La nacionalización del comercio exterior: una necesidad estructural para la soberanía argentina

Por Matías Slodky

En alguna ocasión, aquí en Koinón, se ha tocado un tema crucial en el desarrollo de la Argentina, tanto en su dinámica económica, como política y social. Precisamente, nos referimos a la última dictadura cívico-militar (1976-1983), debido al nuevo esquema que inaugura en nuestro país, no solo por su acción terrorista y genocida, sino por sus catastróficas consecuencias en el diseño y consolidación de un Estado neoliberal y un programa económico esbozado en beneficio del capital financiero internacional y los grandes grupos oligopólicos nacionales.

La dictadura llega sobre el final de una larga ola de crecimiento económico industrial - con sus altas y bajas - en nuestro país, pero incluso también a nivel global. Lo que concuerda, a su vez, con el declive del mejor período para la clase trabajadora, en el que se habían instituido las mejores condiciones materiales para luchar por más derechos.


Por lo tanto, en nuestro país había un estado de alerta muy fuerte frente a las políticas de saqueo a los sectores populares y a la defensa de lo que se había conquistado en el proceso iniciado por Juan Domingo Perón, desde su ascenso en el ‘43 y su posterior consolidación como presidente en el ‘46. Esta defensa es la cultura política que impregna el peronismo, al mantener viva, con sus fuertes reformas y avances durante sus gobiernos (1946-1955), la denominada “Argentina Peronista”. Proceso que la Revolución “fusiladora” de 1955 también intentó destruir de forma repentina, pero tuvieron que retroceder, a causa de la resistencia social del movimiento obrero.


En este sentido, denotamos que el golpe del 1976 viene a ejecutar el programa de retorno a una Argentina pre peronista, como era el deseo de los artífices del golpe de 1955, aunque este último no era técnicamente neoliberal porque no se había definido aún el tipo de reestructuración global de las relaciones entre capital y trabajo a nivel global, ni tampoco el entorno “favorable” para su implementación, como lo fue el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas para su debida aplicación.

Por esta sencilla cognición, ningún golpe o gobierno había podido llevar ese programa de aniquilación de la Argentina peronista; inclusive había fallado el previo intento del plan económico ortodoxo aplicado por Celestino Rodrigo y Ricardo Zinn (el Rodrigazo), el cual fue rechazado con grandes movilizaciones sociales, que obligaron al gobierno a dar aumentos de salarios.

Esto explica, de forma espeluznante, la violencia de la dictadura militar, los asesinatos, la desaparición como método de destruir las bases sociales del peronismo, sus avances y sus conquistas, con la intención de instaurar un plan neoliberal, un modelo diseñado milimétricamente por José Alfredo Martínez de Hoz, y un tipo de Estado casino que financie a los grupos del capital financiero local e internacional a través de la concentración del capital, el endeudamiento externo y su fuga al exterior. En criollo, un modelo donde ganen siempre los mismos actores y pierdan las grandes mayorías populares.

Continuando, de aquí en adelante se conforma un sector privado oligopólico, algunos de ellos, como Techint, SADE y Macri, mejor denominada la Patria contratista, como referentes de los grupos económicos locales que incluso van a liderar las privatizaciones de las empresas públicas de la década de 1990. Pero también otro gran sector, como el agro pampeano, complementado por el sector financiero extranjero, que comienza a dominar el comercio exterior argentino y los hilos de la economía argentina.

De esta forma, al salir de la dictadura, la consolidación de este proceso era inocultable, como también sus consecuencias negativas en nuestra sociedad, que se reflejaban en la pérdida de soberanía absolutamente en todos los sectores. Es más, la reapertura de la democracia en el ‘83, la cual se caracterizó por su intento de establecer un tipo de “democracia liberal”, es decir, el experimento de intentar establecer una democracia de baja intensidad, con una clase dirigencial burocrática y totalmente concesiva y operadora de los grupos de poder, permitiendo de forma notoria que el proceso neoliberal y la dependencia argentina se acentúe y consolide; se visualizó, primero, en el gobierno de Alfonsín, que intentó de forma pueril, en sus primeros dos años, hacer un tipo de plan de desarrollo interno, insistiendo en lo “pueril”, ya que los cambios estructurales de la dictadura impedían hacer ese intento, revelando por qué luego se aplican planes ortodoxos en contra del interés popular con una clara facilitación de la dirigencia operadora.

Posteriormente, el gobierno de Menem intensifica de manera eficiente el plan de José Alfredo Martínez de Hoz, puliendo, a través de Domingo Cavallo, la maquinaria del Estado casino y las reformas neoliberales reclamadas por el consenso de Washington, como un gran discípulo de la Escuela ortodoxa de Chicago, replicada académicamente en nuestro país con las nuevas universidades privadas que hegemonizan el neoliberalismo como ciencia práctica.

Domingo Cavallo, como ex director del Banco Central a fines de la dictadura, había sido uno de los encargados de estatizar la deuda privada, dejando de herencia casi 7 veces mas deuda que la recibida en el ‘76. Y ahora como el superministro de los ‘90, diagramó el saqueo, las privatizaciones, la dolarización dependiente a través del liderazgo de Menem y todo el arco dirigencial liberal concesivo a esas reformas.

Ahora bien, luego de este embrollo narrativo, que conserva la intención de remitirnos a los tiempos actuales y a los problemas estructurales de nuestro país, que tienen de base la continuidad del neoliberalismo, y la dependencia económica por parte de un puñado de grupos oligopólicos locales y extranjeros; es que se hace evidente por qué la confrontación hacia esos sectores e intereses son necesarios para encarar un proceso de desarrollo soberano nacional.

En el caso del comercio exterior, que representa la entrada principal de divisas, es donde se encuentran varias disyuntivas, debido a que el mismo está monopolizado por grupos trasnacionales financieros - ya explicado su origen - que poseen, a fin de cuentas, la gran cantidad de recursos de la economía argentina, ya que son los encargados de decidir cuántos son los dólares que ingresan a nuestro país, vulnerando el principio de soberanía básico de un Estado, y presionando de forma constante para la armonización de sus propios intereses.

El ejemplo claro de lo mencionado lo llevó a cabo el gobierno de Perón al asumir en el ‘46, a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), el cual centralizó y nacionalizó el comercio exterior argentino, haciendo posible la construcción de la “Argentina Peronista”; es decir, posibilitó los planes quinquenales, la inversión pública, el desarrollo industrial, los programas sociales, básicamente toda la herencia de esos años. No es casual que una de las primeras decisiones del golpe del ‘55 haya sido disolverlo. Aunque, en el tiempo, se dió su retorno parcial con la Junta Nacional de Granos, el mismo fue disuelto por el gobierno de Menem, establecido a través del decreto Nº 2284/91, bajo la firma de Cavallo.

A groso modo, es inviable pensar toda la obra del peronismo sin un instrumento como el IAPI, dimensionando así la importancia de la administración nacional del comercio exterior, inclusive más allá de diferencias ideológicas, como un principio básico del movimiento nacional y la soberanía.

Es, por otro lado, quizás uno de los reclamos mas notorios que ha tenido el gobierno iniciado por Néstor Kirchner a partir de 2003, que introdujo una ruptura con la democracia liberal hasta ese entonces, abriendo de manera discursiva, y en los hechos, una nueva ilusión de confrontación a los grandes grupos de poder, posibilitando, por más de 10 años, un crecimiento y desarrollo continuo para las grandes masas populares. Es probable que la conquista del comercio exterior, la nacionalización de los puertos para evitar la triangulación financiera y el auténtico control de los puertos argentinos, hubiera posibilitado el afianzamiento del proyecto en el tiempo, evitando así la dependencia que éste ocasiona en momentos de crisis, y la concentración del capital financiero, para favorecer al desarrollo local.

Evitando así, en periodos de crisis, la falta de divisas extranjeras (en una economía dependiente al dólar como la argentina), que producen periodos recesivos en nuestra economía, obligando al Estado a adquirir esas divisas a través del endeudamiento externo o comprando, con bonos, los dólares de los grandes entes que controlan nuestro comercio exterior.

Finalmente, el reclamo para la administración y nacionalización fehaciente del comercio exterior seguirá siendo un reclamo básico de la soberanía argentina y del desarrollo de un modelo nacional que incluya a todos los argentinos. Mientras permanezcamos en una democracia liberal timorata y concesiva hacia los grupos que administran para sus intereses el comercio y los recursos argentinos, diagramar un proyecto de país proveerá muchos mas sacrificios para el movimiento nacional, el cual deberá estar organizado para resistir los embates de toda índole.

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