Por Micaela Barreto y Delfina Bruno
Desde la conquista del sufragio, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el movimiento feminista en Latinoamérica y el Caribe ha proyectado un futuro de igualdad en todos los ámbitos de la vida social, afín de lograr derribar una estructura patriarcal que pone al hombre ante todo y lo prioriza tanto como para el goce de derechos básicos, participación política e inserción en la esfera económica.
Sin dudas, el movimiento con fuerte arraigo en la sociedad civil ha encontrado todo tipo de obstáculos a lo largo de la historia, yendo contra viento y marea ante las disposiciones políticas nacionales; pero es claro, además, que ha encontrado un aún más profundo problema al intentar desplegarse bajo gobiernos de tendencia derechista-conservadora.
Socialmente, la exigencia del movimiento se ha adaptado a los distintos momentos que ha debido atravesar. No obstante, este pedido por el acceso a sus derechos humanos ha estado, desde siempre, atravesado por la violencia, fuertemente respaldada por un Estado cómplice que no actúa u omite aquellos derechos, los que en 1948 fueron entendidos como iguales para todos los seres humanos, y los mismos a los que el movimiento feminista encontró necesario volver a reivindicar ante las diversas formas de violación de los mismos dentro de la población femenina, en sus distintas versiones, tales como la violencia de género, institucional y económico-social, que generan la obligatoriedad de reveer las bases normativas establecidas. En este sentido, es de interés dar cuenta que la región contempla 14 de los 25 países con mayores índices de violencia contra las mujeres y disidencias.
El rol que los gobiernos de esta índole han tenido para apoyar esta problemática, generalmente, ha descansado en su raíz religiosa, poniendo a la mujer en posiciones socialmente construidas de maternidad, debilidad en relación con el hombre y ocupación de la protección familiar. De esta forma, participan en la obstaculización del avance de la ola feminista.
La educación indica un pilar en el ejercicio de esta privatización de derechos, la cual, durante el siglo XIX, representó un modo más de hacer prevalecer y profundizar aquellas distinciones entre los sexos.
El prototipo de una mujer era la de una casada, piadosa, buena esposa y madre, la cual se desvivía por su destino natural de procreación y el manejo inmaculado de los quehaceres domésticos. En particular, la perspectiva “funcional” de la mujer constituyó la agenda de enseñanza de la época, moldeando no a una mujer que logre avanzar en la escala social, sino a una que pueda maximizar aquellos caracteres naturalmente bondadosos y hogareños, una mujer que no aprenda sobre literatura o ciencia, una mujer que aprenda el arte de un hogar cuidado, niños bien educados y un marido feliz.
Este ideal sobre la mujer incentivó a que los hombres se adueñaran no sólo de la mayor porción de cupos en terciarios y carreras universitarias, sino también de la producción teórica y ejercicio de la docencia en universidades, delegando la educación inicial de los infantes a mujeres, por su ‘’condición natural’’ e ‘’instinto materno’’.
Avanzando en el tiempo, es cierto que, a partir de fines del siglo pasado, se ha encontrado una mayor participación femenina en las instituciones educativas. De todos modos, remitiendo a la situación de diferenciación entre sexos, en mayo de 2018, un grupo de jóvenes mujeres estudiantes de más de veinte universidades chilenas decidieron -tras el gran impacto social del movimiento feminista en el país vecino argentino- salir a las calles a denunciar fuertemente no sólo una educación sexista, sino también acoso sexual por parte de los docentes y personal educativo. Cansadas de la constante subestimación a sus capacidades, y tras ser continuamente violentadas en el ámbito educativo, ahora exigían protección de su integridad física, moral y mental más allá de igualdad entre los sexos.
En adición a lo anterior, la particularidad chilena y su tradición derechista-militar en el gobierno, agrega la dificultad de la aplicación de medidas neoliberales que responden al crecimiento del sector privado, incluyendo el ámbito educativo. De esta forma, la desigualdad que las mujeres viven en su vida educativa, también se ve afectada por su condición económica que, gracias a las mismas medidas, hacen que sean más propensas a enfrentarse a una situación de pobreza, impidiendo con mayor fuerza su acceso a una educación terciaria o universitaria.
Este acontecimiento, que parecía uno más de los reclamos sociales que derivarían en un 2019 en llamas en todo Chile, impulsó particularmente la conciencia feminista en el país, conciencia que aportaría especial fundamentación en el pedido explícito en las calles de todo el país por una reforma de una Constitución asentada sobre las bases de una de las dictaduras más oscuras de la región.
Esta conciencia feminista vela, entonces, por derribar la estructura estatal presidida por las fuerzas armadas, medidas liberales y dirigentes conservadores, para fomentar la igualdad entre todos los grupos sociales, tanto para el acceso en la educación, trabajo y salud, como también respecto a la protección de la sociedad ante los casos de violencia, en donde el Estado efectúa un rol de complicidad. La aplicación regional del neoliberalismo a partir de las dictaduras de los 70’ provocó que, en éste contexto, se legitime, en el poder de las armas nacionales, la violación de los principios de propiedad privada, vida y libertad, características del liberalismo clásico. Un ejemplo claro es la marea de violaciones de derechos avalada y tapada por la Iglesia católica durante las dictaduras cívico-militares latinoamericanas.
El secuestro de personas a través de la intromisión en viviendas de presuntos sospechosos de atentar contra el régimen militar impuesto, las expropiaciones de bebés nacidos en la clandestinidad de centros de torturas, las violaciones sexuales y las desapariciones conjugaron, sistemáticamente, actos normalizados durante la década del ‘70.
Este ejercicio violento, por parte de las Fuerzas Armadas, no ha desaparecido en Chile, y la represión social ejercida por este sector se refleja con claridad en los hechos de las últimas semanas en nuestro país vecino. Así, el Cuerpo de Carabineros, que acompaña la defensa de una constitución con profunda valorización de las fuerzas militares, se resguarda en ella para llevar a cabo situaciones de represión. Esta vez bajo el seno de un gobierno democrático, el secuestro, golpiza, violación sexual y desaparición de personas se vuelve moneda corriente en el país, con la excepción de que la conciencia feminista resiste en las calles de todo Chile para no sólo bregar por la protección y crecimiento en el ejercicio de derechos de las mujeres, sino de todo el pueblo.
Con esto, se demuestra que el feminismo va más allá de la defensa de la mujer en sus repetitivas vulneraciones como sujeto de derecho, atravesando todo el entramado social en búsqueda de una igualdad entre todos los distintos grupos que lo integran, incluso más allá de la distinción entre sexos.
Sin embargo, es entonces, en los gobiernos de tendencia derechista, donde esto es totalmente incompatible, ya que las políticas allí defendidas no promueven el avance de la mujer en su concepción profesional, debido a sus bases religiosas, que la vinculan con el estereotipo materno y de ama de casa. Tampoco promueven la inserción de los sectores empobrecidos a una educación o a una salud de calidad, privatizando un derecho fundamental, al defender principios económicos que excluyen a quien no respeta las leyes del mercado.
Por otro lado, la legitimidad que las fuerzas armadas adoptan, en este contexto, es fundamental para ejercer todo tipo de violencia indiscriminada, y esto potencia la ya dada vulneración de la mujer a partir de los preconceptos acerca de su rol en la sociedad.
En suma, el feminismo, como movimiento político y social, emerge de la necesidad de acabar con el ultraje y violación histórica de derechos, naciendo de la injusticia y, viviendo en contextos históricos diferenciados, aunque similares en la perspectiva de la búsqueda por una sociedad justa, logra revalorizarse y reconstruirse ante los diferentes escenarios socioculturales.