¿Es posible un nuevo orden post pandemia?

Por Matías Slodky

Tras la salida de la gran crisis del capitalismo en 2008, motivada por el crack de los mercados financieros estadounidenses, la cual corrompió a gran parte de la economía internacional, implicó, a fin de cuentas, más neoliberalismo y más desigualdad.


En los primeros soplos de esta crisis, varias personas vociferaron por la necesidad de pensar otro capitalismo pero, una vez depuradas las cuentas del sector financiero internacional con recursos públicos - en Estados unidos se calculan más de 4 billones de dólares de rescate del sector bancario, a través de compra de títulos basura por parte del Estado - la fuerza de pensar otro capitalismo comenzó a diluirse del centro del debate, y se implementaron políticas de ajuste estructural, sembradas y elogiadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, que lesionaron arduamente los intereses de trabajadores, sectores populares y medios, profundizando aún más las brechas de desigualdad entre los países.


En el caso argentino y, visto de forma macro, en la mayoría de la región latinoamericana, las políticas implementadas por los gobiernos nacional-populares ante la mencionada crisis internacional se enfocaron en un raciocinio que, de alguna manera, fue al reverso de las predisposiciones instauradas en otros países. Es decir, las medidas fueron visiblemente anticíclicas, la intención fue clara; preservar fuentes de trabajo e impedir caída de ingresos, manteniendo al mismo tiempo la actividad económica. A su vez, la necesidad de financiar las políticas públicas generó también la chance de avanzar en algunas reformas estructurales progresivas, en los distintos países de la región.


En nuestro caso particular, una de la más importante fue la recuperación del régimen previsional de reparto solidario a través de su estatización, y la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, previamente en manos de las administradoras privadas del sistema jubilatorio, así como también la estatización de empresas claves, privatizadas en los noventa, como el caso de Aerolíneas Argentinas o posteriormente YPF, todas medidas que sirvieron para respaldar la reactivación económica de una forma más rápida.


Avanzando en el tiempo, precisamente con la llegada al gobierno Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, a fines de 2015, comienzan en Argentina cuatro años de políticas neoliberales, que velozmente desregulan el mercado de cambio, enflaquecen la producción nacional y el empleo, en especial en la industria, con la apertura irrestricta de importaciones y el alza de las tasas de interés bancario, o el interés de títulos públicos (hasta el 87%), lo cual fue combinado, desde el minuto cero de gestión, con un circuito de endeudamiento externo e interno para favorecer la especulación financiera y la fuga de capitales a guaridas fiscales, algo que a largo de varios artículos hemos señalado aquí en Koinón, y que hoy se encuentra en un momento de encrucijada, debido a la oferta e intensa negociación por la reestructuración de una parte de aquella deuda, hecha por el nuevo gobierno de Alberto Fernández; y, por el otro lado, el informe del BCRA que dio más precisiones de cómo fue el proceso de fuga de divisas en pocas manos y que, ahora, el Congreso de la Nación intentará auditar, debido a la aprobación de la iniciativa de ley de investigación sobre el proceso endeudamiento.


Al mismo tiempo, durante el macrismo, se reconfiguró el esqueleto y función del aparato estatal, ya que se desfinanciaron la mayoría de programas que asistían a las políticas públicas/sociales para la amparo y desarrollo de derechos, también se ha perdido operatividad ministerial en áreas significativas como Trabajo, Salud, y Ciencia y Tecnología, transformándolas en simples secretarias y, a su vez, se implementó una política represiva contra la movilización popular y contra las organizaciones sociales y sindicales.


Las mencionadas medidas, mejor llamados dogmas de carácter neoliberal, han sido posibles, sin lugar a dudas, gracias a diferentes alianzas, llevadas a cabo entre las élites financieras internacionales en combinación con las élites económicas locales, que ponderan, como lo han hecho históricamente - pero más libremente a partir de la década de los ‘70 -, el lucro privado por sobre el interés general colectivo, deteriorando las capacidades y soberanía de los Estados nacionales en materias que afectan a los grandes sectores populares y medios de nuestros países.


Estos dogmas también han montado un falso discurso “nuevo y moderno”, que se identifica y se acerca más al capitalismo de finales del siglo XIX y principios del XX, el cual funciona quitando recursos a los Estados mediante políticas fiscales que “casualmente” privilegian a los intereses de las elites sociales y grandes sectores concentrados de la economía.


Ahora bien, sólo con observar a nivel regional – a partir de esta nueva oleada neoliberal - y global, las políticas de privatizaciones, de apertura comercial internacional o fomento a la competitividad fiscal entre Estados; podemos identificar como se ha configurado una hiperglobalización, que ha sido estremecida nuevamente en sus bases por la pandemia originada por el tan temido COVID-19.


Tal como hemos señalado en varias oportunidades aquí en el portal, la emergencia provocada por la pandemia se despliega sobre una situación ya crítica, poniendo fervientemente en evidencia las insondables desigualdades y contradicciones de un mundo en el que, frente a la indecente fortuna de un pequeño grupo, no dejan de aumentar el desempleo, la pobreza y la precarización de la vida de la mayoría de las personas.


De esta forma, son vitales para el análisis actual las diferentes respuestas que los países han planteado, y los debates que allí prevalecen, denotando que se vigoriza el entendimiento del rol determinante de los Estados en la defensa de la vida, la salud y el bienestar de los habitantes.


En nuestro caso, la pandemia encontró a la Argentina en el comienzo de un nuevo ciclo político, con un nuevo gobierno que, surgido de la elección democrática, expresa las expectativas del conjunto del movimiento popular que sostuvo la resistencia a las políticas neoliberales en los cuatro años precedentes, y que ha encarado un discurso sobre la resignificación del Estado y la política como eje articulador de transformación y defensa colectiva.


La crisis del coronavirus no sólo se trata del desengaño de la política del “Estado mínimo” expandida por la ideología neoliberal, sino que prueba de manera cruda que el rol central Estado, indudablemente, puede contrarrestar y orientar un proceso de redistribución de la riqueza que provea las necesidades primordiales de las personas y garantice sus derechos esenciales. De esta forma, se resignifica la centralidad del debate en la disputa para poner a los Estados a la labor de los intereses populares.


Aunque es evidente que todo no es color de rosas, y que la posibilidad de un nuevo diseño del sistema mundial vigente o de una nueva esencia del capitalismo, a todas luces necesario, es enormemente complejo en este contexto, debido a que las grandes potencias y élites financieras globales optan y resisten por conservar el contexto actual, o incluso, como se observa en el caso estadounidense, desligarse del sistema internacional, antes de conceder cualquier tipo de cuestionamiento a su poder como actor del sistema y articulador de las instituciones internacionales.

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