Después de un intenso e interesante debate, el Congreso de la Nación ha dado sanción, finalmente, a una de las leyes más esperadas y con mayor consenso de la etapa democrática de nuestro país: la de Cupo Laboral Trans. Un paso muy importante para incluir en el mundo del trabajo y en la vida colectiva, con plenos derechos, a una minoría castigada por años de olvido y exclusión.
Muy pocos han sido quienes se han opuesto a ella públicamente, y generalmente argumentando cuestiones de forma o de oportunidad.
Puede decirse que, junto a la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2011, ésta norma representa un avance importantísimo, ya que el Estado Argentino, reconoce que los colectivos de travestis y trans, necesitaban de un marco regulatorio claro y preciso, que les permitiera el acceso a empleos y cargos, que, por múltiples razones, se hallaban vedados para ellos. Ahora el 1% de los empleos del sector público nacional, serán para ellos.
La norma lleva el nombre “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, dos de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina y en la región. Los legisladores, reconocen no sólo con ello la legitimidad de reclamos añejos y llevados adelante con admirable organización y sentido estratégico; sino que realzan la idea de que toda lucha vale la pena, si es colectiva y al servicio de causas trascendentes.
La iniciativa además establece que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. Tampoco los antecedentes penales “que resulten irrelevantes” podrán ser un impedimento para el acceso de los postulantes al empleo. También determina que se entiende por “personas travestis, transexuales y trans género a todas aquellas que se auto perciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
En lo que respecta al sector privado, las empresas que contraten personas travestis, transexuales y trans género tendrán prioridad en las compras del Estado, además de beneficios fiscales”. La ley contempla que las “contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales” y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
Por último, la norma dispone que el Banco Nación tendrá líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a este colectivo.
La sanción fue celebrada por la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta: “Es un día histórico. El cupo laboral travesti trans era una deuda del Estado y hoy es Ley, por la fuerza de los movimientos de la diversidad que nunca bajaron sus banderas y que siguen impulsando transformaciones imprescindibles para revertir desigualdades estructurales e injustas”.
La funcionaria acotó que “garantizar los derechos de travestis y trans es una prioridad del gobierno nacional y por eso, desde septiembre de 2020 lo implementamos por Decreto en la Administración Pública Nacional, convencidos de que se trata de una medida fundamental para profundizar el camino hacia la igualdad iniciado por la Ley de Identidad de género en nuestro país. Esta Ley viene a reparar una cadena de exclusiones que muchas veces se inicia en la niñez. No es admisible que en Argentina haya personas cuya esperanza de vida no supere los 40 años simplemente por su deseo de vivir según su identidad auto percibida”, concluyó Gómez Alcorta.
Conversamos con Alejandra Lenzberg. Lic. en Psicología y especialista en Trabajo y Género para conocer su opinión sobre el alcance de esta ley y el contexto en el que se está llevando adelante esta formalización de derechos.
Alejandra nos comenta: “Esta Ley es el resultado de la lucha de diversas organizaciones LGTBIQ+ en contra de la exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans. Con una clara orientación a la ampliación de derechos, este es un paso hacia la inclusión laboral, a la promoción de relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y la valoración de las diversas identidades de género”. Y continúa -…“es también una legitimación a la comunidad travesti trans como sujetos de derecho, a través de medidas de acción positiva con el objetivo de comenzar a reparar las vulneraciones que se han cometido contra un colectivo al que se le impone un borramiento, una exclusión que es estructural, histórica, política y continua”.
Las estadísticas actuales establecen que alrededor del 90% de las personas trans se encuentra actualmente por fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización. A más de cinco años de aprobada la ley de Identidad de Género, éste sigue siendo -en muchos casos- una realidad cruel que parece no cambiar. Qué tiene que ocurrir para que esta actualidad se modifique? Alejandra responde: “A pesar de las conquistas logradas por y para la comunidad trans, que garantizan derechos básicos como el derecho a la identidad, al acceso a la salud integral y a la posibilidad de reinserción en el sistema educativo en todos sus niveles, aún existen fuertes barreras que les impide el acceso a los trabajos formales. Se vuelve relevante instalar un debate serio en la sociedad para visibilizar las limitaciones al acceso real de trabajos formales con las que el colectivo travesti trans se encuentra cotidianamente, y así generar mayores opciones de empleos, teniendo en cuenta que buena parte de las comunidades mantienen su economía en base a trabajos informales, precarios y muchas veces criminalizados por las mismas políticas estatales”.
Para comprender la dinámica de estas leyes -que buscan reparar desigualdades tan profundas- hay que tener en cuenta que haber superado la instancia del debate legislativo no es el fin sino el comienzo de otro proceso: el de la puesta en práctica de la misma. Para entender el recorrido que suelen tener estas leyes es preciso recordar que la Ley 14.783 aprobada en 2015, en la Provincia de Buenos Aires, establecía también que una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero. Su aprobación representó una conquista porque logró que el Estado reconociera el derecho al trabajo formal de este colectivo; Inclusive la Ley incluía incentivos fiscales y económicos. Y en qué quedó todo? A Junio de 2021, luego de la administración de María Eugenia Vidal y transitando la peor pandemia de nuestro país, todavía no se ha reglamentado su implementación. Es imprescindible que este proyecto dinamice y active los resortes dentro de la sociedad. La discriminación ha dejado en nuestra sociedad durísimas consecuencias sanitarias para este colectivo. Los hospitales carecen de políticas de atención y las obras sociales se han negado –en muchos casos- a tratar a pacientes en situaciones de extrema vulnerabilidad. Según algunas organizaciones más del ochenta por ciento de las personas trans, se ha visto en situaciones de violencia sanitaria alguna vez además de sufrir demoras de las gestiones para la entrega de medicación y cirugías.
Alejandra nos agrega: “Es evidente que la evolución en materia de ampliación de derechos plantea grandes progresos, se reconoce que aun con estos avances normativos, continúan teniendo profundas dificultades para disfrutar del pleno ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna. Ninguna normativa puede, en sí misma, resolver problemáticas sociales de manera inmediata, pero, así como ley de identidad de género ha visibilizado la situación y las condiciones de vida desfavorables a las que están expuestas la mayoría de las personas trans en nuestro país, la ley de cupo laboral busca comenzar a atender el reclamo de políticas públicas que posibiliten el acceso a puestos de trabajo que ocupan el centro de la agenda de este colectivo.
Nos agrega Alejandra: “Yo creo que el resultado de estas políticas de inclusión contribuirán a la realización personal, a la creación de nuevos sentidos sobre la propia existencia, a nuevas experiencias vitales como la posibilidad de elaborar un proyecto de vida a futuro que garantice la trascendencia del tiempo presente para las personas que integran este colectivo”. Continua -…“ la Argentina será una vez más pionera en cuestiones de ampliación de derechos para las personas Travestis Transexuales Transgénero como ya lo hizo en 2012 al sancionar la ley nacional 26.743 de Identidad de Género, precursora a nivel mundial en el reconocimiento de la identidad autopercibida sin requerir diagnósticos psiquiátricos ni autorizaciones judiciales”.
Continúa: “Es muy importante darle continuidad a esta discusión. A pesar del impacto positivo que las leyes puedan tener a futuro resulta evidente que por sí solas no resuelven todos los problemas derivados de la discriminación y el estigma, pero es un paso más hacia la inclusión social de las diversidades, hacia a la visibilización de la vulneración vivida y hacia a la incorporación del colectivo travesti trans a la vida social activa. Aspectos que dinamizan a la sociedad toda hacia a una integración que favorezca los vínculos sociales en la diversidad, y así garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas sin importar su género”.
Según Mónica Macha -presidenta de la Comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara de Diputados- “este proyecto de ley es el inicio de un trabajo que continuará discutiéndose en los ámbitos legislativos, porque son quince los proyectos y no todos planteaban lo mismo. Había proyectos de cupo, pero también de inclusión laboral, educativa y de derecho a la salud y al hábitat, entre otros.
Por eso acordamos que trabajaremos en una propuesta integral. No será una sola ley, serán, al menos, cinco o seis. La primera es esta, pero vamos a ir trabajando sobre las otras de forma muy profunda planteándonos la necesidad de tener programas y políticas públicas específicas hasta que en algún momento ya no sea necesario tener esta mirada de discriminación positiva".