Las Bombas del Saqueo

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 5 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.


La conversión de nuestra Nación en un mero territorio tributario requirió de tres bombas de succión de la riqueza nacional.


Hemos visto en el capítulo anterior que el sistema financiero ha sido el corazón del plan, la constitución de una tiranía financiera como eje central de las políticas implementadas, pero ello no hubiera sido posible si además, y conjuntamente, no se hubiera implementado una segunda bomba succionadora: el vaciamiento del Estado.


Tanto de sus riquezas como de su papel de mediador social.


La tercera bomba succionadora está constituida por las empresas con dominio del sistema de precios del mercado interno y manejo discrecional del comercio exterior.


La conjunción en el bombeo les permite manejar la moneda y el crédito, los precios y los salarios, los niveles de producción y el grado de disponibilidad de ingresos que tendrá la sociedad argentina en su conjunto. Ese salario de subsistencia que el imperio nos concede para seguir habitando este territorio tributario.


El Estado Nacional, por cierto, desde su constitución ha sido materia de saqueo de las distintas administraciones, salvo honrosas excepciones. La cosa pública ha dado lugar a negocios privados desde siempre. Y en ello se manifiesta nuestra idiosincrasia. La contrapartida de una administración corrupta ha sido una sociedad permisiva que aceptaba que el funcionario robara a cambio de hacer algo. “Roba pero hace”, frase escuchada cientos de veces en la sociedad argentina, para justificar la tolerancia al saqueo.


Iniciar una crónica del robo al Estado nos llevaría a los confines de nuestra historia como país, a los primeros días, cuando un grupo de acaudalados contrabandistas procuraba dictar la política por estos pagos. Alexander Mackinnon organizó la British Commercial Room y desde esa institución comenzó su labor de inteligencia, infiltración y de influencia sobre los funcionarios y militares españoles y criollos, hasta hacerse evidente e intolerable, cuando le fue decretada su expulsión y la de todos los agentes comerciales ingleses arribó la fragata inglesa “Mistletoe” y dio comienzo a la Semana de Mayo de 1810.


En oportunidad de la invasión militar de 1806, junto con el Gral. Beresford arribó el Cap. Gillespie, cuya misión consistió en llevar un registro de aquellos habitantes de la ciudad de Buenos Aires que se sometían y juraban “eterna” lealtad a su graciosa majestad británica. A cambio de sus servicios, se les garantizaba la protección para sí y sus descendientes. Uno de los que firmó ese juramento fue José Martínez de Hoz (ascendiente directo del Ministro de Economía del Proceso), a partir de allí súbdito británico y Director de Aduana durante el efímero gobierno inglés de 1806.


Su continuación marca nuestro sometimiento y excede en mucho la intención de estas páginas. Vale la pena estudiar los tratados de “perpetua amistad” de 1825 y de 1933 y el más escandaloso de todos, el de 1990, para entender quién desde siempre ha estado detrás de todas las claudicaciones nacionales: el imperialismo inglés.


Dice Vivian Trías: “las crisis económicas mundiales (que en general se irradian desde el Reino Unido) no son las causales directas o reales de las guerras civiles pero las condicionan, catalizan las contradicciones (sociales, políticas y económicas) que desembocan en ellas”.


Todos tenemos conciencia de la ineficiencia en los gastos del Estado y que en ello no solo se esfuman nuestros impuestos, sino que sostiene la trama de corrupción de la administración y enriquecimiento del sistema político.


Poco antes de la crisis del año 2001, un ex candidato presidencial estimaba que sólo por sobreprecios en las compras públicas, el Estado desembolsaba anualmente más de 5.000 millones de pesos.


EL PERFIL DEL ESTADO EN EL RÉGIMEN NEOLIBERAL


El amiguismo, los ñoquis, la superposición de funciones, las trabas burocráticas tan redituables para los elegidos, contrastaban con una administración incapaz de proveer de medicamentos a un puñado de enfermos de cáncer o de sida, inútil en el desarrollo de políticas sociales y educativas y en la procuración de justicia y seguridad.


Cada dependencia pública, ya sea nacional, provincial o municipal es, a los ojos de los usuarios, un coto de caza y la caja de alguna agrupación política y o sindical.


El entramado burocrático y la corrupción de las cúpulas definen por décadas el perfil del Estado argentino. A pesar de todo ello, el gasto público total en relación con el producto bruto interno increíblemente no reflejaba sobredimensionamiento en relación a otros estados. No obstante la prédica diaria que señala la necesidad de reducir el gasto público para aliviar la carga tributaria y de esa manera expandir los negocios.


Pero toda esta ineficiencia y corrupción es funcional al Régimen.


En las dos décadas precedentes a los años noventa el déficit primario, es decir antes del pago de intereses, oscilaba entre un cinco y un seis por ciento del producto bruto interno, luego de la drástica reducción por el proceso privatizador, el mismo se ubicaba en torno al 2,7% del PIB. Valores semejantes a los llamados países del Primer Mundo.


Este déficit tiene dos enormes causales: la primera el aumento de los intereses abonados por la deuda; en 1992 los intereses abonados ascendían a u$s 1.890 millones, por el mismo concepto en 2001 se abonaron u$s 14.000 millones, un incremento del 640%, en el mismo lapso la población aumentó un 13,1%, el PBI en un 31,9% y el índice de precios al consumidor en un 32,3%. Los demás componentes del gasto público aumentaron un 67,5%.


Esta ha sido la principal causal del descalabro fiscal, aún superior a la madeja corruptiva que asoló las cuentas públicas por esos años. Como si los beneficiarios por el pago de los intereses permitieran que su servidumbre festejara con “pizza y champagne”, al cierre de cada día de sus operaciones.


LA REFORMA PREVISIONAL


El segundo rubro que ha tenido significativa importancia en el descalabro fiscal fue producido por la reforma al sistema previsional. En el cuatrienio anterior a la reforma, el déficit de la Seguridad Social ascendió a 6.495 millones de dólares, basado en la insuficiencia de los aportes con referencia a los beneficiarios. En este déficit deben contarse las jubilaciones de privilegio, los subsidios y pensiones truchas y toda clase de maniobras que el imaginario delictivo le ha permitido a nuestros gobernantes.


Luego de producida la reforma en 1994, en el trienio 1995 a 1997 el déficit alcanzó los 16.193 millones de dólares, es decir, en tres años tuvo un aumento promedio anual de más de tres veces con relación a los cuatro años anteriores.


Entre 1998 y el año 2001, el déficit de la Seguridad Social ascendió 29.656 millones de dólares, un incremento del orden del 356% con relación al cuatrienio anterior a la reforma.


Pero hagamos un sencillo cálculo matemático tendiente a orientamos hacia dónde fue esa masa de recursos.


Tomando el déficit promedio del cuatrienio anterior a la reforma, el mismo asciende a 1.623 millones anuales, los pagos por previsión social fueron casi constantes (debido al virtual congelamiento de los haberes jubilatorios) por el período comenzado en 1995 y formalizado en el año 2001 (alrededor de 22.000 millones anuales); en siete años el déficit acumulado según el promedio debería ser de alrededor de 11.361 millones de dólares.


Sin embargo, el déficit real contabilizado fue de u$s 45.849 millones (la suma de 16.193 del trienio 95/97 más los 29.656 del cuatrienio 98/2001) que incluyen la pérdida de aportantes por la transferencia a la jubilación privada, el traspaso de las cajas previsionales provinciales y el déficit crónico del sistema de jubilación estatal.


La diferencia entre el déficit real (u$s 45.849) y el déficit promedio esperado según régimen anterior a la reforma (u$s 11.361) asciende a 34.388 millones de dólares.


Si las Administradoras de Fondos de Pensión le reclamaron al Estado por algo así como 16.200 millones que fueron pesificados y que corresponden al 70% del capital de sus aportantes, significa que el total del capital de los aportantes en manos de las AFJP alcanzaban alrededor de 23.143 millones; restando los 23.143 millones reclamados de los casi 34.448 de diferencia, faltan 11.305 millones, que aportados vía impuestos al Estado no se reflejan en el sistema previsional.


Mientras la sociedad argentina discutía la conveniencia del sistema de jubilación privada o el sistema estatal. ¿Dónde estaba el resto de la masa de recursos?


Fundamentalmente, en las comisiones cobradas por las AFJP que oscilan entre un 30 a un 40% del total de los aportes de los futuros beneficiarios, y que nos costaron u$s 11.305 millones.


Y también en nuestros impuestos, ya que por cada peso para cubrir las erogaciones previsionales es necesario destinar un porcentaje significativo de rentas generales para cubrir los descalabros anteriores.


En la conciencia de cuántos argentinos deben sonar los disparos que dieron fin a la vida de tan magnífico doctor, maestro y patriota. El terrible y trágico caso del Dr. René Favaloro, empujado a la muerte por sucesivas administraciones del PAMI que ni siquiera le atendían los llamados telefónicos, cuando reclamaba el cobro de sus créditos.


Los mismos ecos que resuenan por las muertes del Brigadier Echegoyen y los policías que investigaban la aduana paralela.


EL ROBO COMO MODELO FUNCIONAL DEL RÉGIMEN


El “robo para la corona” ha sido un componente central del Comportamiento de la clase dirigente, muy especialmente en la década de los noventa, cuando el ex ministro del interior José Luis Manzano la hizo famosa, explicando su actitud como administrador de las riquezas públicas.


No debe extrañar en este contexto que el presidente Kirchner explicara ante empresarios norteamericanos, que ellos no pudieron participar del proceso privatizador argentino debido a la enorme corrupción instalada.


Los inversores venían con las alforjas cargadas de dinero que no se volcó en las inversiones sino en las cuentas secretas de los privatizadores. Sobran los ejemplos, mencionemos al azar: el diputado trucho que se sentó en una banca para dar quórum a la votación en la Cámara de Diputados de la ley de privatización del gas argentino y las coimas al Directorio del Banco Nación por una licitación a favor de IBM.


Curiosamente en este caso, o tal vez no tanto, la empresa involucrada sí es de capital norteamericano.


Pero los ejemplos abundan y su sola mención llenaría varias páginas de este libro. Que cada argentino ejercite su memoria. no para hacer un ejercicio pasivo de historia sino para mantenerla activa y vigilante.


Tal vez, un paradigmático caso haya sido el de la empresa Ítalo.


En 1912, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otorgó a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad una concesión por 50 años para la prestación del servicio público de electricidad bajo cláusulas de reversión.


En 1936, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires bajo la Ordenanza 8.029 introdujo sustanciales modificaciones, eliminando la cláusula de reversión y prorrogando su vigencia.


Una comisión de notables presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde e integrada por el Ing. Juan Sábato y el Dr. Juan Pablo Oliver analizó y fustigó dichas concesiones.


En 1958, la compañía y el Estado llegaron a un acuerdo provisorio; el 30 de junio de 1961, con inusitada rapidez, se llegó a un acuerdo, se expidió la comisión que estudiaba el caso redactándose y firmándose el respectivo convenio todo en un solo día, además del decreto aprobatorio de toda esta gestión.


El Ministro de Economía por aquellos tiempos era el Dr. Roberto T. Alemann, delegado de la Unión de Bancos Suizos en Argentina, fuertes accionistas de la empresa Ítalo.


El 30 de diciembre de 1964, el presidente constitucional Dr. Arturo Illia firma un decreto en el que señala las dificultades que tiene la empresa para dar cumplimiento a la realización de su plan de obras y faculta a la Secretaría de Energía a facilitar su ineficaz funcionamiento, debido a la crisis energética. Ya por entonces, su servicio era de baja calidad debido a la obsolescencia de la maquinaria, la carencia de inversiones y el abultamiento de sus pasivos.


El 25 de junio de 1974, se crea una nueva comisión de estudios que poco después resuelve la “argentinización” de la compañía.


El 30 de junio de 1975, el Procurador del Tesoro Dr. Edgar Sá eleva su informe que, entre otros puntos, señala la ilegalidad de los contratos de concesión, diciendo: “la economía general del contrato, el acta de transacción que forma parte integrante de aquél y determinadas estipulaciones contractuales resultan violatorias del régimen de actividades relacionadas con la industria eléctrica previsto en la Ley de Energía y del ordenamiento para la prestación de los servicios públicos de electricidad que prescribe la ley”.


Estamos hablando de los contratos firmados en 1961 y el dictamen es de 1975, catorce años después.


La empresa contesta con descomedidas expresiones a través de su directorio; quien integra el mismo es el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz con el cargo de Vicepresidente.


Durante el proceso militar, la única empresa nacionalizada resulta ser la Ítalo, siendo Ministro de Economía el Dr. Martínez de Hoz, Secretario de Hacienda el Dr. Juan Alemann, hermano de Roberto Alemann y ejercía el cargo de Director del Banco Central el Sr. Francisco Soldati, hijo del Ing. Francisco Soldati, Presidente de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad.


En 1977, desaparece el conocido dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith.


Para la época del mundial de fútbol de 1978 se firmó el acuerdo de traspaso, tal como lo señala el Dr. Carlos Emérito González, de quien estamos relatando los términos de su denuncia; de los 35 millones de dólares iniciales ofrecidos por el Estado en compensación por activos de la empresa, a los 169 millones de dólares pretendidos por los accionistas, el acuerdo se fuma por no menos de 231 millones de dólares.


Años después, luego de un proceso de descapitalización, tarifas deliberadamente inferiores a sus costos, prolongados cortes en el suministro del fluido eléctrico que paralizaba el quehacer productivo y malquistaba a la población por los pésimos servicios brindados y de dos procesos hiperinflacionarios, la empresa volvió a manos privadas dentro del régimen impuesto por la Reforma del Estado.


LOS CONSIDERANDOS DE LA LEY DE REFORMA DEL ESTADO


Su mentor, el Dr. Roberto Dromi, se ufanaba al decir: “la privatización debe ser encarada no como actos aislados de naturaleza administrativa, económica o fiscal, sino como un proceso de naturaleza política, con impactos económicos, fiscales y sociales, y éstos serán las bases de su justificación, con independencia de argumentaciones ideológicas. El apoyo de la opinión público le brindará el sustento de legitimidad necesaria, y sólo su cuidadosa planificación garantizará el éxito”.


Conceptualmente claro, el por entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación recalca que las privatizaciones son el resultado de un proceso político cuya legitimidad estará dada por el manejo de la opinión pública.


El imperio de las leyes y el interés nacional queda subordinado al encanto de la manipulación de la opinión pública. Recuerden cuántos medios de comunicación masiva, cuántos comunicadores sociales y economistas, cuántos enjundiosos periodistas hacían campaña diariamente cantando loas a las privatizaciones.


Señalemos que por la misma época se privatizaron radios y canales que se encontraban en manos del Estado y que los nuevos dueños no podrían ser menos en este canto de falsas sirenas.


Y no olvidemos por ninguna circunstancia su acabada confesión: una cuidadosa planificación garantiza el éxito. Como dijimos al comienzo de estas páginas: lo que para algunos fue ceguera para otros fue plan.


EL PLAN DEL CAR!


Ya lo había adelantado el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) sucursal nativa del CFR (Council on Foreign Relations), en un trabajo pensado con anterioridad y publicado en julio de 1989, titulado “El financiamiento externo argentino durante la década de 1990”, una verdadera agenda financiera que el gobierno de Carlos Saúl Menem llevó adelante. Allí podemos leer en su página 30:


“...Argentina deberá realizar un esfuerzo para asociar a los principales acreedores a los beneficios de nuestro crecimiento económico...”; en su página 34, “...un reto de la hora actual es el de privatizar la inversión en los servicios públicos para mejorar la utilización de los recursos productivos (…) el Gobierno Argentino debe estar dispuesto a dar su aval para utilizar la vasta experiencia (del Banco Mundial y el BlD) para promover las privatizaciones...”


Al fijar las etapas del plan financiero, en su página 36 y 37 leemos: “Simultáneamente se iniciaría un programa de rescate de la deuda, utilizando como agente de compra al sector privado, a cambio de la venta por parte del Estado de activos físicos y financieros”.


En la página 53 termina definiendo: “La Argentina debería recuperar su capacidad de crecimiento, aunque sea con un acuerdo que signifique desprenderse de activos en manos del Estado, y después de transitar una profunda reforma fiscal, financiera y comercial que devuelva la rentabilidad a los sectores ( privados) competitivos”.


Queda claro, entonces, que todo el proceso de privatización fue un plan orquestado con anterioridad, la autoridad de los miembros del CARI y la publicación de su plan financiero a pocos días de la apresurada asunción de la presidencia del Dr. Menem nos lo demuestra.


OTROS COMPONENTES DEL SAQUEO ESTATAL


Pero no sólo se saquea el Estado a través de licitaciones arregladas o por privatizaciones condicionadas. En materia fiscal las armas son variadas para el logro de esos objetivos.


La licuación de pasivos de bancos y grandes grupos económicos, la estatización de la deuda privada y los regímenes de promoción, han sido otros de los métodos utilizados para el sistemático saqueo.


En el caso de los regímenes de promoción industrial consistía básicamente en la exención, reducción y diferimiento de determinados impuestos nacionales, provinciales y municipales, tendientes a facilitar la inversión y desarrollo de selectivas actividades industriales.


Se trataba de expandir el capital nacional, creando fuentes de empleo y explotando racionalmente los recursos dormidos de nuestro país, para ello, la sociedad en su conjunto, y el Estado en particular, resignaban recursos a favor de estos emprendimientos empresarios.


La realidad fue que producida la crisis, la actividad industrial y el empleo descendieron dramáticamente. Los regímenes sirvieron para consolidar a los grupos dominantes de los distintos mercados, desplazando a aquellos que no contaban con las prebendas de estos y, a su vez, el Estado para hacer frente a la pérdida de ingresos por estos conceptos, afirmó un sistema impositivo marcadamente regresivo.


El no cobro de impuestos a los sectores más pudientes recayó en un aumento a los impuestos que gravan los consumos y el trabajo del resto de la población.


Abandonada esta política por no poder ocultar los escándalos que produjo (recordar por caso Koner Salgado en Tierra del Fuego) y por imposición del Fondo, que veía en ella una resignación de los recursos para hacer frente al cobro de sus intereses, la misma fue sustituida por planes de promoción laboral, confeccionados a la medida de determinadas empresas.


Las modalidades de promoción de empleo conjugadas con la exención de aportes a los sistemas de seguridad social modificó el mercado laboral, precarizándolo aún más. Era más fácil y más barato tomar empleados cada tres meses que efectivizar a los presentes. De paso, se deprimían las justas reivindicaciones ante un salario con menor capacidad de compra.


Mientras las grandes empresas se beneficiaban con estas promociones, los trabajadores debían aceptar una rebaja salarial si querían mantener sus puestos laborales.


La desprotección de los trabajadores fue de la mano de la pérdida de miles de puestos de trabajo y el consecuente cambio de la cultura laboral. La ley de Reforma del Estado fijaba, en su artículo 41, que las sociedades privatizadas debían evitar efectos negativos sobre la pérdida del empleo, y que las asociaciones sindicales podrian convenir con el adquirente los mecanismos apropiados para tal fin. Los hechos demuestran que cada privatización de empresa pública fue acompañada con la pérdida de empleo de miles de trabajadores, mientras las cúpulas sindicales se favorecían en negociaciones con los nuevos dueños.


Una sucesión de decretos del ámbito laboral fue creando las condiciones legales de la precarización, especialmente en la década de los noventa. Se disolvieron institutos que fueron producto de enormes y larguísimas conquistas sociales. Al cierre de las fábricas lo que se producía era mayor pobreza. La Caja de Asignaciones Familiares se disolvió en 1991 y todo el sistema quedó bajo el control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la persistente rebaja en las contribuciones produjo un fuerte deterioro en las prestaciones. En 1996, se modifica el régimen de manera sustancial, las prestaciones se reducen eliminándose la asignación por cónyuge y la edad de los hijos beneficiarios del sistema y se fijan escalas remunerativas para percibir las asignaciones. Este cambio regula la política salarial, ya que los asalariados precarizados en las demás condiciones solo pedirán mayores salarios en la medida en que superen las asignaciones familiares.


Esta ha sido una de las formas de precarizar los contratos laborales y que desembocarán en la llamada ley banelco, que debilitó aún más las conquistas del sector de los trabajadores.


No ha sido menor una retahíla de moratorias impositivas, realizada a la medida de los grandes deudores del sistema impositivo. Hasta hace algunos años, se designaba a las moratorias por el nombre de determinada empresa que se había acogido a la misma, salvándose por este acto de las implicancias judiciales que inminentemente caerían sobre ellas. De la misma manera, se licuaban las responsabilidades penales de los profesionales y las consultoras que los asesoraban.


Al momento de escribir estas líneas, el Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos denunciaba a las principales empresas cerealeras encargadas de comercializar nuestra producción agrícola con el exterior, porque éstas sólo aportaban a las arcas del Estado el 0,8% de sus ganancias, con una facturación de 20.000 millones de dólares. En realidad, de las 7 principales cerealeras, 3 reportaban ganancias (por el 0,8%) y 4 reportaban pérdidas. En una nueva y clara maniobra de ingeniería fiscal, donde los beneficios son declarados en paraísos fiscales y la retribución a los productores y a sus Estados es ínfima o nula.


Es esta una de las formas más viles de succionar las riquezas de un país, ya que por doble vía se empobrece a los productores y al Estado que debería contenerlos y guiarlos.


La ingeniería fiscal se convierte así en una nueva forma de explotación.


Por ello es que los principales tributaristas europeos señalan que, en la actualidad, la soberanía nacional y/o continental pasa por cobrarle impuestos a los grandes conglomerados multinacionales.


EL ROL DE LA ADUANA


Tampoco debemos dejar de mencionar que la rebaja y la exención de los derechos de importación, a la par de destruir miles de puestos de trabajo de los argentinos, al resignar el cobro de recursos, consolidó un sistema impositivo regresivo basado fundamentalmente en la recaudación de impuestos al consumo y al trabajo.


A pesar de esta caída vertical en los aranceles aduaneros, ello no fue óbice para detener el contrabando a través de las más de 60 aduanas nacionales. Algunos estudios señalaban en la época en que fue Ministro de Economía el Dr. Ricardo López Murphy, que la Aduana perdía más de 5.000 millones de dólares anuales debido fundamentalmente a tres factores: el contrabando, una enmarañada legislación aduanera, y una laxa actitud de los encargados del control. A pesar de los informes recibidos, este ministro optó por anunciar un nuevo ajuste de 2.000 millones de dólares, que recaía fundamentalmente en los trabajadores estatales y las universidades, pretendiendo con esa magnitud de ajuste frenar la monumental crisis que se avecinaba, y haciendo oídos sordos a quienes le pedían que atendiera primordialmente al caso aduanero, ya que además de tener una magnitud superior y la enorme corrupción que de ella emanaba el frenar ese enorme grifo, permitiría mejorar la recaudación diaria del Fisco y no esperar a recaudaciones de período mensual ni a recortes presupuestarios, cuyos supuestos beneficios se verían después de 18 meses (período éste mencionado en la reforma propuesta por el ministro). López Murphy, sin embargo, decidió nombrar a] frente de la Aduana a un ex gerente de una de las compañías que más aportaban a su fundación, y que continuó en el cargo luego de la renuncia intempestiva de ese equipo económico.


Los estudiantes universitarios hicieron oír sus voces de protesta por el ajuste, que prácticamente agotaba su presupuesto, sacaron los asientos a la calle y dictaron sus clases desde allí. En menos de 24 horas, el Dr. López Murphy estaba renunciando, siendo reemplazado por el Dr. Domingo Felipe Cavallo, quien con su verborragia acostumbrada señaló que con su teológica ayuda saldríamos del atolladero.


El final ya lo conocemos, lo que tal vez no sea de público conocimiento es que el Sr. David Rockefeller estuvo ese día de incógnito en Buenos Aires, arreglando los términos de la asunción de su hiperquinético subordinado en el Council on Foreign Relations (C.F.R.).


LA RELACIÓN NACIÓN Y PROVINCIAS


Merece mencionarse también otro esquema por el cual se ha desguazado el quehacer estatal: el régimen de coparticipación federal de impuestos. En estos años, se han aplicado sucesivos y fracasados métodos, desde la reforma constitucional de 1994, el Parlamento, conjuntamente con las provincias y el Estado Nacional, nos deben un régimen de coparticipación de los impuestos que contemple los diversos intereses en juego.


Durante muchos años, a pesar de los múltiples proyectos tendientes a dar más autonomía financiera a las provincias y los municipios, conforme lo marca la Constitución Nacional, en la práctica los intendentes municipales elegidos por voto popular, han sido mendigos de su coparticipación (municipal) de los ministros de economía provinciales, elegidos éstos por el dedo de los gobernadores. Y los gobernadores, elegidos a su vez por el voto popular, han mendigado por los fondos coparticipables del Secretario de Hacienda de la Nación, supuestamente elegido por el dedo del Ministro de Economía de turno. Y todos a su vez, han mendigado de los funcionarios de cuarto nivel de los organismos internacionales de crédito para que éstos den su aprobación para el giro de fondos.


La soberanía y el federalismo fiscal cayeron en manos de oscuros funcionarios del Fondo Monetario Internacional.


Con leves variantes, éste ha sido el esquema distributivo de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, y entre éstas y los municipios.


Completaba esta trilogía el permisivo sistema de endeudamiento de los estados provinciales. En los momentos que recrudecía la crisis de la deuda, los estados provinciales se vieron liberados de todas las trabas para aumentar sus propias deudas, hecho realizado fuera de toda cordura y razonabilidad económica y lejos de toda enseñanza de cualquier manual de finanzas públicas que señala la prudencia con que debiera conducirse el administrador del Estado en tiempos de crisis.


La salida alocada de las provincias a colocar deuda tanto en el exterior como en el ámbito local, desplazó además a los agentes privados del mercado de crédito, elevando las tasas de interés y haciendo más dificultoso todo proyecto de inversión.


Debieron circular por nuestro territorio más de diecisiete monedas de cuño provincial y existiendo numerosas emisiones de bonos con que se pretendió pagar a los empleados públicos y a los proveedores, para evitar o menguar las legítimas protestas de la ciudadanía. Varias provincias decretaron el default sobre esos bonos.


El desmadre fue total y los costos fueron y son pagados siempre por el mismo sujeto: el pueblo argentino.


Sólo en los últimos años, con el esfuerzo conjunto de Nación y provincias, se ha comenzado a distribuir la carga de las heredadas deudas provinciales y municipales, aunque falta mucho por hacer.


EL PILAR DEL VASALLAJE


Esta invasión y conquista tiene como instrumentación los Tratados de Paz celebrados en Madrid el 15 de febrero de 1990 y en Londres el 11 de diciembre de 1990, ratificados por Ley del Congreso Nacional Nº 24.184, verdadera humillación y vasallaje de nuestra patria a la corona británica y continuación histórica de los acuerdos de “perpetua amistad” de 1825 y de 1933 denominado “Roca-Runciman”.


Estos tratados anglicanizaron el patrimonio nacional, entregando no sólo nuestras riquezas sino también sujetando nuestro país a la injerencia británica en la integración argentina con América Latina y la Unión Europea, además de la subordinación a nuestras fuerzas armadas; sometiendo a su control del mar epicontinental argentino y entregando de paso la fauna ictícola en esa región.


Debido a las leyes vigentes, se ha concesionado un territorio de similares dimensiones a la República de Chile para la explotación minera. Sin ningún tipo de control ni planificación estatal, las empresas inglesas o pertenecientes al Commonwealth disponen libremente de estos estratégicos minerales mientras gozan de los siguientes incentivos fiscales:


  • Regalías: el tope fijado es del 3% del valor de bocamina del mineral, basado en la información suministrada por la misma empresa y sin verificación fiscal.

  • Exenciones de aranceles y tasas aduaneras: (ley de Inversiones Mineras - Res. 112/2000). Están exentas del pago de los derechos de importación y de todo otro gravamen por importación de bienes de capital, insumos o equipos.

  • Exención en la liquidación de divisas producidas por sus exportaciones: están exentas de liquidar en el país el producido de sus exportaciones.

  • Libertad para transferencias al exterior: sin cargo y sin impuestos, pueden enviarse al exterior capitales o regalías obtenidas.

  • Exención de retenciones a las exportaciones: están exentas de estas retenciones.

  • Exenciones impositivas: se hallan exentas del impuesto al cheque (decreto 613/2001), de gravámenes provinciales y municipales (Ley 24.228), exención en impuesto a las ganancias, del impuesto a la ganancia mínima presunta.

  • Reembolsos por puertos patagónicos: (Ley 23.018 y Ley 24.490) las exportaciones salidas por Comodoro Rivadavia gozan de un 5% de reembolso; cuanto más austral el puerto de embarque, mayor el reembolso.

  • Estabilidad fiscal y cambiaria: por 30 años, las mineras no podrán ser afectadas por modificaciones en su carga tributaria y arancelaria, ni tampoco en su régimen cambiario.

  • Deducciones de gastos: pueden deducir la totalidad de gastos de exploración (Ley 24.196), los gastos de conservación del medio ambiente son deducibles de los gastos de extracción y procesamiento.

  • Devolución anticipada del IVA: en importaciones o compra de bienes de infraestructura y devolución de los créditos fiscales en IVA. Los créditos pueden ser canjeados por un préstamo bancario y el Estado se hace cargo de los intereses.

  • Exención de contribuciones sobre la propiedad minera: alcanza a todo impuesto o gravamen presente o futuro tanto del orden nacional, provincial y municipal.


Un verdadero enclave en nuestro país, silencioso, sólo llevado a la luz por los enormes perjuicios ocasionados en materia ecológica por la explotación irracional de nuestros recursos denunciados especialmente por grupos ecologistas, fundamentalmente del interior del país, que a través de estas denuncias y de las movilizaciones populares intentan concientizar al resto de la población.


Por ello, este verdadero enclave se fundamenta cuando, a raíz de la firma de los Tratados de Paz firmados en 1990 con Gran Bretaña, la reina se dirigió al Parlamento inglés señalando que a partir de estos tratados se abrirían enormes beneficios para los comerciantes ingleses en Argentina.


DEUDA Y MALVINAS


Con motivo de participar en la auditoría del expediente por donde se tramita la investigación judicial sobre la deuda externa, hemos tenido acceso a la documentación que la acompaña. Hay allí numerosos expedientes y carpetas con información todavía pendiente de estudio. Entre esa documentación hay una que nos ha quitado el sueño.


Con motivo de poner a disposición documentación requerida, el BCRA ha dispuesto depositar parte de ésta en el mismo tesoro de la entidad, elaborando un listado de los documentos y entregando las llaves de esas gavetas al juzgado.


Es un listado de más de 165 páginas que contienen documentos muchas veces identificados por solo un número de expediente. Toda la documentación formó parte de la auditoría realizada por los privados con motivo al Plan Brady de 1992.


Allí leemos que el paquete Nº 203 corresponde a documentación referida a Inglaterra con el Club de París en el año 1992, pero una carpeta nos sorprende por su enunciado: Expte. Nº 28197/92 Islas Malvinas (Ref. 4811/91).


Hemos requerido al secretario del juzgado Juan Carlos Foester el acceso al mismo, sin lograr una respuesta positiva, dado que según comentarios, la llave puesta a disposición del juzgado no aparecía. Podemos especular sobre el contenido del expediente pero nos llama la atención, ¿qué podrá contener que vincule a nuestras Islas Malvinas con la deuda externa y la renegociación del Club de París?

¿Es un reconocimiento directo o indirecto de gastos o costos de la guerra?


Hasta el momento de organizar esta segunda edición no hemos podido saberlo.


La documentación está asentada en el cuerpo 7 a fojas 249. Y a pesar del tiempo transcurrido (más de 15 años), el secretario a cargo no ha realizado el simple recuento de la documentación puesta a disposición por el B.C.R.A., por lo que dado el tiempo transcurrido, son muchas las cosas que pudieron acontecer con el expediente, que puede contener documentación vital para entender estos años, además de pruebas fehacientes de traiciones continuas a nuestro país.


EL RÉGIMEN DE SAQUEO EN SU PUNTO MÁS ALTO: LAS PRIVATIZACIONES


Hemos dejado para lo último el tratamiento del proceso de privatizaciones, fuerte emprendimiento del gobierno en el bienio 1990-1992. En los anexos I y II se dispuso la privatización o concesión de:


  • Empresa Nacional de Telecomunicaciones Aerolíneas Argentinas

  • UPTAR

  • Buenos Aires Catering

  • Empresas Líneas Marítimas Argentinas

  • Yacimientos Carboníferos Fiscales

  • Conarsur

  • Dirección Nacional de Vialidad  Ferrocarriles Argentinos, transporte de cargas, pasajeros, infraestructura y servicios

  • Yacimientos Petrolíferos Fiscales

  • Áreas de exploración y explotación petroleras

  • L.S. 84 TV. Canal 11

  • LS. 85 T.V. Canal 13

  • L.R. 3 Radio Belgrano

  • LR. 5 Radio Excelsior

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La tasación de estas empresas no fue realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación; en lugar de ello, se impusieron los criterios fijados por los bancos y consultoras privadas involucradas en el tema.


Se fijó una controversia técnica en la forma de valuar a las empresas para su venta. La valuación, mediante tasación de sus activos físicos y demás bienes, fue rechazada por los interesados en adquirir las empresas.


Otra fórmula comúnmente utilizada para alcanzar la valoración de una empresa está basada en el cálculo de las ganancias esperadas en el futuro descontadas a cierta tasa de interés; dicha fórmula también fue desechada.


En lugar de ellas, se utilizó un monto mínimo fijado en efectivo y una base en títulos de deuda que dejaba a los postulantes la posibilidad de competir ofreciendo un monto mayor. En otras palabras, las licitaciones serían ganadas por aquellos que les pagaran un monto mayor a los bancos. Ese fue el método utilizado para la privatización de la empresa telefónica estatal y, por ello, no debe extrañar que el Citicorp, el J.P. Morgan y el Manufacturer Hannovers, participaran activamente en la privatización.


En una nota en Página 12 del 16/02/1990, María Julia Alsogaray, interventora de la compañía estatal telefónica, con plenos poderes de la empresa a privatizar, declaró que esta capitalización de las deudas podría salvar la complicada situación financiera por la que atravesaba el Manufacturer Hannovers.


El precio de venta por las dos empresas creadas a partir de la privatización fue de 214 millones de dólares en efectivo y 5.000 millones de dólares en títulos de la deuda, pero como estos cotizaban al 15% de su valor nominal, podemos decir que el precio final por la venta de ENTEL fue de 964 millones de dólares.


Equivalente al promedio de dos años de utilidades declaradas por las adquirentes Telefónica y Telecom, o a menos del 6% de la facturación promedio anual si consideramos sólo el aporte realizado en efectivo, ya que el resto fue canje de deuda por acciones.


Telefónica ha declarado utilidades promedio en los años subsiguientes a la privatización de 300 millones de dólares; Telecom ha declarado utilidades promedio de 200 millones de dólares por los años subsiguientes a la privatización; en total, en promedio, suman quinientos millones de dólares de utilidades anuales. Siendo el precio total de la venta 964 millones, en menos de dos años los “inversores” recuperaron su capital.


Con ventas promedio de 1.905 millones de dólares en los años subsiguientes a la privatización por parte de Telefónica, y de 1.626 millones de dólares en los años subsiguientes a la privatización por parte de Telecom. La suma de ambas arroja una facturación promedio por los años subsiguientes a la privatización de 3.531 millones de dólares, por lo tanto, habiendo abonado en efectivo 214 millones, este aporte en efectivo representa el 6% de la facturación promedio anual por los períodos subsiguientes a la privatización.


Por último, agreguemos que los 214 millones de dólares recibidos en efectivo por la operación no alcanzaron para cubrir los pasivos (295 millones de dólares) que absorbió el Estado por la privatización.


Otro paradigmático caso es el de la empresa Aerolíneas Argentinas. En este caso, como no se podía mejorar la rentabilidad de la empresa mediante el aumento tarifario, como en el caso telefónico, se aseguró el derecho de bandera, que reserva la mitad de la oferta de servicios a la línea nacional, aunque se estaba concediendo el servicio a una línea extranjera. Para hacer más seductor el negocio, se entregó otra línea de cabotaje a los efectos de disponer el monopolio inicial de los servicios de vuelos internos.


Se licitó el 85% del paquete accionario de la empresa, ya que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores y el 5% lo reservaba el Estado.


Se fijó un precio base de la operación en 529 millones de dólares por todos los derechos soberanos de las rutas internacionales y la dotación de aeronaves; a cambio, el Estado se hacía cargo de todo el pasivo de la empresa, que sumaba más de mil millones de dólares.


Se pagaron en efectivo 130 millones de dólares, otros 130 millones en cuotas a 5 años (que fueron cancelados con otros créditos) y 1.610 millones de dólares en supuestos títulos de la deuda, ya que algunos eran certificados no registrados correspondientes a entidades financieras quebradas.


Como, según el pliego, la empresa operadora no podría tener más del 30% del paquete accionario de la empresa, Iberia adquirió ese 30% y un 19% en comisión, para luego ser repartido entre otras empresas españolas. Sumando así el 49% del paquete accionario, el máximo permitido por las normas licitatorias.


Posteriormente, y finalizada la adjudicación, los Boeing 707 que formaban parte de la flota fueron vendidos al valor simbólico de 1,54 dólares, para inmediatamente ser arrendados por la misma empresa, pagando un alquiler por su uso. Lo cual vació de sus activos a la empresa e incrementó sus costos.


Paralelamente, Iberia había contraído deudas para comprar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, e inmediatamente después de entrar en posesión de la empresa, trasladó a la misma esos pasivos; así, de buenas a primeras, la nueva aerolínea se encontró endeudada desde el primer día.


Sólo por las rutas aéreas, se estimaba el valor de la empresa en 800 millones de dólares. A ello hay que sumarle el valor de las aeronaves y de todo el material disponible y el prestigio comercial. Se pagaron efectivamente 130 millones, que como se ha dicho, se cargó al nuevo pasivo de la empresa.


El Estado perdió, además de este valor, la absorción de la deuda (1.000 millones de dólares).


Si la venta de ENTEL se realizó a un precio simbólico que no alcanzó a cubrir la absorción de pasivos (muchos de los cuales habían sido creados en el período inmediato anterior a la privatización), la venta de Aerolíneas Argentinas no sólo se realizó a pérdida, sino que se regalaron las aeronaves para que Iberia dispusiera de ellas y realizara otros negocios fuera de las fronteras y del control patrimonial argentino.


La privatización de la principal empresa del país Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) también es un caso singular.


Desde su creación, la empresa debió luchar contra los intereses antinacionales que pretendían doblegarla. Creada por el impulso del Gral. Mosconi y con el esfuerzo de miles de trabajadores que lucían con orgullo su pertenencia a la empresa estatal, pudo superar miles de encerronas durante los años de gestión.


Como dicen las conclusiones del fallo de la deuda externa, en no menos de cuatrocientos veintitrés oportunidades se concertaron irregularmente operaciones de préstamos entre la empresa y agentes financieros extranjeros, sin que ingresara a la empresa un solo dólar.


El monto de los préstamos ascendía a 6.000 millones de dólares.


En el mismo juicio, se constató que la empresa era obligada a vender a pérdida su producción a favor de las empresas extranjeras Esso y Shell, y a subcontratar empresas que llegaron a facturar un 400% más que los costos en que incurría la empresa cuando realizaba con su propia estructura la misma operación. Se estima que entre 1976 y 1989, Y.P.F. mermó sus ingresos en no menos de 11.000 millones de dólares, transferidos a manos privadas a través de los contratos de producción, y la cesión de reservas e información.


Al momento de privatizarla, el Estado absorbió cerca de 8.700 millones de dólares en deudas (las mismas al 24 de marzo de 1976 ascendían a 300 millones de dólares) y recibió como paga por el 70% de la empresa 5.113 millones de dólares.


La valuación de la empresa estuvo a cargo del banco norteamericano Merril Lynch, que estimó las reservas petroleras disponibles en un 30% menor a su valor. Una vez que la privatización fue realizada, se ajustó la valuación con lo que los operadores financieros, que habían comprado a bajo precio, se beneficiaron con la suba en la cotización de las acciones de la empresa. De allí el salto en la cotización de las acciones de la empresa de los $19 originales a más del doble, poco tiempo después.


Al momento de venderse las acciones a Repsol, la empresa se cotizaba a 15.159 millones de dólares. He aquí una de las magnitudes del saqueo. Luego de años de retirar utilidades, no realizar inversiones exploratorias de nuevas áreas de producción, contaminar el medio ambiente, manipular los precios en el mercado local, debió recomprarse las acciones que dieron mayoría al Estado en la empresa, en más de 6.000 millones proyectados a lo largo del plazo de la operación, mediante una emisión de bonos que la empresa española vendió en el mismo momento de recibirlos.


El banco americano pareciera que tiene la costumbre de subvaluar los bienes latinoamericanos, ya que en una denuncia publicada en la Red O Globo de Brasil del 8 de abril de 1997, varios parlamentarios brasileños acusaron a la entidad de valuar a la principal empresa brasileña, Vale do Rio Doce, en un 75% menor a las reservas minerales de la empresa.


Pero en materia petrolera, lamentablemente no ha sido el único caso. En 1991, se licitaron cuatro áreas en explotación (Vizcacheras, Huemul, Puesto Hernández y El Tordillo); luego se privatizó la cuenca austral. Por estas áreas se obtuvieron 1.323 millones que divididas por las reservas potenciales equivale a 77 centavos de dólar por barril y 1,24 dólares por barril si las dividimos por las reservas certificadas. Cuando el barril de petróleo alcanzó en los mercados internacionales los 25 dólares, se estimó que la transferencia de renta nacional a manos privadas superaba los 100.000 millones de dólares; las posteriores subas de la cotización del barril muestran acabadamente la condición de territorio tributario a que se somete a nuestro país.


Podemos calcular en más de 10.000 millones de dólares anuales la transferencia de recursos que la República Argentina resignó hasta su renacionalización a favor de las empresas petroleras. Dicho monto es por demás suficiente para hacer frente a la solución definitiva de la deuda social que el país tiene para con sus habitantes.


Sólo en los últimos meses comenzó un proceso de recuperación de la empresa, al hacerse cargo el Estado del 51% de las acciones, lo que fue un impulso anímico para nuestro pueblo, que celebró el regreso de la empresa insignia de la república a manos nacionales. Aunque aún es mucho lo que hay por hacer y recorrer para que YPF sea 100% nacional.


Los beneficiarios de esta resignación de riqueza, en definitiva, no son otros que los conquistadores de Puerto Argentino, sus socios y las empresas satélites o mascarones de proa del imperialismo.


Además, esta transferencia está enmarcada en la liberalidad que cuentan las empresas petroleras que no tuvieron por largos períodos la obligación de ingresar al país el 70% de sus exportaciones. El cuadro se complementa con la inexistencia de control por parte de la Secretaría de Energía sobre los montos y cantidades exportadas, dado que las exportaciones se realizan mayoritariamente por puertos privados. Las declaraciones de las empresas sirven para la liquidación de tributos y divisas y para las estadísticas que lleva la secretaría respectiva. Es claro, entonces, que la manipulación de precios y cantidades entre los exportadores del país y los importadores del extranjero consolidan la dependencia y la extranjerización de la renta nacional.


Para concluir: para hacer frente al proceso privatizador el Estado Argentino absorbió deudas de las empresas a privatizar (muchas de ellas generadas poco antes del proceso privatizador) por un total cercano a 26.000 millones de dólares, cifra superior a la suma de lo recibido en pago por todo concepto de esas mismas empresas mediante la absorción fundamentalmente de títulos de la deuda externa que para ese fin habían sido creados.


Queda pendiente elaborar un informe pericial que evalúe la ganancia de las empresas privatizadas descontadas a una tasa de interés internacional para saber, a ciencia cierta, cuál era el valor de las empresas que efectivamente la República Argentina entregó a manos privadas.


Para que se entienda, si la ganancia anual es 100 y la tasa de ganancia esperada es de 10%, el valor de la empresa es igual a 1.000, porque 1.000 por la tasa de ganancia esperada (10%) arroja una utilidad de 100.


Queda entonces por calcular las tasas de ganancias esperadas por cada sector para comenzar a saber el verdadero valor del patrimonio enajenado y la renta nacional que se ha entregado a manos privadas o, como ha sucedido en algunos casos, directamente a estados extranjeros.


El Dr. Julio González, abogado querellante de don Alejandro Olmos, estima que el valor de la cesión del patrimonio nacional alcanza el billón de dólares (u$s 1.000.000.000.000), basado en la publicación inglesa que ya hemos mencionado (Haciendo negocios con la Argentina).


Por lo cual el producido por la entrega a precio vil de todas nuestras riquezas se debe calcular en un 2,6% de su verdadero valor.


Ese 2,6% del total de las empresas sometidas a privatización corresponde a valores nominales de los bonos que se entregaron en parte de pago de los principales activos del país; si lo calculáramos a precio de cotización al momento previo de iniciación de las privatizaciones, el resultado es más indignante: sólo se abonaron para el Estado Nacional algo más de diecisiete mil millones de dólares por lo que se valuaba a un billón de dólares.


Digo abonado al Estado Nacional, porque el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz señalaba en su libro El malestar de la globalización que era sorprendente la cara de los gobernantes cuando se les ofertaba que todo “ahorro” para los adquirentes de las empresas a privatizar sería depositado en un 10% en las cuentas bancarias de algún país con secreto fiscal.


El siguiente cuadro muestra el verdadero valor de lo recaudado por todo el proceso privatizador.



Diecisiete mil ochocientos treinta y ocho millones de dólares, sobre un valor real tendiente a un billón. Las comisiones, de ser cierto los dichos de Stiglitz, han de haber sido fabulosas y convencido a más de uno.


Pero las áreas privatizadas se entregaron a este precio, y no sólo se aseguró el control monopólico del mercado interno, sino que además las tarifas fueron, en los meses previos a la privatización, subidas en la mayoría de los casos por guarismos superiores al 100%, tales los casos de la telefonía (141%), corredores viales (169%), gas (137%), entre otros.


Se aseguraba una ganancia monopólica a usufructuar durante décadas.


Empresas que hoy, con la excusa de subir las tarifas y con ello empujar los índices inflacionarios, extorsionan al gobierno para recibir enormes subsidios estatales, que incluidos en los presupuestos nacionales son votados en el Congreso Nacional y pagados por todos los argentinos.


Veamos cuánto ha perdido la República Argentina por el cambio del modelo económico basado en la producción, con todas sus falencias, por este modelo de renta financiera, exportaciones de materias primas con escasa o nula agregación de valor de trabajo argentino y fuga de capitales.


Se ha calculado hasta el año 2003, pues los índices posteriores están sujetos a cuestionamientos técnicos.


Si calculamos el promedio de crecimiento de nuestro producto interno bruto por los años anteriores al golpe de Estado del 76 encontraremos:



El promedio del crecimiento de nuestro PIB desde 1946 hasta 1975 arroja un 4,5%, repetimos con todas las restricciones y crisis que el modelo sustitutivo de importaciones e industrialización ha sufrido por esos períodos.


Nos preguntarnos qué hubiera pasado si no se sustituía el modelo productivo. Una primera y sencilla explicación está dada por el cuadro que procede.


Hemos calculado el PIB acumulado con una tasa promedio (4,5%), el resultado en un PIB proyectado a ese guarismo lo comparamos con el PIB real y sacamos la diferencia entre uno y otro año.


Los números son escalofriantes, y sólo son orientativos del vaciamiento.


Hemos perdido más de 3 billones de dólares por el cambio del modelo económico. Si lo medimos en años de trabajo desde 1976 hasta el año 2002, los argentino perdimos 13 años de trabajo.


Eso explica muchas cosas que nos han sucedido en estos años. Y cumple con el comentario que el profesor Harry Ferns, un estudioso de la relación Británica y Argentina, expusiera en su libro Argentina (página 248, publicado en Londres en 1969):


“Como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. Es imposible, para todos los propósitos prácticos, volver al sistema de laissez faire, y establecer el mercado libre como el principal mecanismo para la toma de decisiones en la sociedad argentina. Dadas las realidades de la vida creadas por Perón, la única posibilidad parecería estribar en descubrir el método de hacer funcionar eficazmente el sistema introduciendo aquí y allí elementos de flexibilidad según la oportunidad lo permitiera”.


Siete años antes del golpe, el profesor Ferns no parecía descubrir el método de hacer funcionar el método. La deuda fraudulenta, ilegítima a costa de la sangre y el sudor de los argentinos, le daría la solución.


Y la deuda fue creada, como lo dice el articulado de la Ley de Reforma del Estado:


Para dar medio de pago a nuestros acreedores para que éstos pudieran comprar a precio vil nuestros principales activas canjeando estos títulos por bienes nacionales.




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