos ver una gran diferencia con respecto a las discusiones que hoy se dan entre los “liberales” contemporáneos (que nada tienen que ver con los pensadores políticos liberales clásicos); para éstos, el concepto de libertad tiene un contenido mucho más libertario, que ataca al Estado por su extensión y por su intervención en la asignación de los recursos, que debería hacerse siguiendo los principios de la economía de mercado, promoviendo una reducción fenomenal del Estado, cuya única función debería ser garantizar la propiedad privada.

También el concepto de igualdad es aterrador para estos nuevos liberales; asociado ignorantemente al comunismo, para estos pensadores la igualdad es un absurdo, imposible de alcanzar y además indeseable, puesto que, siguiendo la lógica mercantil, la perfecta igualdad elimina la existencia de incentivos, que son necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad (a la cual entienden como un mercado, puesto que los individuos son egoístas racionales que se encuentran en una situación de competencia y en dónde la persecución de los intereses individuales deriva, en última instancia, en un beneficio colectivo). También hay una justificación de la desigualdad como “natural”, amparándose en argumentos propios del darwinismo social.

Otro diferencia con los pensadores liberales clásicos, originada en ciertos valores provenientes de una herencia estoica entre algunos de éstos, es la crítica al lujo. Thomas Jefferson, por ejemplo, creía que una igualdad en la distribución de la propiedad podía ayudar a la preservación de la libertad civil, mientras que el lujo era proporcional a la desigualdad de la riqueza. Si retomamos a Montesquieu, para éste el amor de la igualdad es también el amor de la frugalidad. Incluso John Locke sostenía, hablando sobre la distribución de la tierra, que la medida de la propiedad de cada hombre debía estar fijada por la cantidad de tierra que un hombre pudiese labrar, sembrar, cuidar y cultivar y de cuya producción pudiese hacer un uso pleno que no implicara un desperdicio. Esto no tiene ningún tipo de relación con el culto al rico y la defensa de la desigualdad y de la concentración desmedida de la riqueza que los nuevos liberales promueven.

Relacionado con la cuestión de los valores y la moral, para el republicanismo, originariamente, el carácter moral de los individuos era una cuestión de interés público. ¿Por qué? Porque los primeros republicanos anhelaban una ciudadanía activa, comprometida con el correcto funcionamiento del aparato estatal y, en virtud de lograr esto, era correcto promover ciertas cualidades relacionadas con el carácter de los individuos. De esta manera, los individuos podrían cumplir más correctamente la tarea de funcionario público y también podrían percibir más fácilmente los abusos que algún funcionario pudiese hacer de su cargo, el cual podría poner en peligro el correcto funcionamiento del Estado. Nada tiene esto que ver con la tajante división que hace el liberalismo entre lo público y lo privado. Como, según su visión, los individuos son preexistentes a la organización política, nada justifica para los liberales que el Estado interfiera en la esfera privada individual; entre ellas, la moral privada. Muy por el contrario, el accionar del Estado debe encontrar su límite en la esfera de los derechos individuales; cualquier trasgresión del Estado sobre esa esfera es suficiente para calificarlo de “tiranía”.

Hemos visto entonces las diferencias existentes entre las ideas republicanas clásicas y el nuevo liberalismo, y las diferencias conceptuales que existen alrededor de cómo se concibe la libertad, la igualdad, la frugalidad y el rol del Estado. Hemos visto que, incluso en el republicanismo de Montesquieu, la política tiene un valor y un rol; muy diferente a la demonización de la política que promueve el nuevo liberalismo. Por último, también hemos aclarado las potestades de cada uno de los tres poderes del Estado, aclarando cuáles son los alcances del poder judicial.

Espero haya quedado claro.

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