La multidimensional deuda que deja Macri: edición feminismo

Por Delfina Bruno y Micaela Barreto

A tan sólo días de su culminación, el macrismo continúa contrayendo todo tipo de deudas con el pueblo: esta vez decidió negarle a miles de mujeres y personas gestantes un avance sobre el ejercicio del derecho a la salud, provocando otro capítulo de su circo político.


Con la derogación de la actualización del ‘’Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo’’ (ILE) introducido en 2015 e impulsada por el secretario Adolfo Rubinstein, el gabinete de Macri, una vez más, decide impedir el acceso al pleno goce de la salud a mujeres, niñas, adolescentes y cuerpos gestantes a pesar de la obligación del Estado argentino a respetar, hacer cumplir y regirse bajo los principios fundamentales de los acuerdos en materia de derechos humanos suscitados en el art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, haciendo mayor hincapié en la Convención sobre todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.


Si bien ya se habían atrevido al ‘’ajuste’’ de derechos en 2018 con la reducción del Ministerio de Salud a una secretaría dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dirigido por Carolina Stanley, partícipe de este ataque; luego, cuando el Poder Legislativo se habría encargado de rechazar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con el polémico festejo de la vicepresidenta Michetti y teniendo en cuenta que durante el mismo año el registro de femicidios expresaba que cada 30 horas es asesinada una mujer, es decir una mujer víctima de la violencia

machista, el Poder Legislativo aprobó el Presupuesto 2019, constituyendo una reducción arancelaria del 18% (destinando apenas $11,36 por mujer) al Instituto Nacional de Mujeres, sumandole un “recorte” del 14,7% en materia de salud sexual y reproductiva; el episodio en cuestión indica una re-afirmación del gobierno sobre su incompetencia para el abordaje del aborto no punible en Argentina, su falta de responsabilidad y seriedad para con la prevención de la violencia de género y su incapacidad para asimilar la urgencia que constituye la educación sexual en la Argentina.


La iniciativa del secretario, quien contaba con la facultad de suscribir el nuevo protocolo, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, implicaba para el colectivo en cuestión un avance respecto a su tratamiento en situaciones donde la interrupción del embarazo fuera necesaria. En este sentido, la actualización añadía la concepción de ‘’salud’’ dada por la Organización Mundial de la Salud, donde se la plantea como algo integral, entendiendo que no sólo corresponde al bienestar físico, sino también al mental y social, lo cual resguardaba a aquellas personas cuya salud mental y social se ponía en riesgo ante no desear continuar con un embarazo no planificado, sin ser necesariamente producto de una violación.


Además, el nuevo protocolo establecía un plazo explícito de 10 días para la realización de la intervención sin permitir a los funcionarios de la salud demorar la misma por concepciones morales personales -las mismas que impidieron la doble sanción del proyecto IVE desfavoreciendo la salud pública-, ante la presentación de una declaración jurada de quien decidiera llevarlo a cabo, al mismo tiempo que extendía el rango etario - a partir de 13 años - para la capacidad de tomar decisiones autónomas sin consentimiento de los padres. Asimismo, se añadía la consideración de que toda relación sexual mantenida con una persona menor de 13 años significaba una violación y en consecuencia, una razón suficiente para la realización de un aborto no punible sin la necesidad de generar una declaración jurada al respecto.


Por otra parte, se sumaba la imposibilidad de rechazar la solicitud de interrumpir el embarazo mediante una declaración jurada por parte de instituciones de salud, ya sean de carácter público o privado, alegando que la objeción de conciencia es personal e individual y nunca puede ser carácter de una institución. Es de importancia aclarar que, en torno a la declaración jurada, este Protocolo generaba un modelo en el cual no se revictimiza a la mujer víctima de violación, es decir, a diferencia de muchos procesos legales, este documento no sugiere la necesidad de profundizar en detalles acerca del traumático episodio sufrido a la hora de realizar la declaración, a fin de poder llevar a cabo la interrupción de su embarazo.


Consideramos que este hubiese significado un avance prometedor ante la estructura machista que se caracteriza por retraumatizar a las mujeres y cuerpos gestantes en los diversos procesos legales.


Finalmente, la actualización recomendaba el uso de misoprostol en combinación con la mifepristona, promoviendo flexibilizar los mecanismos legales para conseguir y legitimar el uso de dichas drogas, cuya obtención se vio históricamente obstaculizada por los prejuicios sociales que la decisión de abortar conlleva, incluso hasta el día de hoy.


De esta manera, la derogación del nuevo protocolo por parte de Mauricio Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley (con el apoyo de ministros como Bullrich y Dietrich), protocolo que ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Nación, representa no sólo una burla, al precarizar la salud, a la demanda de miles de personas para ejercer sus derechos, sino una más de las incontables contradicciones del macrismo dentro de su cuerpo gubernamental, que provoca la renuncia del secretario Rubinstein y genera una fractura de la coalición oficialista con gran parte de la Unión Cívica Radical.


Aún si fuera cierto que el presidente y la ministra no fueron comunicados sobre esta nueva actualización, según sus declaraciones, el rechazo del documento mediante decreto perpetúa el prejuicio al colectivo gestante sobre su decisión de abortar, en especial a aquellos casos que no son producto de una violación, como si aquel fuera el motivo único legítimo para tomar la decisión de convertirse en madre o padre. En esta línea, reivindicamos ‘’la prohibición penal y la persecución punitiva de las personas que abortan es interpretada como una cruzada moral, religiosa y disciplinadora, que impone las ideas de la maternidad compulsiva y el mandato reproductivo [...]’’ (Alfieri, E., Nabaes, S., 2018).


En este contexto, emerge el revuelo y sentido popular que considera una falta de respeto la decisión del presidente Mauricio Macri, de comunicar la decisión de derogar el Protocolo y dar a conocer sus justificantes, donde concluye, en su breve minuto otorgado de atención al tema, explicando que el Protocolo fue promulgado de manera unilateral por el secretario Rubinstein. Las palabras del presidente fueron expresadas por medio de una transmisión en vivo en la red social Instagram, considerando a ésta una pseudo conferencia nacional donde claramente un grupo reducido de argentinos tuvieron la posibilidad de presenciar tal comunicación presidencial, de modo que constituye una falta de respeto al pueblo y a la seriedad con la que se debe tratar un tema como la interrupción del embarazo no punible.


Este método de llegar al popular argentino genera otro episodio que representa una fiel caracterización del trato banal del mandato de Mauricio Macri y de su gabinete ante las reivindicaciones y las luchas de las mujeres.


Sin ninguna duda, el gobierno saliente ha sido un gobierno generador de deudas de todo tipo, esta vez decidiendo ir en contra de las demandas que el movimiento feminista promueve, no sólo con una reducción en materia de financiamiento, sino con una negativa para facilitar la decisión de una persona a decidir sobre su cuerpo.


Ahora sólo quedará esperar que la próxima administración encabezada por el presidente electo, Alberto Fernández, en conjunción con el recambio del Poder Legislativo, materialicen distintos postulados de campaña en respaldo a la posibilidad de acceder al aborto de manera legal, segura y gratuita, contemplando que es una problemática de salud pública y por lo tanto, de interés nacional de manera que se responda, de una vez por todas, a esta deuda histórica.


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