Por Jorge Osvaldo Furman
Capitalismo Monopólico Financiero, Burguesía Terrateniente y Consolidación del Modelo Agropecuario Colonial. El siguiente artículo fue revisado y editado por nuestro director, a partir del texto completo del Prólogo al libro de Jorge Osvaldo Furman, Luis Brajterman, Néstor Legnani, Hugo Pomposo y Daniel Osvaldo Rossano. La República Representativa, la Legitimidad y el Sistema Democrático. Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina (CEAL); Buenos Aires, Argentina; 1993.
Alrededor de la década del 80 del siglo XIX, el mapa territorial argentino señalaba, en sus aspectos económicos y sociales, ciertos indicadores que merecen una clara puntualización; paralelos a los cambios ocurridos en el sistema capitalista. La etapa industrial que se venía desarrollando, a partir de fines del XVIII, da lugar a una nueva coyuntura: la monopólica financiera. Una vez más, el avance tecnológico, en este caso el ferrocarril y la navegación de ultramar a vapor, provocaban cambios drásticos y nuevos problemas a resolver. El crecimiento de la industria pesada, gracias a novedosas aplicaciones en la producción de acero, exigían mayores inversiones de capital, una prolongación en el tiempo para la acumulación de ahorros a invertir para la obtención de dividendos y la fusión de los sectores bancarios y comercial, capaz de proveer, planificar y maximizar la renta, suprimiendo costos.
Todo este complejo inversionista dibujaba una nueva entidad que lo enmarcaba y canalizaba: la empresa monopólica, a través de su expresión jurídica: la sociedad anónima. Por ende, los países centrales, comenzando por el Reino Unido, ya no iban a mirar al Mundo como un gran centro consumidor de sus manufacturas, sino también como un escenario donde obtener materias primas, regido por la lógica de los costos y los beneficios.
Si hasta hacía poco las zonas periféricas eran simples receptoras de productos elaborados y, en consecuencia, la Libertad de Comercio constituía, para ellas, el alfa y el omega de su política exterior; en las décadas de 1850 y 1860, ésta concepción se amplía, reformulándose. La etapa monopólica financiera significaba, para el viejo continente, una redefinición de las relaciones de trabajo entre el campo y las ciudades, a expensas del primero; y una concomitante modificación del concepto de División Internacional del Trabajo, a escala planetaria.
Cada zona del globo, cada sociedad, debían dedicarse al tipo de tareas en la que el costo fuera mínimo y los beneficios los máximos posibles. De este modo, la propia Gran Bretaña debía abandonar a suerte al sector agrario, considerado por muchos como improductivo y altamente subvencionado, para beneficiar a la industria, que aparecía por entonces como un sector barato en términos de costos y altamente competitivo. Y, como contrapartida, tendría que buscar, en las zonas templadas del planeta, en los espacios verdes vacíos, estructuras agrícolas ganaderas que, a través de la importación, aligeraran el precio de los alimentos que consumían los numerosos trabajadores de la Isla.
El traslado de la inversión a la industria concentrada, provocaba entonces, dos efectos inmediatos. El primero iba a ser el abandono de la actividad rural, con el consiguiente empobrecimiento o la tecnificación, seguidos de la casi segura despoblación de amplias zonas – como Escocia e Irlanda -; el segundo sería la continua capitalización de los beneficios obtenidos por la vía de la concentración monopólica, que lograba una disponibilidad o excedente de recursos, en condiciones de colocarse en negocios altamente lucrativos. Por la época que estamos describiendo, Europa ofrecía un sobrante de población y capitales.
Era el momento preciso en que las zonas templadas, proveedoras de alimentos, se incorporaban a la División Internacional del Trabajo; la hora en la que Juan Bautista Alberdi nos describía, en éste lejano rincón de Sudamérica, las características de los métodos más viables para esa incorporación. El tiempo en el que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica y la Argentina recepcionarían, con sus grandes espacios despoblados, las masas ingentes de población europea empobrecida y los capitales excedentes. Bajo el liderazgo de las élites locales, dichos países iban a encarar – cada uno a su manera y a su ritmo – la tarea “civilizatoria”, que aquellas vislumbraban como indispensable.
La mecánica de este proceso podríamos resumirla del siguiente modo. Potenciadas por el arribo de millones de trabajadores dispuestos a laborar por salarios incluso menores que los de sus países de origen, éstas naciones periféricas estaban listas para explotar los “desiertos”, selvas y montañas, en beneficio de las minorías gobernantes, pero también de la burguesía comercial e industrial europea, ofreciéndole enormes cantidades de alimentos y materias primas, a bajo costo. Con los capitales sobrantes del proceso de concentración monopólica, sería posible la construcción de puertos, ferrocarriles e infraestructuras capaces de llevar la producción primaria, en menor tiempo y de forma más segura, hacia la metrópoli; en barcos a vapor. A la vez que éstos traían, a cambio, el producto de la industria, capaz de abastecer a los pequeños pero dinámicos mercados de consumo de la periferia.
Conjuntamente con esto, habría que señalar que la Libertad de Comercio se integraba dentro de una más amplia y omnicomprensiva Libertad de circulación del Capital y de las personas. Y, en este sentido, nuestro país, ubicado geográficamente al interior de dicha zona templada, cumplía perfectamente con los requisitos anteriormente anotados, pero con algunas peculiaridades que lo distinguirían del resto, como el régimen de reparto de la tierra y el formato de su estructura financiera.
Jacinto Oddone, en su clásico libro titulado. La Burguesía Terrateniente Argentina; ha sostenido que: “(…) a medida que el Ejército tomaba la tierra al indio, inmediatamente pasaba a manos particulares, que la acaparaban no para trabajarla, sino para especular con ella sin ningún provecho para la colectividad. En ésta forma, la conquista del desierto, fue una lucha en que la Nación se empeñó con actividad y dinero, tronchando muchas vidas, en beneficio principal de pocas personas”.
De este modo, entonces, el espacio argentino, en circunstancias en que su sistema económico ingresaba en el nuevo ciclo de la División Internacional del Trabajo, se dividía en pocas manos, que eran precisamente las de la clase dominante, surgida de la Organización Nacional a la caída de Rosas. Exceptuados ciertos enclaves ubicados en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, la vieja estructura pecuario-comercial-exportadora se modernizaba sin modificar su base productiva: el latifundio.
Al contrario, la capitalización rural, la tecnificación y modernización, consolidaban en sumo grado, los rasgos tradicionales y permanentes del sistema. Insistimos con que, en la década de 1880, vamos a encontrar el corolario de un proceso cuyo origen descubrimos, si sabemos indagar, ya en la etapa de la Conquista y de la posterior Colonización española del Río de la Plata, y que habrá de desenvolverse sin interrupciones notables, hasta 1890.
Así, el sistema económico local, al complementarse con el Capitalismo en su fase monopólico financiera, incorporando tecnología: ferrocarriles, alambrados, cruza y refinamiento del stock ganadero, desarrollo de la agricultura de escala y técnica del congelado de carnes; pero, al mismo tiempo, afirmando y no transformando sus relaciones de producción tradicionales, terminaba beneficiando exclusivamente a una casta muy pequeña de burgueses propietarios de la tierra o de negocios asociados con ella.
Consecuentemente, y por otro lado, las inversiones extranjeras, la misma inmigración, serán los vehículos para la consolidación y fortalecimiento de una forma de producción peculiar, perfectamente ensamblada con el sistema capitalista de los países centrales, gracias a su baja estructura de costos y alta rentabilidad: la estancia latifundista.
Con respecto al crédito, el mismo se encontraba íntimamente ligado a la ocupación y distribución de las propiedades agrícolas y ganaderas. A partir de 1879, los gobiernos nacional y provincial – de la Provincia de Buenos Aires – a través de los bancos, comenzarán a prestar dinero a bajo interés a los “amigos”, para la compra de terrenos arrebatados a la población aborigen por la fuerza. Junto al dinero fácilmente adjudicado, las tierras serán tasadas por debajo de su valor real.
En esa línea, Domingo F. Sarmiento iba a denunciar a Julio A. Roca y a sus comilitones, de vender la tierra pública a $400 la legua, cuando en realidad valía $3000. Y dado éste primer paso, los gobiernos iban nuevamente a prestar a comerciantes y especuladores dinero fresco, para la compra de más tierra a precios crecientes; iniciando así, un camino jalonado por la inflación y los negocios ficticios y turbios, que provocarían la crisis de 1890.
Tierras y crédito iban a servir pues, para integrar a nivel nacional a las diferentes facciones de la burguesía, hasta ese momento duramente enfrentadas por contradicciones regionales e inclusive interregionales. Podríamos afirmar, incluso, que la prolongación de la Guerra Civil que desembocaría en los sucesos del ‘80 y la federalización del Puerto y la Aduana, respondía a la ausencia de un mercado nacional relativamente integrado.
Justamente, la penetración del modo de producción capitalista en la Argentina coincidirá con la estabilización y consolidación en la cúspide social, de una burguesía terrateniente – como la soñada por Alberdi – que logró, tras ingentes esfuerzos, poner fin a las querellas y disensiones, llevando al poder al Roquismo, expresión político institucional de ella.
Establecido el orden posible, proclamado la necesidad de Progreso, la clase hegemónica se adueñaba del Estado, ocupaba el espacio territorial y, simultáneamente, abría las puertas del país a los capitales y a la inmigración. Este doble juego no era algo fortuito, sino algo consustancial a su dominio institucional de la República Conservadora, controlando la tierra pública, el crédito y la estructura jurídico legal, que transformaría el Desierto en un vergel productivo – una granja al decir de Don Arturo Jauretche – al servicio de Europa y sus burguesías ascendentes.
Los liberales argentinos, con esta estrategia, iban defender sus intereses y monopolizar internamente el control del desarrollo, durante casi medio siglo. Pero el decurso de esa política hegemónica no sería ni sencillo ni incruento – como ciertas mitologías favorables, suelen sostener –, sino que transcurriría en medio de grandes sobresaltos y complicaciones. Imperceptiblemente, nuestra burguesía iba a fijar el marco económico social de la, llamada por Alberdi, “República Posible”, en un choque constante con los impulsos ya manifiestos, que conducirían a la “República Verdadera”.