Roca, Juárez Celman y el Unicato. La falacia de la República Posible en la Argentina Liberal

Por Jorge Osvaldo Furman

El siguiente artículo fue revisado y editado por nuestro director, a partir del texto completo del Prólogo al libro de Jorge Osvaldo Furman, Luis Brajterman, Néstor Legnani, Hugo Pomposo y Daniel Osvaldo Rossano. La República Representativa, la Legitimidad y el Sistema Democrático. Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina (CEAL); Buenos Aires, Argentina;

1993.


En los últimos tiempos de la Presidencia de Don Julio Argentino Roca, allá por 1885; el autodenominado Partido Autonomista Nacional (PAN) se agitaba y convulsionaba en torno a posibles o presuntos nombres para ocupar la sucesión.


En grandes líneas, tres candidatos son los que mejor perfilaban en el camino hacia la primera magistratura de la República: Bernardo de Irigoyen, Dardo Rocha y Miguel Juárez Celman. Roca, buen conocedor de hombres y situaciones, manejador eximio del tempo político, jugaba con su silencio; a sabiendas de que, durante los años que había ejercido el Poder, había podido construir una maquinaria electoral tan perfecta, que no tendría – llegado el momento – inconvenientes serios para imponer un sucesor.


Si en el PAN las aguas se arremolinaban y enturbiaban, las ambiciones e intereses encrespaban los ánimos y desataban las lenguas más prudentes. El oficialismo era – en concreto – un hervidero político, que vivía y soñaba con la herencia presidencial; mientras la oposición se debatía en medio de la impotencia y la anarquía.


Durante su mandato, el Presidente había machacado – como ya viéramos más arriba – con la cuestión de la Paz y el Orden; desarticulando a las viejas facciones políticas, y aislando a sus hombres más representativos. El país, en su aparente tranquilidad, mostraba – para quién tuviera sensibilidad para notarlo –una creciente división entre la élite gobernante y la sociedad; en algún sentido ajena, indiferente y dedicada al trabajo y a la acumulación de beneficios materiales. Nadie creía, hacia 1885, en la emergencia de confrontaciones profundas y violentas. Todos, por el contrario, apostaban a que Roca sería, en soledad, el “Gran Elector”.


En la cima de la Comunidad, los Notables hacen y deshacen su espesa madeja de vínculos y relaciones, mirando expectantes a los signos emanados de la Casa Rosada. Conversaciones, tertulias y consultas epistolares, conforman y resumen, las líneas maestras de una articulación política difícil, en la que unos pocos deciden el destino de la mayoría. Por ejemplo, Julio Roca consultaba por esos días – con el habitual respeto hacia su persona – al General Bartolomé Mitre; quien, ajeno a las vicisitudes cotidianas del oficialismo, pero atento, influyente y gravitante en la opinión pública, le respondía tiempo después, en una carta personal, dirigida a los señores Lastra y Carballido, y publicada en el diario La Nación, el 8 de abril de 1885, de modo hiperbólico y en las páginas del periódico de su propiedad: “(…) siendo él – Roca – en realidad, el árbitro electoral, que puede encaminar bien la elección presidencial, es el responsable de lo que pueda sobrevenir, si se equivocara (…)”. Toda una advertencia, preñada de futuro, cómo se verá.


Paladinamente, desde las alturas, el viejo integrante de la Generación de 1837 afirmaba, sin vueltas, que la Soberanía Popular, la Voluntad General del Pueblo, iba a quedar en manos del titular del Poder Ejecutivo. Y lo hacía, claro, sin ruborizarse, porque estaba al tanto de la existencia de un sistema electoral que permitía, por medio del fraude y la violencia, determinar unilateralmente el resultado de los comicios. El voto universal era para los varones mayores de edad, argentinos nativos o naturalizados; pero el derecho a ejercerlo, era voluntario y de carácter público, verbal. Con un esquema de “lista completa”, los oficialismos – todos los oficialismos existentes en el país – se quedaban con la totalidad de los cargos al obtener una victoria en las urnas, a simple pluralidad de votos. Las leyes electorales desalentaban la participación, desprotegiendo a los electores, e impidiendo la consolidación de agrupaciones políticas estables para las minorías.


Detrás del esqueleto legal, y por debajo de los principios constitucionales, tenían lugar una serie de artimañas y trapisondas; que fueron enumeradas del siguiente modo, por el historiador Germán Tjarks: Un momento pre comicial, donde se manifestaba la formación de las mesas escrutadoras, la sustracción de las boletas de calificación por las autoridades, la compra de las mismas por los partidos políticos y la cooptación de voluntades por medo de mecanismos varios.


Luego, durante el día del comicio, la presión militar y policial, pasando por las distintas formas de impedir la llegada de los opositores hasta la mesa de votación, robo de urnas y falsificación de actas. Realización, acto seguido, del escrutinio en ausencia de papeletas introducidas en urnas “dudosas”; todo rubricado por el control oficialista de tribunales, comisarías y cuerpos legislativos.


Retornando, luego de ésta breve digresión explicativa, a la carta del general Mitre, y al referirse el autor a los tres posibles candidatos, observa que: “empezando por la candidatura del Doctor Rocha, le he manifestado a Roca, que creía como él que su triunfo sería una calamidad para la República; mientras que en lo que respecta al Doctor Bernardo de Irigoyen, consideraba su candidatura como moralmente imposible y políticamente inaceptable, lo primero por su significado, por cuanto representa la tradición condenada por la conciencia pública del Pueblo Argentino, y que no habiendo roto el personaje con ella por acto o declaración suya, que importen incorporarse al movimiento liberal de la época – Don Bernardo había sido Rosista – ella simboliza una especie de restauración de lo que todos condenan y deben condenar moralmente; pudiendo sólo surgir su postulación, por mera imposición oficial”.


Y concluía:

“(...) respecto al Doctor Juárez Celman, le indiqué que no le reconocía títulos políticos públicos, como para aspirar al Mando Supremo, desde que no respondía a ningún voto de la opinión, ni a la exigencia imperiosa; ni siquiera a un plan político que él representase. Además era casi un hermano suyo, por lo que el país miraría su imposición, como un acto de Nepotismo”.


Sin embargo, y pese al veto de Mitre, el concuñado de Julio A Roca, Don Miguel Juárez Celman, acompañado por Carlos Pellegrini, iba a encabezar la fórmula del PAN para las elecciones presidenciales de abril de 1886. Electo de manera fraudulenta, asumiría el cargo en octubre. Ex Ministro de Gobierno de su provincia natal, Córdoba, y miembro de la Liga de Gobernadores que, en 1880, había triunfado sobre Tejedor; creía tener en su mente un programa político y económico claro, a desarrollar. Era francamente optimista sobre su futuro y el del país.


Juárez se visualizaba, por una parte, como un continuador natural de su predecesor en el cargo. Afirmaba: “El Político se diferencia claramente del “politiquero”, pues se prepara para la vida pública, como lo hace todo hombre para la profesión que ha escogido. El politiquero no necesita sino agradar a la mayoría de sus electores, sin precisar principios a los que es leal, pues sabe que con la mitad más uno a su favor, tendrá siempre la razón”.


Por otra parte, una vez aclarados sus puntos de vista, señalaba: “A Alberdi, el teórico de nuestras positivas grandezas, se le despreció (…) Seré el Presidente de la Inmigración”.

Altivo, displicente, imbuido de la importancia de su cargo, llevaba los postulados alberdianos a extremos francamente fanáticos. En su primer discurso legislativo decía: “Por lo tanto, lo que conviene a la Nación, según mi juicio, es entregar a la industria privada, la construcción y explotación de las obras públicas, que por su índole sean inherentes a la soberanía, reservándose el Gobierno, la construcción de aquellas que no pueden ser verificadas por el capital particular, no con el ánimo de mantenerlas bajo su administración, sino con el de enajenarlo o contratar su explotación en circunstancias oportunas”.


El párrafo era elocuente.

Más tarde, en su segundo mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias del HCN, ratificaba sus propósitos al anunciar: “Puedo deciros con entera satisfacción: el programa está realizado. Las obras públicas que se hallaban en manos del Gobierno, han sido entregadas con evidente ventaja, a la industria privada, en cumplimiento de vuestras leyes, de mis promesas y de mi esperanza. Los ferrocarriles Centro Norte y Andino, han sido enajenados; la sección construida de la prolongación del primero ha sido arrendada y se halla adjudicada la explotación de las obras de salubridad a uno de los exponentes que se presentó en condiciones excepcionalmente ventajosas”.


Paso a paso, meticulosamente, Juárez Celman iba perfilando sus intenciones y dando forma, a su particular manera de hacer honor, al legado roquista. En el ámbito ideológico, su admirado Doctor Alberdi, defensor de la “República Posible”; influía mediante sus escritos, en la cosmovisión del nuevo Presidente, fortaleciendo en él la ambición de consolidar un sistema político poco transparente, como condición necesaria del Progreso material. Despuntaba lo que

más tarde se llamaría: el Unicato.


Ocurría que, desde 1853, la Constitución creada por el autor de Las Bases, y redactada por el constitucionalista Gorostiaga; había sido interpretada y aplicada de un modo peculiar. Se enfatizaban los artículos correspondientes al marco civil; los llamados “derechos y garantías”, que protegían al habitante –argentino o extranjero – incitándolo, al mismo tiempo, a realizar actividades productivas, pero no a ejercer sus “derechos políticos”. La Sociedad había sido vislumbrada como el campo de aplicación de la Libertad económica, en la que el individuo debía encontrar el sino de su existencia en éste mundo. La conformación del habitante como un agente crematístico, portador de interés privado, y que se integraba con el resto, en medio de criterios restrictivos de la Democracia; era el norte hacia el que debería dirigirse la Nación.


Por lo tanto, en la praxis política, el ciudadano de la proclamada “República Representativa” era obligado a delegar su porción de Poder Soberano – el voto –a un minúsculo sector, los Notables. Éstos ocupaban lugares clave en el aparato del Estado, erigiendo a su vez, en la cima de la pirámide, a un único personaje, responsable exclusivo y excluyente de los destinos de Todos. El Presidente no sólo acumulaba atribuciones y funciones que privilegiaban su posición dentro del sistema institucional, por encima del Legislativo y la Judicatura; sino que centralizaba el mando en tal grado, que convertía a los Gobernadores de Provincia en personeros suyos; al mismo tiempo que controlaba la facción denominada licenciosamente “Partido”. Reunía entonces, en su persona, la “Suma del Poder Público”, aquello precisamente que los liberales habían repudiado en Rosas. A los demás, sólo les quedaba la obsecuencia, el silencio y la obediencia a sus

designios.

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