La farsa del “salto” exportador

Por Lautaro Garcia Lucchesi

En junio de este año, representantes de los intereses del campo le presentaron al Gobierno Nacional una “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”, el cual incluía un Plan 2020-2030, integrado por un conjunto de medidas que tenían como objetivo:

“Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio (biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos)”.

Según las estimaciones de las entidades involucradas, de ser aplicado dicho plan, la Argentina podría crear 700.000 empleos y exportar anualmente unos U$S100.000 millones. Este Plan 2020-2030, a su vez, se subdivide en otros 4 planes, que abarcan las áreas de inversiones, financiamiento, tecnología y exportaciones. Uno de los puntos centrales de esta estrategia es la garantía de estabilidad fiscal por un plazo de hasta 15 años, para quienes acepten participar de estos planes.

Exceptuando el Impuesto al Valor Agregado y a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, esta estabilidad deberá extenderse al resto de los tributos nacionales, y deberá venir acompañada por un régimen de amortización acelerada a los fines del Impuesto a las Ganancias, el reintegro de impuestos internos, la desgravación del Impuesto a las Ganancias, garantías financieras para el fomento de inversiones y exportaciones agroindustriales (acompañado por un fluido acceso al capital de trabajo requerido) y, con respecto a las retenciones, el establecimiento de un mecanismo para la devolución de los derechos de exportación para aquellos exportadores que hayan elevado el monto exportador, de acuerdo con los niveles estipulados.

En la elaboración de esta estrategia estuvo involucrado el equipo técnico del Frente Renovador de Sergio Massa, y es a través de él que este plan llegó al Presidente. Y se perfila como la estrategia a seguir para la reactivación de la economía, dejando atrás la pandemia del Covid-19.

Este plan tiene dos problemas. En primer lugar, es una clara continuidad de las políticas orientadas a la agroindustria aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, uno de los ejes durante la campaña de 2016 de Cambiemos era “transformar a la Argentina en el supermercado del mundo”. ¿No me cree? Veamos las medidas. En octubre de 2016, Mauricio Macri presentó el Plan de Fortalecimiento de Economías Regionales, el cual implicaba: reducciones de los derechos de exportación y reintegros a la soja; creación de un fondo para inversiones en capital de trabajo, infraestructura y logística, calidad y agregado de valor en origen y mejora de la competitividad; mayor facilidades de financiamiento; y reintegros a las exportaciones de las economías regionales. Todo esto permitiría la duplicación de la producción de alimentos y la creación de más empleo. Apenas asumido, Macri eliminó las retenciones al trigo, maíz y girasol, y redujo las retenciones a la soja del 35 al 30%, y a partir de 2018 fue bajando 0,5% mensual, hasta llegar al 26% en agosto de dicho año. Posteriormente, por la devaluación, hubo un cambio en el esquema de retenciones.


¿Resultados? Ahí van las cifras del Indec.


Producción de oleaginosas por cultivo. Total del país. Campañas 2012-2013 a 2017-2018

En este caso, vemos que la producción de oleaginosas sufrió una continua caída desde el cambio de gobierno, pasando de más de 65 mil toneladas en la campaña 2014-15, hasta poco más de 42 mil toneladas en la cosecha 2017-2018. Asimismo, también podemos ver que la soja es, por lejos, la principal oleaginosa que produce el país, aún a pesar de la caída que sufrió en las últimas tres campañas.

En este segundo caso, vemos que la producción de cereales alcanzó su punto álgido en la campaña 2016-2017, cuando alcanzó casi 76 mil toneladas, para caer en la campaña siguiente a poco más de 69 mil toneladas. Ahora bien, si tenemos en cuenta ambas producciones, vemos que la producción de oleaginosa cayó, desde la campaña 2014-2015 hasta la de 2017-18, poco más de 23 mil toneladas, mientras que en el caso de los cereales, el aumento es de poco más de 13 mil toneladas, lo cual no alcanza a compensar la caída en las oleaginosas.

Veamos ahora la tasa de desempleo, también según el Indec, para ver si aquí sí podemos observar el impacto de las medidas anteriormente mencionadas:


Como podemos ver, hubo variaciones a lo largo de los tres años que podemos ver en el cuadro; pero, si tenemos en cuenta la diferencia entre el primer trimestre del 2017 y el último del 2019, vemos que la caída de la tasa de desocupación es de apenas el 0,4%. Y si nos limitamos al 2018, puesto que los cuadros de producción de cereales y oleaginosas tomaron como últimos datos los de la campaña 2017-2018, vemos que la diferencia entre el primer trimestre del 2017 y el cuarto del 2018 es de apenas un 0,1%.


Esto no representa algo extraño. El campo no requiere de mano de obra intensiva para su producción, y aún menos con el régimen de propiedad predominante en el campo argentino.

Ahora bien, si este es el primer aspecto por el que la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal” es inadecuada, el segundo aspecto es aún más importante, porque parte de un error de diagnóstico. Este error está atado a una visión equívoca del papel de la Argentina en el mundo y, particularmente, en el comercio internacional.

Veamos los dos siguientes mapas:


En el primer mapa, podemos observar las principales rutas del comercio marítimo mundial, señaladas en color blanco, y sus rutas secundarias, señaladas en azul; mientras que, en el segundo mapa, podemos ver la intensidad/densidad de dichas rutas comerciales marítimas.

De esta manera, en el primer mapa podemos observar que la única ruta comercial marítima de relativa relevancia es la que llega al puerto de Santos, en Brasil; y una ruta menor que llega hasta Guayaquil. En el segundo, podemos observar que la mayor parte del comercio internacional sigue absolutamente una lógica Norte-Norte.

Esto nos muestra que el Sur no juega un papel de relevancia en el comercio internacional, y esto se profundiza aún más en el caso sudamericano, que se muestra prácticamente aislado del resto del mundo. Esto se debe a que nuestra región es considerada, por parte de las principales potencias del sistema internacional, como un reservorio de recursos hacia el futuro, cuya no explotación debe ser garantizada.

Esto no es una novedad. Ya a comienzos del siglo XX, el historiador norteamericano Henry Brooks Adams había señalado que, para que los Estados Unidos pudieran continuar con su proceso de expansión económica, en un contexto donde comenzaban a aparecer nuevas potencias industriales, debía garantizarse el suministro de materias primas. Y América Latina era una de las pocas regiones del mundo que contenían el hierro, el carbón y el cobre necesario.

Esta idea fue luego retomada por dos funcionarios norteamericanos: Henry Kissinger y Robert McNamara.

Kissinger fue el encargado de elaborar el National Security Study Memo 200, presentado en 1974, donde había un extenso análisis sobre la situación demográfica a nivel global y posibles soluciones para la preservación de los intereses norteamericanos en materia de recursos naturales. Y uno de los problemas a resolver era el crecimiento poblacional en los países del Tercer Mundo, por ello proponía como solución el establecimiento de políticas extensas de control poblacional; ya que un continuo crecimiento de la población en los países pobres traería aparejado una creciente conflictividad social, y esto traería reacciones adversas a los negocios norteamericanos. Para esto, propuso atar la asistencia financiera bilateral y/o multilateral a la adopción de políticas atadas a los intereses norteamericanos.

Por su parte, McNamara fue el encargado de efectivizar estos condicionamientos, siendo Presidente del Banco Mundial entre 1968 y 1981. Como lo reconocen Eric Toussaint y Damien Millet:

“Se incitaba a los países del Sur a pedir préstamos masivamente, para financiar la modernización de su aparato de exportación y para vincularlos más estrechamente al mercado mundial. De hecho, McNamara empuja a los países del Sur a someterse a las condiciones asociadas a estos préstamos, a aceptar infraestructuras inútiles, presupuestos sociales insuficientes, a construir grandes presas ruinosas en un medioambiente saqueado, a deudas colosales… El cebo utilizado: liquidez puesta a disposición de gobiernos locales sin ningún mecanismo de lucha contra la corrupción y la malversación de fondos públicos. A cambio de esta liquidez, los gobiernos aceptan la mayor parte de las recomendaciones del Banco Mundial.

(...) Al principio de los años 1980, los países del Sur, endeudados en exceso, sufren de lleno el alza brutal de las tasas de interés y la caída de los precios de las materias primas, cuya producción aumenta sin cesar para pagar su deuda, lo cual genera que se acreciente la competencia entre ellos, al mismo tiempo que la demanda no crece en el Norte. Las consecuencias serán terribles para los pueblos del Sur que están obligados por el FMI y el Banco Mundial a desangrarse para pagar a los ricos acreedores”.

El propio McNamara, en su primera visita a Latinoamérica como presidente del Banco Mundial, pronuncia un discurso, aquí en Buenos Aires, donde afirma:

“Me preocupa el muy rápido aumento de la población en la mayor parte de los países latinoamericanos, crecimiento que tiende a frenar el incremento de los ingresos individuales y a impedir el mejoramiento de las condiciones de vida.

(...) Pedimos una evaluación realista del efecto del crecimiento demográfico en aquellos países donde es evidente que ese crecimiento está retardando el progreso, y un esfuerzo sincero para enfrentar este problema tan difícil y complejo de nuestro tiempo”.

Como lo reconoce nuestro compañero Néstor Forero, una de las consecuencias de la última dictadura militar fue la caída en el índice de natalidad de nuestro país:

“Según el censo de 1970, conforme a la cantidad de habitantes censados y con los índices de aumento poblacional anuales, que se mantenían constantes en las últimas décadas anteriores a aquel censo, los censistas calculaban una población para el año 2000 de cuarenta millones de habitantes.


Sin embargo, al realizarse el censo en enero de 2001, los censistas quedaron estupefactos: en vez de una población cercana a cuarenta millones; los censados apenas superábamos los treinta y seis millones doscientos mil habitantes ¿Dónde estaban los cuarenta millones de argentinos y extranjeros que habitarían nuestro suelo para el año 2000?”

Por estas razones, la política de la República Popular China de acercarse a los países sudamericanos, para utilizarlos como proveedores de materias primas, choca con el destino que los Estados Unidos le han dado a nuestros países. Esto no significa que China aspire a facilitar nuestro desarrollo; por el contrario, nos otorga el mismo papel que el hegemón norteamericano, sólo que no hacia el futuro, sino en el mismísimo presente.

Por esta razón, hablar del “salto exportador” como el modelo para el desarrollo de nuestro país es una farsa. De hecho, ese relativo aislamiento del comercio internacional podría permitirnos la gestación de un modelo de desarrollo autónomo propio, con una inserción al mundo pensada desde la Argentina, y no impuesta desde fuera. Pero esto será cosa de decisión política. Y es allí donde radica el problema.


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