Las conexiones entre la Deuda Pública y la Deuda Ecológica y Social

Por José Menezes Gomes y Simone Maria de Andrade Medeiros

Analizaremos la relación entre el modelo de desarrollo posterior a 1964, que impulsó el endeudamiento externo, lo que agravó la vulnerabilidad externa, posibilitando el llamado “Milagro Brasileño” (1968-1973), que sirvió de base para una nueva etapa de industrialización, al mismo tiempo que impulsó la llamada modernización agrícola, fortaleció el latifundio y el monocultivo, y la expansión de la frontera agrícola, mientras expandía también el éxodo rural y la urbanización. Luego abordaremos cómo ese endeudamiento externo se convirtió en endeudamiento interno, profundizando la crisis fiscal y financiera del Estado, desde el final del Régimen Cívico Militar hasta la introducción del Plan Real, y la creciente dependencia de reservas de divisas obtenidas, en parte, vía elevación de la tasa de interés de la deuda pública. Por último, evaluaremos la deuda ecológica en las diferentes etapas y cómo ésta se conecta con la deuda social, mientras se profundiza el enriquecimiento privado y el empobrecimiento social, asociado a la profunda destrucción del medio ambiente.


La vulnerabilidad externa como base para el endeudamiento externo e interno

Trataremos las motivaciones del endeudamiento externo brasileño y la creciente necesidad de generación de reservas de divisas para honrar los compromisos externos. Para esto, es importante recordar que el endeudamiento externo terminó por permitir la entrada del Banco Mundial y del FMI (Fondo Monetario Internacional), que acabaron por imponer una política económica, política monetaria y, especialmente, la política de desarrollo que proporcionó las bases para la expansión del agronegocio y del sector extractivista mineral, que, a su vez, aceleró la destrucción del medio ambiente y la agudización de los problemas sociales.


Veremos en el Gráfico 1 cómo el déficit de las transacciones corrientes condujo a la expansión de la deuda externa e interna y la dependencia de la obtención de reservas internacionales para honrar los compromisos externos.


Gráfico 1: Transacciones Corrientes – Brasil – 1947 a 2015.

Fuente: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7297/1/td_2247.pdf >


Cuando analizamos la balanza de pagos de Brasil, de 1947 a 2015, en las transacciones corrientes, podemos verificar que la vulnerabilidad externa fue la característica más llamativa. Es importante destacar que el período del Régimen Cívico Militar (1966 a 1983) fue el momento de mayor déficit de las transacciones del período estudiado y, a su vez, de mayor vulnerabilidad externa. El resultado de esto fue un profundo endeudamiento externo, que acabó llevando a la moratoria brasileña de 1987, seguido por el Plan Brady de 1989 y, después, por un proceso de internalización de las deudas externas, culminando en la creación de las bases para la introducción del Plan Real (desde 1994).


La fase nacional desarrollista de ese período (1947 a 1963) fue marcada por una tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) más elevada y con una vulnerabilidad menor que en la fase del Régimen Cívico Militar. La fase marcada por la introducción del Plan Real presentó dos momentos de vulnerabilidad externa: de 1994 a 2002, durante el gobierno de FHC (Fernando Henrique Cardoso) y de 2008 a 2014, durante el gobierno de Dilma Rousseff, como efecto de la crisis de 2008.


Antes de eso, es importante recordar que Brasil pasó por el desarrollismo nacional de 1930, interrumpido por el Golpe de 1964. Luego vino el “desarrollismo” militar hasta 1985. Al año siguiente, tuvimos lo que se llamó la Nueva República, marcada por varios planes de estabilización que fracasaron en la tentativa de evitar un elevado proceso inflacionario y la destrucción de las diversas monedas que surgieron y colapsaron. La etapa siguiente fue en el año 1990, marcada por la fase neoliberal iniciada por el presidente Fernando Collor de Mello y profundizada por el gobierno de FHC.


Antecedentes que condujeron al fortalecimiento del agronegocio y de la minería


Este drama se debe a la relación de dependencia agravada por el modelo proveniente del Régimen Cívico Militar, que, al estimular el endeudamiento externo en los años 1970/1980, aumentó aún más la vulnerabilidad externa estructural. Este proceso fue más fuerte durante ese régimen (1966-1984) y en la aparición del anclaje del tipo de cambio con el Plan Real, en 1994, que, al provocar la apertura comercial y sobrevalorar la moneda, acabó por tener en el agronegocio y la minería la condición para alcanzar el superávit comercial.


Sin embargo, los persistentes déficits en la cuenta servicios indican que el modelo orientado a las exportaciones no fue capaz de minimizar el déficit en las transacciones corrientes. Este hecho permitió la conversión de la deuda externa privada en deuda interna pública y la alimentación del gran rentismo en la economía nacional, teniendo como centro los títulos públicos.


Gráfico 2: Brasil: deuda externa (US$ billones).

Fuente: <www.divida-auditoria.org.br>


Observamos en el Gráfico 2 que el proceso de endeudamiento externo brasileño tiene una expansión al inicio de la década de 1970, durante la vigencia del llamado Milagro Brasileño, en la fase aguda de la represión. En 1985, con el fin del Régimen Cívico Militar, esta deuda aumentó nuevamente, en parte motivada por la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos, del 5 al 20%. Este momento estuvo marcado también por un proceso de alta inflación y por la destrucción de varias monedas y de varios planes de estabilización.


La introducción del Plan Real, en 1994, representó una nueva etapa de expansión de la deuda externa, pero progresivamente hubo un movimiento hacia la conversión en deuda interna. Por lo tanto, la vulnerabilidad externa, aguda durante el llamado Milagro Brasileño, inició una nueva etapa después de la introducción del Plan Real, ya que el déficit de las transacciones corrientes pasó a ser persistente durante el Plan Real, con la excepción de los años 2003 a 2008. En este período de 2003 a 2008, tuvimos un ciclo de valorización de los commodities, pero la desindustrialización y la reprimarización avanzaron, lo que reforzó la iniciativa de apoyo al agronegocio y la minería, potenciando la deuda ecológica y social.


Podemos observar en el Gráfico 3 que, en la fase del desarrollismo nacional de 1947 a 1964, marcada por una tasa de crecimiento más elevada que durante el llamado Milagro Brasileño, la deuda pública estaba en menos del 5% del PIB. Después del inicio del Régimen Cívico Militar, esa deuda alcanzó el 16% del PIB. Y, a partir de 1987, la deuda llega al 35% del PIB. La introducción del Plan Real, en 1994, marcó una nueva etapa de crecimiento debido a la crisis mexicana en 1995, a la crisis asiática en 1997 y a la crisis rusa en 1998. De esa forma, para evitar la fuga de capitales, se elevaba la tasa básica que, a su vez, elevaba la deuda pública, haciendo de la búsqueda de reservas de divisas el chantaje permanente para la priorización del agronegocio y la minería. O sea, cada vez que la vulnerabilidad externa se expandía, se expandía también la deuda ecológica, junto con la deuda pública y la deuda social. Con eso, el modelo concentrador de la renta, la propiedad y el monocultivo era parte de la alianza de los militares con los terratenientes en apoyo a la dictadura como forma de combatir las ligas campesinas y su lucha por la reforma agraria.


Gráfico 3: Títulos de Deuda Pública Interna/Producto Interno Bruto

Fuente: <https://ecen.com/eee25/audivida.htm>


Vamos también a presentar la tasa de urbanización brasileña, que en 1940 mostraba que casi el 69% de la población estaba en el área rural y aproximadamente el 31% estaba en el área urbana. En 1950, teníamos 64% en el campo y 36% en las ciudades. Con el inicio del Régimen Cívico Militar, este proceso se aceleró. En 1970, alcanzó el 44% en el campo y 56% en las ciudades. En 1980, teníamos 34% en el campo y 66% en las ciudades. En 1990, con la afirmación del neoliberalismo en Brasil, llegamos a tener 26% en el campo y 74% en las ciudades. En 2010, esta proporción alcanzó el 16% en el campo y 74% en las ciudades, como muestra el Gráfico 4. Este proceso se profundizó en la década de 1990 con la introducción del neoliberalismo, profundizando el proceso de desindustrialización y de reducción del empleo industrial, sumado a la reprimarización de las exportaciones.


Gráfico 4: Tasa de urbanización brasileña

Fuente: http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-brasileira.html


Otro elemento a destacar es el aumento de la violencia, según la tasa de homicidios. Destacamos en el Gráfico 5 los datos referentes a la ciudad de San Pablo. Observamos que esta urbanización o éxodo rural fue acompañada por el crecimiento de la violencia, donde tuvimos la expansión de la industrialización, que en teoría tendería a absorber el gran contingente de gente proveniente tanto de la zona rural como de otras regiones.


Gráfico 5: Aumento de la violencia, según tasa de homicidios. Municipio de San Pablo. 1960-1997

Fuente: <https://pt.slideshare.net/AlexandreBalthazar1/urbanismo-na-periferia-do-mundo-globalizado>


La urbanización se intensificó durante los años ‘70, lo que trajo como resultado el aumento de la violencia, especialmente en la ciudad de San Pablo, que era el mayor centro industrial del país. Este proceso fue marcado por los años de plomo, con sus asesinatos y torturas de militantes, acompañado por el llamado Milagro Brasileño de 1968 a 1973. Esta fase fue definida por la supresión de los derechos, intensificación del endeudamiento externo y, al mismo tiempo, una amplia inversión basada en las empresas estatales y el capital estatal. La apertura al capital extranjero y los incentivos fiscales y subsidios representaban las acciones para el crecimiento económico, llevadas a cabo como un intento de legitimar una dictadura y a sus políticos biónicos.


La deuda ecológica como parte de la reducción de costos para el sector privado


La deuda ecológica es el producto final del modelo de desarrollo practicado durante las varias etapas del desarrollo capitalista, que tiene una dimensión particular en los países subdesarrollados específicamente, considerando la división internacional del trabajo entre los países industrializados y los países subdesarrollados: el modelo agroexportador y de extracción mineral. Es importante recordar que este proceso inicialmente tuvo lugar en los países industrializados, destruyendo el medio ambiente de aquellos países. Sin embargo, el sistema colonial y, más tarde, el modelo agroexportador permitieron su aparición, con mucha mayor intensidad, en los países subdesarrollados. De esta forma, los productos y las prácticas industriales prohibidas en los países centrales, por el gran daño ambiental que generaban, comenzaron a ser utilizados más ampliamente en los países subdesarrollados.


El daño ambiental es, en parte, generado por los agentes privados del proceso productivo, por no poner en práctica las exigencias ambientales fijadas por el Estado, que podrían representar un aumento del costo de producción. De esta forma, lanzan al medio ambiente sustancias que deberían haber sido almacenadas adecuadamente y recicladas, cuando fuese posible.


El uso de agrotóxicos tiene como objetivo inmediato reducir el costo de producción de los bienes agrícolas. Sin embargo, lo que en un primer momento representa un aumento de la rentabilidad privada, al ser lanzado al medio ambiente, se transforma en un daño ambiental para el conjunto de la población, exigiendo en seguida la intervención del Estado.


La llamada revolución verde de los años ‘70, en Brasil, no fue sólo la introducción de la mecanización en el campo, sino también la introducción de los agrotóxicos, que ya estaban parcialmente prohibidos en los países centrales. Es bueno recordar que parte del sector industrial productor de agrotóxicos estuvo volcado a la producción de armas químicas, especialmente durante la Guerra de Vietnam.


El Brasil es hoy la novena economía mundial y posee cerca del 9% de todas las reservas minerales del mundo, destaquemos: petróleo, carbón mineral, diamante, mineral de hierro, bauxita, cobre, estaño, manganeso, níquel, oro y niobio. La extracción de minerales en territorio brasileño ha generado degradación ambiental y social, y conflictos entre la población indígena y los exploradores. La mayoría de las veces, el proceso minero es rudimentario y siempre implica la devastación de enormes zonas forestales y subterráneas.


Por otro lado, el gobierno brasileño ha garantizado a las multinacionales el derecho legal de poseer tierras para la búsqueda de minerales. Además, también ofrece ventajas para la exploración, garantizando la infraestructura necesaria y un compromiso para vender la producción, La exploración de aluminio es un ejemplo de este subsidio del gobierno brasileño con Japón, desde la época del Régimen Cívico Militar hasta hoy (Chiavenato, 1997). Este acuerdo fue hecho por la CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), que fue privatizada en 1997 por el consorcio Brasil, teniendo el control accionario la empresa VALEPAR, donde el Fondo de Pensiones de los empleado del Banco de Brasil - PREVI era el mayor accionista.


La deuda ecológica y social causada por la explotación del mineral de hierro no tiene precedentes, cuando recordamos que el día 5 de noviembre de 2015 ocurrió el primer gran desastre ambiental del Brasil: la ruptura de la presa de relaves de Fundão, localizada en la ciudad de Mariana, Minas Gerais (MG). Después de tres años, la segunda presa de relaves se rompió en la Mina do Feijão, en el municipio de Brumadinho, en el mismo Estado.


En la primera tragedia, los relaves recorrieron un total de 663 kilómetros hasta llegar al mar, en el Estado de Espírito Santo. Además, los relaves alcanzaron el Río Dulce, que cubre 230 municipios, los cuales tienen su lecho como herramienta de subsistencia, comprometiendo el abastecimiento de agua. Los efectos de los relaves en el mar serán sentidos por no menos de 100 años. Esta deuda ecológica, social y humana jamás será sanada, pues se tomaron vidas y familias fueron despedazadas, distritos fueron destruidos y millares de habitantes quedaron sin agua potable, sin casa, sin trabajo y, principalmente, sin sus seres queridos.


La segunda tragedia de ruptura de la represa de VALE S.A., en Brumadinho (MG), resultó en una caída de la bolsa de valores de más del 20%, el peor desempeño diario de su historia, equivalente a una pérdida de 72,8 mil millones de reales en valor de mercado. Sin embargo, después de un año, VALE S.A. recuperó el valor que tenía antes de la tragedia. Por otro lado, la tragedia de Brumadinho lanzó al Río Paraopeba un volumen de 12,7 millones de metros cúbicos de desechos mineros, un valor menor que el lanzado en Mariana - MG, en 2015, con 50 millones de metros cúbicos, pero suficiente para poner en riesgo las actividades agrícolas, el manto freático y los ríos, incluyendo al Río San Francisco.


En este momento, tenemos una gran catástrofe humana con 271 muertos, 16 desaparecidos y ningún responsable por la tragedia. VALE S.A. calcula ya haber desembolsado alrededor de 2,3 mil millones de reales en indemnizaciones y en la contratación de servicios para minimizar los daños ambientales. Sin embargo, no entra en la contabilidad de VALE S.A. la destrucción del Río Paraopeba y los efectos que ese proceso tendrá sobre el Río San Francisco, que sirve de base para los proyectos de irrigación de varios municipios, entre ellos, Petrolina y Juazeiro, sirviendo para la transposición de ese río y para abastecer áreas de cuatro Estados (Pernambuco, Paraíba, Ceará y Rio Grande do Norte).


En caso de ser confirmada la contaminación del Río San Francisco por residuos minerales, podrían hacerse inviables las grandes inversiones realizadas por el Estado brasileño con el objetivo de atender el abastecimiento de agua para la población y apoyar la actividad agrícola. Mientras tanto, la tragedia de Mariana cumple 4 años sin que, hasta el momento, VALE S.A. haya sido responsabilizada por los daños ambientales, como por la muerte del Río Doce y la reparación de los daños sociales.


Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), órgano responsable por fiscalizar las presas de relaves, existen 102 represas con características similares a la de Mariana y Brumadinho, 41 de ellas están en Minas Gerais y las restantes están dispersadas por los Estados de Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo.


Existen tres tipos de represas: Upstream, Downstream y Centerline. El método de contención que los especialistas dicen es más barato, que también es el que muchos dicen que es el menos seguro, es la Upstream, que es exactamente la que llevó a la tragedia de Mariana y Brumadinho. Según el geólogo Eduardo Marques, profesor de la Universidad Federal de Viçosa (UFV), esa es la forma más común porque es la más barata de construir y la más rápida de licenciar, porque ocupa menos espacio en la cuenca hidrográfica. Pero también es la más peligrosa y con el mayor riesgo. Por eso, países con características similares a las de Brasil no la usan o las están prohibiendo.


Otro tipo de exploración que causa una enorme deuda ecológica y social es la retirada indiscriminada de oro. Esta provoca deforestación, quemas, remoción de grandes volúmenes de tierra, y los materiales no aprovechados son lanzados a los ríos y valles, causando sedimentación. Este crimen ambiental se agrava con la liberación de mercurio en los ríos, ya que es tóxico para todo el ecosistema y afecta directamente a los seres humanos al consumir pescado y beber esas aguas. Los trabajadores involucrados en esta actividad también tienen su salud comprometida por la toxicidad y precariedad del trabajo en las minas.


La coordinadora de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, Maria Lucia Fattorelli, afirma que es inadmisible que el desarrollo socioeconómico brasileño se vea obstaculizado por insuficiencia de inversiones en derechos elementales como educación, salud y seguridad, cuando tenemos tantas riquezas minerales siendo explotadas bajo violación de las leyes.


Existen tres movimientos que consideramos en la discusión de la deuda ecológica: los reflejos del crecimiento del éxodo rural, la expansión del agronegocio y la industrialización. El crecimiento acelerado de las ciudades y las necesidades de este ecosistema urbano han modificado el medio ambiente, con perjuicios para el propio medio y para los seres humanos que viven en él. El creciente éxodo rural amplió la formación de grandes concentraciones urbanas con ausencia de organización y, consecuentemente, las ciudades fueron construidas sin la infraestructura adecuada, tanto en relación con lo habitacional como también en las instalaciones y el funcionamiento de las industrias.


De acuerdo con la Ley 11.445/07, debería existir en todos los municipios brasileños el saneamiento básico, lo que significa que el Estado debería ofrecer un conjunto de servicios tales como: infraestructura e instalaciones operativas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, limpieza urbana y manejo de residuos sólidos, y drenaje y manejo de las aguas pluviales urbanas. La Figura 1 muestra el ciclo completo de saneamiento.


Figura 1: Ciclo completo de saneamiento.

Fuente: https://biogeoqmar.paginas.ufsc.br/divulgacao/como-a-saude-publica-e-afetada-pela-falta-de saneamento-basico/ 


Además de la prestación de los servicios de saneamiento, el Estado tiene la obligación de regular y gestionar todos los problemas ambientales producidos por el modelo de desarrollo practicado durante las diversas etapas del desarrollo capitalista. Los problemas ambientales generados por la intervención de los seres humanos sobre el medio ambiente fueron agravados por la expansión del agronegocio y el crecimiento de la industrialización. Esos sectores generan y continúan aumentando la deuda ecológica, pues perjudican y alteran las características del medio ambiente, o sea, pueden causar contaminación del suelo, aire, agua, acústica y visual, lo cual puede causar perjuicios a la salud humana y animal, extinción de fauna y provocar daños a los bienes naturales, culturales e históricos.


Por lo tanto, para discutir la deuda ecológica, no podemos separar la contaminación ambiental por modalidades, ya que, después de todo, ocurren por muchos factores interdependientes. La deforestación generalmente causada por el agronegocio es un ejemplo de transformación de un ambiente rural con alteraciones ambientales que siguen una secuencia de violaciones ambientales, tales como la quema, la plantación de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos a gran escala. Como resultado, las consecuencias son numerosas.


Es importante recordar que el agronegocio hace inviable el cultivo de semillas criollas y acaba con la agricultura familiar, provocando desequilibrios ecológicos que pueden amenazar la salud humana y los recursos naturales (agua, aire y el suelo). Este hecho compromete, incluso, hasta el abastecimiento de agua de las ciudades, pues los pesticidas aplicados en los cultivos del agronegocio alcanzan la capa freática y los ríos, pudiendo llevar años hasta que desaparezcan del agua, del suelo y del aire luego de ser aplicados.


La peculiaridad de las cuencas hidrográficas del Brasil permite que el gran volumen de agrotóxicos utilizado en las regiones que impulsan el agronegocio sean desplazadas a regiones de alta densidad poblacional, donde los ríos funcionan como desembocadura final de las diversas formas de contaminación. Un ejemplo de eso lo tenemos en el Río San Francisco, que nace en Minas Gerais, pasa por Bahía, Sergipe y desemboca en Alagoas. De esta forma, todo los pesticidas aplicados en los cultivos próximos al Río San Francisco acaban siendo llevados a todas estas regiones del noreste.


Los pesticidas del Mato Grosso pueden ir tanto a los ríos del Amazonas como hacia la cuenca hidrográfica del Río Paraguay, pasando por el Pantanal. Por lo tanto, el alcance de los pesticidas se extiende por este motivo. De 2014 a 2017, las empresas de suministro de agua de 1.396 municipios brasileños encontraron los 27 pesticidas que son obligados a monitorear por razones legales. Esto significa que, de cada cuatro ciudades brasileñas, una tiene su agua contaminada por al menos un pesticida.


Cabe mencionar que, según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), de los 27 agrotóxicos analizados, 16 son considerados como extremada o altamente tóxicos, y 11 están asociados con el desarrollo de enfermedades como cáncer, malformación fetal y disfunciones hormonales y reproductivas. De esta manera, San Pablo, Paraná, Santa Catarina y Tocantins responder por más del 80% de los municipios donde fueron encontrados los 27 tipos de agrotóxicos testeados por el sistema de abastecimiento de agua.


La cultura de la caña de azúcar, que es utilizada como una fuente de energía renovable, es también la que más utiliza herbicidas. Por esto, San Pablo, que es el mayor productor de caña de azúcar del Brasil, juega un papel importante en la contaminación de los ríos que abastecen a la población brasileña. Entre varios Estados, otro que mencionaremos es Bahía, que posee 271 ciudades contaminadas por agrotóxicos, y 4 ciudades que consumen los 27 pesticidas. En los demás municipios encontramos, como mínimo, un tipo de agrotóxico en el agua que abastece los grifos de las ciudades.


La Figura 2 presenta el número de agrotóxicos detectados en las aguas que abastecen a varios municipios brasileños. Las ciudades en las que se detectaron los 27 pesticidas en el agua se encuentran en San Pablo (504 ciudades), Paraná (326 ciudades), Santa Catarina (228), Tocantins (121), Mato Grosso do Sul (65), Minas Gerais (50), Mato Grosso (30), Rio de Janeiro (19), Sergipe (15), Rio Grande do Sul (14) y Espírito Santo (8).


Figura 2: Número de agrotóxicos detectados en el agua

Fuente: https://conexaoto.com.br/2019/04/16/maioria-dos-municipios-tocantinenses-e-abastecida-com-agua-contaminada-por-agrotoxicos-mostra-levantamento


De esta forma, la deuda ecológica fue acompañada por una deuda social del Estado, ya que, cada vez más, el modelo practicado se basaba en el latifundio y el monocultivo, ampliando de esta forma los problemas sociales y, consecuentemente, generó un gran éxodo rural y todos los demás conflictos sociales derivados de un modelo de desarrollo con una perversa desigualdad regional y social. El Estado brasileño, cada vez más capturado por el sistema de la deuda, y cada vez más distante de sus funciones sociales, se ha convertido en un estado rentista en la dimensión periférica.


En 2014, las regiones brasileñas tenían las siguientes participaciones en el PIB - Producto Interno Bruto de Brasil: Región Norte 5,3%, Noreste 13,9%, Centro-Oeste 9,4%, Sur 16,5% y Sudeste 54,9%. Aquí podemos observar que regiones como el Centro-Oeste, el Norte y el Sur, con gran presencia del agronegocio y, a su vez, asociados al uso de agrotóxicos, tiene un peso menor en el PIB, pero una mayor contribución en la determinación de la Balanza Comercial. Sin embargo, para las arcas públicas, estas regiones contribuyen poco, en vista de la Ley Kandir, Las consecuencias ambientales de esta dependencia de los agronegocios para obtener dólares para las reservas internacionales no sólo están en la contaminación de los alimentos, sino también en la contaminación de las aguas (aguas subterráneas y ríos), del suelo y del aire. Es bueno recordar que el Artículo 3 de la Constitución Federal de 1988 (CF/88) establece que los objetivos fundamentales de la República Federativa del Brasil son:

  1. Construir una sociedad libre, justa y solidaria;

  2. Garantizar el desarrollo nacional;

  3. Erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades sociales y regionales;

  4. Promover el bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de discriminación (Brasil, 1988, Art. 3).

Analizando los ítems I, II, III y IV del Artículo 3 de la CF/88 con los datos del Gráfico 6, que trazan la distribución del ingreso en Brasil, es evidente que éstos no fueron puestos en práctica, agravando, a su vez, la deuda social. La distribución del ingreso en Brasil, según el IBGE en el Censo de 2010, se produjo de la siguiente manera: 41% de la población poseía hasta 1 salario mínimo; 30% de la población percibía ingresos de 1 a 2 salarios mínimos; 10,5% ganaba de 2 a 3 salarios mínimos; 8,5% ganaban de 3 a 5 salarios mínimos; 6% recibía de 5 a 10 salarios mínimos; 2,5% ganaba de 10 a 20 salarios mínimos; y, por último, el 1% ganaba por encima de 20 salarios mínimos.


Gráfico 6: Distribución del ingreso en Brasil – Censo 2010

Fuente: <https://latinamericahoy.es/2012/09/20/3-pecas-chaves-no-censo-do-brasil/>


Para tener una visión mejor del poder de compra de la población, precisamos ver cuál es el valor del Salario Mínimo Necessário (SMN) calculado por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socio Económicos (DIEESE), teniendo como base a la CF/88, que afirma que el SMN deberá ser suficiente para que una pareja y dos hijos puedan adquirir todos los artículos contenidos en el Capítulo II de los Derechos Sociales, Artículo 7:


Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su condición social: (...) IV - el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que preserven el poder adquisitivo, quedando prohibida su afectación a cualquier fin (Brasil, 1988, Art. 7).


El valor de este SMN, para febrero de 2020, debería haber sido R$ 4.366,51. Según el DIEESE, todos aquellos que ganasen por debajo de ese valor estarían dentro de la línea de pobreza total. De esta forma, podemos decir que casi el 85% de la población brasileña percibe salarios menores a R$ 4366,51, viviendo en condición de sobreexplotación. Por lo tanto, podemos ver que el modelo de desarrollo de Brasil no sólo concentró la propiedad y el capital, sino también los ingresos, impulsando el enriquecimiento privado y el empobrecimiento social, en tanto expandió la deuda pública, ecológica y social. De esta manera, consideramos que las formas de exención fiscal pueden comprometer las políticas públicas y favorecen a los sectores que generan la deuda ecológica y social.


Exenciones de impuestos y transferencias de recursos públicos hacia los sectores que generan la deuda ecológica y social.


La flexibilización de la legislación ambiental para reducir los costos de varios sectores, en particular el agronegocio y la minería, acabó siendo un factor adicional para aumentar la competitividad de estos sectores con los competidores globales. Sin embargo, las responsabilidades del sector privado en el sentido de contener el daño ambiental se han minimizado en forma de Ley, y cabe al Estado fiscalizar esto, lo que representa una nueva carga para el contribuyente. Otro factor de fundamental relevancia se refiere a las exportaciones, pues sectores como el agronegocio y la minería son eximidos de los impuestos relativos a la circulación de mercaderías y servicios (ICMS) cuando exportan, o sea, el sector privado orientado a la exportación acaba siendo exonerado por la Ley Kandir y, con eso, cada Estado ve reducidos sus ingresos.


Con respecto al efecto de la Ley Kandir, para el año 2017, en cada Estado, así como el valor acumulado de septiembre de 1988 a diciembre de 2017. Sumando las pérdidas de los Estados solamente en 2017, tenemos más de 45 mil millones de reales. Cuando analizamos las pérdidas para todos los Estados de septiembre de 1988 a diciembre de 2017, los valores llegan a 637 mil millones de reales. Por lo tanto, además de los daños ambientales y sociales, tenemos el daño tributario, lo que implica, en un primer momento, una reducción de ingresos. Sin embargo, cuando le sumamos la exención fiscal, típica de la guerra fiscal, al pago de los servicios de las deudas estatales, más evasión de impuestos, tenemos el comprometimiento de una gran parte de los ingresos de los Estados. Este hecho acaba siendo utilizado como tentativa de justificar nuevos empréstitos para estos Estados, en tanto se profundiza el ataque a los servicios y servidores públicos.


Sobre los efectos de la exención fiscal, Gomes (2019) afirma que esa política, que genera una brutal reducción de ingresos, con la alegación de la generación de nuevos empréstitos, acaba comprometiendo las inversiones sociales y en tecnología, investigación e inspección ambiental. Esto queda más claro cuando analizamos el caso de Río de Janeiro, donde, en seis años, este Estado ofreció una exención de 138 mil millones de reales, que representaría 138 años de presupuesto de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), una de las mejores universidades del país. En el Estado de San Pablo tuvimos, solamente en 2018, exenciones por 22 mil millones de reales, que representan más del doble del presupuesto de las tres universidades paulistas (USP, UNESP y UNICAMP). En el Estado de Alagoas, la exención impositiva para 2018 fue de 736 millones de reales, valor próximo al presupuesto de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL).


Consideraciones

Consideramos que las conexiones entre la deuda externa, la deuda pública, y la deuda ecológica y social resultan, en primer lugar, de la división internacional del trabajo, que separó a la economía mundial entre países industriales y países subdesarrollados. En segundo lugar, la vulnerabilidad estructural brasileña, donde en casi todos los 68 años analizados, el déficit de las transacciones corrientes fue la marca principal, especialmente en la cuenta de servicios, pues tuvimos déficit en todos los años. En tercer lugar, el modelo de desarrollo dependiente y asociado, proveniente de la época del Régimen Cívico Militar, impulsó el endeudamiento externo, que en seguida elevó el endeudamiento público, ya al comienzo de la nueva república. En cuarto lugar, con la introducción del Plan Real, el endeudamiento público alcanzó un nivel jamás registrado en la historia brasileña, al mismo tiempo que impulsó un proceso de privatización de los diversos sectores estatales, cuando el Estado brasileño pasó a tener compromisos cada vez mayores con el servicio de la deuda pública, reduciendo cada vez más las políticas sociales.


Este proceso fue acelerado con la Enmienda Constitucional del ‘95, que congeló los gastos sociales por 20 años. Con todo esto, la deuda ecológica pasó a ser cada vez más elevada, en tanto el Estado, al reducir los gastos sociales, acelera aún más la crisis social.


Estos datos aquí presentados demuestran las consecuencias sociales y económicas del modelo de desarrollo, que, en sus varias etapas, impulsó el enriquecimiento privado y el empobrecimiento social, donde el Estado, en sus diversas esferas (federal, estadual y municipal), impulsó un modelo que valorizó el latifundio, el monocultivo y, al mismo tiempo, utilizó los bancos estatales, las empresas estatales y el resto del aparato estatal para impulsar un capitalismo dependiente y asociado, que enseguida se alineó, cada vez más, con los intereses del gran capital, siempre sacrificando las políticas sociales. Dentro de esto, el Estado se endeudó al asumir funciones productivas y, al final, vió que el patrimonio estatal se privatizaba y se convertía en prisionero del capital de corto plazo nacional e internacional, y cada vez más dependiente del agronegocio y del sector extractivo mineral para la obtención de reservas.

La relación entre la deuda externa, la deuda pública y la deuda ecológica y social proviene de la función misma que el Estado capitalista asume, sea en la fase inicial del capitalismo, como en la fase más avanzada o monopólica, en que las contradicciones son más agudas. Por lo tanto, la desindustrialización y reprimarización que se profundizaron en la fase neoliberal acabaron ampliando el chantaje para justificar la prioridad en el sector del agronegocio y la minería, que, a su vez, profundizó la destrucción del medio ambiente y profundizó los problemas sociales.

Vale la pena recordar que la destrucción ambiental que estamos viviendo ocurre mientras tenemos en la CF/88 el Artículo 225, que afirma que todos tienen derecho “ a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras ”.


Bibliografía

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,


DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_225_.asp


CHIAVENATO, Júlio José. O massacre da natureza. São Paulo: moderna. 1989.


FATTORELLI, Maria Lúcia. Terrorismo ambiental e dívida ecológica. CADTM.  Bruxelas, 26 de Novembro de 2015. Acesso em https://www.cadtm.org/Terrorismo-ambiental-e-divida  


GOMES, José Menezes. Renúncia fiscal e novo ciclo de endividamento: a receita para o desastre. Auditoria cidadã da dívida. Brasília. 23 de julho, 2019.  Acesso em https://auditoriacidada.org.br/nucleo/alagoas-renuncia-fiscal-e-novo-ciclo-de-endividamento-a-receita-para-o-desastre-por-jose-menezes-gomes/ 


KURZ, Robert. As luzes do mercado se apagam: as falsas promessas do neoliberalismo ao término de um século em crise. Estudos avançados. vol.7 no.18 São Paulo May/Aug. 1993.


Acesso em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141993000200002.


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