Resumen y Contextos. Renovación de la Ley de Biocombustibles.

En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.083, de “Régimen de Regulación, Producción, Promoción y Uso de Biocombustibles”, estableciendo un corte de 5 puntos porcentuales en los fluidos de origen fósil, por un periodo de 15 años. El Gobierno de Néstor Kirchner, buscaba por entonces, mecanismos que le permitieran agregar valor a los productos agrícolas; desarrollando una vigorosa industria energética, limpia y sustentable. La norma – que debe renovarse en éstos días – exime, además, del pago de algunos impuestos a los productores, lo que ha motivado fuertes debates entre los especialistas.



Varios actores, están involucrados: las empresas biotecnológicas de ésta rama de actividad, las petroleras, los gobernadores de provincias agropecuarias – como Córdoba, Santa Fe y Tucumán – y naturalmente, las autoridades nacionales; específicamente, la Secretaría de Energía. En una palabra, un conjunto de intereses en pugna, en torno a un área que podría ser estratégica, en cualquier proyecto de desarrollo.


A fines del año pasado, la Cámara de Senadores dio media sanción, por unanimidad, a la prórroga; pero en Diputados nunca pudo ser tratada; mientras el Gobierno, no presentaba – en aquella ocasión – ningún proyecto de reforma de la Ley de 2006; una actitud que denotaba – a priori – una voluntad manifiesta de dejar en manos del Legislativo, la resolución del tema.


Se sabe, que las empresas productoras, han manifestado su voluntad de que el Régimen siga vigente – de ser posible – con un porcentaje aumentado del componente de mezcla. Reunidas en la Liga Bioenergética, reclaman un piso del 27,5%, porcentaje similar al que hoy rige en Brasil, pionero en los años 70, de éste tipo de energías. Sin embargo, prefieren – off de record – mantener las condiciones actuales, sí se propusieran cambios no promovidos y respaldados formalmente por ellas.


Al mismo tiempo, las petroleras y las automotrices se inclinan por la caducidad de la norma, y su no tratamiento en el Congreso, por considerar que ha otorgado cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas, asegurando a los dueños de las mismas, un mercado cautivo; y la adicional eximición impuestos. Reprochan al Estado, la falta de controles de calidad adecuados, con la consecuente generación de problemas en los motores de los vehículos. Según algunos cálculos, la promoción impositiva benefició a los productores en 6000 millones de dólares, y entrañó pérdidas en divisas, por 1400 millones más.


El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explicó recientemente en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que la renovación no debería ser automática, y que el Congreso debería adaptar la Ley al nuevo contexto local e internacional. Adujo, que se mantendría, en ese caso, la obligatoriedad de las mezclas, pero con variaciones en los beneficios fiscales, diferenciando los diversos mercados: maíz, soja y fundamentalmente azúcar; éste último cultivo sin marcados fuera de la Argentina. Expresó el funcionario: “Ahora la transición energética asiste a la aparición de otras variables, que no estaban presentes en 2006”; y agregó: ” La intención es mantener los beneficios, pero sólo para los pequeños productores”; lo que implicaría una baja en el subsidio a las empresas multinacionales.


Cabe agregar, por último, que, según datos oficiales de la misma Secretaría de Energía, las ventas de bioetanol mensuales, estuvieron en valores que oscilaron entre los 73.000 y los 38.000 m3, con picos de 100.000; unas 38.700 toneladas de techo y unas 22.000 de piso, entre 2016 y 2021. Un enorme negocio, que explica las presiones que, en un sentido y en otro, operan hoy sobre el Poder Legislativo.

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