En la búsqueda de Justicia

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 9 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.



¿Cuántas veces nos han dicho que el problema de la deuda es un problema a solucionar entre dos: acreedores y deudores?

Sin embargo, en una breve lista podemos mencionar las siguientes partes:

a) el deudor por deuda legítima,

b) el deudor por deuda ilegítima,

c) el acreedor legítimo,

d) el acreedor ilegítimo de buena fe,

e) el acreedor ilegítimo partícipe necesario de la estafa,

f) el fugador de fondos del país deudor solo para preservar su capital,

g) el fugador de fondos del país deudor responsable del vaciamiento del país deudor,

h) los países que recibieron los fondos fugados del país deudor,

i) los organismos internacionales de contralor,

j) las agencias internacionales colocadoras de bonos de la deuda,

k) los países que impiden el comercio y el desarrollo de los países deudores.


Encontramos que estas condiciones se confunden o conviven en una misma persona, institución o sector. En nuestro caso, Argentina es un país deudor por deuda ilegítima, declarada como tal por un juez federal mediante una exhaustiva investigación que ocupó el período 1976 a 1983, donde se concluyó que groseramente se incrementó la deuda "mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos”.


Deuda ilegítima que fue sucesivamente renegociada, y que motivó los sucesivos condicionamientos económicos y el aumento indiscriminado de las tasas de interés y del monto mismo de la deuda.


Existiendo fraude y falsedad instrumental en los contratos, corresponde la aplicación de las legislaciones civiles y penales, para que probándose los vicios legales en la contratación se obtenga la nulidad de los contratos. Esto debe incluir la nacionalización arbitraria de deudas privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han llegado a ser ilegales y hasta delictivas en algunos casos.


De la vereda de enfrente, se pretende que el reconocimiento formal efectuado por los países deudores de sus obligaciones anteriores al Plan Brady y otros acuerdos similares, constituye el saneamiento de la presunta ilicitud original.


A ello, entendemos, se opone el artículo 723 del Código Civil argentino que dice: si el acto de reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial. Y no cabe duda de que el reconocimiento posterior de una deuda que en su origen fue ilegítima, y las gravosas consecuencias que devinieron de ese reconocimiento, tanto desde el punto de vista económico pero fundamentalmente desde lo social, agravó la situación hasta conformar un verdadero crimen social y un genocidio producido por la deuda.


Y que, en este genocidio, están involucrados tanto actores públicos y privados nativos como instituciones extranjeras; el fallo del juez Ballestero dice: El país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional.


Es claro, entonces, que los mecanismos constitucionales del país deben ser puestos en funcionamiento para esclarecer, juzgar y sentenciar efectivamente a los responsables. El fallo del juez Ballestero fue realizado en el año 2000 y remitió copias del fallo y de las actuaciones a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, sin que hasta el presente se produjera la más mínima de las actuaciones que condujeran a dilucidar esta cuestión; sólo un minúsculo grupo de legisladores ha intentado tratar este tema y otros relacionados (megacanje - blanqueo de dinero), pero han actuado en total minoría y sin resultados prácticos concretos.


Un proceso de investigación tendiente al esclarecimiento se hace imprescindible para separar las deudas cuyo origen esté viciado de nulidad de aquellas que no tengan estas falencias.


Además, repetimos, deben juzgarse a los responsables y partícipes necesarios en la constitución de este gigantesco fraude, verdadero genocidio social de carácter financiero.

Y los responsables de haber ejecutado esta megafraude contra el país, deben responder con sus bienes particulares para hacer frente al estrago social que han causado.


Por principios de moralidad y de orden jurídico internacional, las deudas deben ser pagadas y los Estados deben hacer frente a esas deudas y, por continuidad jurídica, los gobiernos deben respetar y observar los compromisos asumidos por sus antecesores. Sin embargo, por principio del bien común y de la propia justicia, los Estados solo deben pagar las deudas justas.


Porque, o hay una obligación jurídica verdadera, o no hay obligación. “La que no es verdadera obligación y se tiene como tal, es un hecho contra derecho, es el típico hecho que es la negación del derecho”.


Y habiéndose consustanciado la causa y probado en la misma que “empresas de significativa importancia y bancos privados comprometieron los fondos públicos con el servicio de la deuda” y que “la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capitales de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”, se hace moral y jurídicamente obligatorio continuar la investigación de la deuda externa desde 1983 a la fecha, con el fin de separar las deudas legítimas de aquellas que no lo son, evaluar las actuaciones de los diversos actores, deslindar responsabilidades y juzgar y sancionar a aquellos que han delinquido, separar a su vez a los acreedores legítimos y aquellos que, si bien no son legítimos, han actuado de buena fe, de aquellos que han sido partícipes necesarios de este enorme fraude con connotaciones de genocidio.


El registro de acreedores en el derecho constitucional argentino

Daniel Marcos, continuador de la lucha de Alejandro Olmos, junto con el hijo de éste, Alejandro Olmos Gaona, han venido realizando durante años una campaña de esclarecimiento sobre la verdad de la deuda externa y acompañaron esa campaña con variadas denuncias, actualmente alojadas en los tribunales de Buenos Aires, pendientes de resolución. Entre sus propuestas, han reclamado la realización de un censo de acreedores, para poder identificarlos, conocer a qué precios han comprado los títulos de la deuda externa, modo y forma de esa adquisición y si esa operación fue realizada con fondos perfectamente identificables y no producto, por ejemplo, del lavado de divisas.


Tienen la íntima convicción de que la realización de un censo encontraría que muchos tenedores de bonos no podrían justificar su adquisición y tenencia, y que otros recaerían en grupos económicos que operan en el país y que han participado del proceso de fuga de capitales, algunos de los cuales son remesados en la forma de títulos de la deuda externa argentina.


Su intención es ordenar y reordenar los registros públicos, teniendo en vista que las autoridades del Banco Central de la República Argentina, en su momento, declararon no llevar registros contables de la misma; que luego, en 1988, el registro de la deuda pasó a manos de los bancos acreedores, y luego volvió al Estado argentino, para que, en 1992, Domingo Felipe Cavallo, ministro de la convertibilidad, dispusiera de un trabajo de consultoría y auditoría externa para que los acreedores dijeran cuánto era el monto que supuestamente les debíamos.


Una de las cláusulas suscritas señalaba que, en caso de controversia entre los registros contables del Estado y los registros de los acreedores, se tomaran por correctos los de estos últimos, por lo que en definitiva fueron los acreedores quienes dijeron cuánto era lo que debíamos.


Inmediatamente después, se canjearon esos títulos por los acordados en el acuerdo Brady, y en ese canje se licuaron las supuestas diferencias.


Al juzgado interviniente le llegó una denuncia sobre la supuesta duplicación de bonos en que habría incurrido el gobierno radical entre 1985 y 1987. Daniel Marx, representante argentino por 20 años frente a los acreedores, declaró públicamente que estaba seguro de que había duplicación de bonos. Sin embargo, cuando fueron llamadas las autoridades responsables del BCRA encargadas de llevar los registros, dijeron no saber nada, y que toda consulta debía efectuarse a los encargados de realizar la auditoría.


Copia de esa auditoría fue puesta a disposición del juzgado interviniente, sin que el actuario Dr. Juan Carlos Foster (quien aparece en algunos documentales de la deuda como un paladín del patrimonio público) haya tomado inventario de la misma, por el término de 15 años.


Como todo proceso de reorganización financiera nacional requiere que se cumpla con el ordenamiento e identificación de los acreedores, debe abrirse un “nuevo” Registro de acreedores. No es una medida desconocida en nuestro país y en otros, que han salido de procesos de conmoción nacional. Ha sido utilizado para la reorganización del Estado, como por ejemplo EE.UU. después de la guerra civil. En nuestro país, a través del Estatuto de Hacienda y Crédito Público de la Confederación Argentina, sancionado el 5 de diciembre de 1853, parte integrante de la Constitución de ese mismo año y no derogada hasta el presente, en su capítulo II dice: Atribuciones de la Administración General, inciso 7: “llevar el registro de la deuda nacional interior y exterior”. En su Título IV: Crédito Público artículo 1: “Queda establecido un libro de Crédito Público de la Confederación Argentina”; en su artículo 7 señala: “Sólo el Congreso de la Nación puede abrir y cerrar el libro de crédito público consignando el hecho en el acta respectiva”.


En el capítulo XIII, en su artículo 3°, señala: “Después de establecidas las administraciones de Hacienda y Crédito, se abrirá en cada una de ella un Registro de deuda pública”; en su artículo 4° señala: “Todo individuo que se crea acreedor del Estado por suplementos o servicios prestados a los gobiernos de las provincias o a objetos nacionales, a contar desde la guerra de la emancipación hasta la fecha de la instalación de las administraciones de crédito, deducirá ante la respectiva Administración de su residencia, los documentos, constancias o pruebas que justifiquen su acción” y en su artículo 6 dice: “la Administración respectiva, en vista de las pruebas y documentos presentados, y después de informarse del Gobierno y la Contaduría de las respectivas provincias que está impago el todo o parte de lo reclamado, procederá a avaluar el servicio prestado o perjuicio recibido y, reteniendo los documentos y pruebas de referencia, dará una constancia al interesado que expresará la cantidad a que resulta tener derecho, la que será numerada y anotada en el Registro de Deuda Pública”.



Por lo aquí señalado, y dado el carácter constitucional del Estatuto de Hacienda y Crédito Público de la Confederación Argentina, repetimos nunca derogado, es obligación de las autoridades nacionales abrir dicho registro en el ámbito del Congreso Nacional, conforme a las facultades dispuestas en el artículo 75 de la reformada Constitución de 1994 según los incisos 4 y 7, que señalan; el inciso 4: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y fundamentalmente por el inciso 7 que dice: “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.


Y tal como lo menciona expresamente el Título XIII, “quien se considera acreedor de la República Argentina, debe probarlo”.


Tal era el grado de importancia que el constituyente adjudicó al registro de la deuda pública, que tal magna Asamblea dio por terminada su labor con la entrega del libro con sus fojas numeradas y rubricadas. Leemos en el acta final del Congreso General Constituyente de 1852 - 1854: “El Señor Presidente dio cuenta también de haber puesto el Libro del Crédito Público en manos del Señor Ministro de Hacienda, de conformidad a lo prescripto en el Estatuto, quedando archivado en Secretaría el correspondiente recibo que había dado el Señor Ministro. Se pasó enseguida a un cuarto intermedio para levantar el acta de la presente sesión a fin de poderla aprobar en ella misma. Vueltos a sus asientos, se leyó la presente acta y resultó aprobada, declarando previamente el Señor Presidente: El Soberano Congreso General Constituyente queda disuelto”.


Meditemos entonces la significación de tal solemne acto y comparémosla con lo declarado por los funcionarios encargados de registrarla durante el período bajo investigación.


No era este el primer antecedente en el ordenamiento y la registración de la deuda pública; ya en 1821, bajo la Gobernación de Martín Rodríguez, fue creado el “Libro de Fondos y Rentas Públicas”, siguiendo el sano criterio de transparencia, seguridad jurídica, uniformidad y republicanizar la deuda dispuesto por la Convención Nacional Francesa del 24 de agosto de 1793, cuando, siguiendo una iniciativa del convencional Cambón, se aprobó el “Gran Libro de la Deuda Pública”, en donde se inscribieron todos los contratos de los acreedores del Estado. Esa inscripción sería, en adelante, el único título reconocido por el Estado como deuda pública, fijando plazos y condiciones para el reconocimiento de las pretensiones sobre el crédito público.

También el Gobierno de Italia, el 10 de julio de 1861, instituyó el “Libro Mayor de la Deuda Pública”, como método para un correcto ordenamiento de las cuentas fiscales.


Iniciado el Proceso de Organización Nacional por el Presidente Bartolomé Mitre, en 1863 remitió al Congreso Nacional un proyecto que fue aprobado y promulgado como ley 79 del 16 de noviembre de 1863, estableciéndose las bases de la “Organización del Crédito Público Nacional”, donde también se establecía el “Gran Libro de Rentas y Fondos Públicos”, con antecedentes legislativos nacionales y de legislación comparada. En el mismo debían inscribirse los créditos reconocidos y a reconocerse, nombre de los acreedores y los elementos individualizadores del crédito (serie, número, fecha de inscripción), según lo disponía el capítulo 1, incisos 1 a 5 de la mencionada ley. Mediante otro acto legislativo, se fijó la fecha en que debía hacerse la inscripción de los fondos públicos consolidados (ley 124).


Lo expuesto, en apretada síntesis, pretende resaltar la importancia que ayer y hoy tiene, para las diversas generaciones de argentinos, una correcta registración de la deuda pública. No es concebible arrojar a la población argentina a los estragos de los sucesivos planes económicos ideados al sólo efecto de hacer frente a los compromisos externos, sin siquiera cumplir con el más elemental derecho republicano: saber a quién se paga, cuánto y por qué motivo.


La deuda odiosa

No podemos dejar de mencionar la doctrina de la deuda odiosa, doctrina jurídica internacional, vigente y aplicada actualmente y cuyo origen se remonta a 1898. Al cabo de la guerra con España por la Isla de Cuba, en Estados Unidos se formalizó esta doctrina cuya formulación más simple es: la inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste.


Se trataba de que los banqueros españoles no pudieran cobrar los préstamos hechos al gobierno colonial de Cuba. Con razón, se decía que el pueblo de Cuba “no tuvo voz” en el endeudamiento.


En Irak, EE.UU. reflotó sin mayor estruendo la teoría de la deuda odiosa, tratando de que ese país no pagara la deuda contraída con los europeos, fundamentalmente con Francia, Alemania y Rusia durante la administración de Sadam.


Otra aplicación no tan oportunista como la actual situación de Irak, es el llamado “caso Tinoco”, tal vez el más resonante ejemplo de absolución de un Estado de las responsabilidades de sus deudas. Involucró a los gobiernos de Costa Rica y Gran Bretaña.


El presidente costarricense Federico Tinoco había garantizado a una petrolera británica una concesión autorizada por él y aprobada por la Cámara de Diputados. Simultáneamente, el Royal Bank of Canada otorgó un préstamo a Costa Rica. Sin embargo, según la Constitución de Costa Rica, un contrato que estipula ventajas impositivas, como era este caso, necesitaba la aprobación de las dos Cámaras Legislativas (como ocurre en nuestro país con el arreglo de la deuda externa).


Luego de la caída de Tinoco, el nuevo gobierno repudió el contrato argumentando que quienes lo habían acordado actuaron fuera de su competencia. La disputa suscitó una controversia ante la Corte Internacional de La Haya, donde las partes acordaron un árbitro peculiar: el ex presidente de los EE.UU., William Taft, que ejerció la presidencia de la Corte Suprema de los EE.UU. En 1923, el fallo del Juez Taft sentó jurisprudencia al desestimar la demanda y respaldar la posición costarricense. El fallo en sustancia señala que las transacciones estaban viciadas de irregularidades, y por ello, las deudas así contraídas no pueden ser exigidas.


Este concepto es para nosotros fundamental, ya que el fallo del Juez Ballestero menciona las irregularidades que han dado origen al fraudulento aumento de la deuda y también la ausencia del Congreso Nacional en el tratamiento de la deuda. Efectivamente, la capacidad de endeudamiento del Estado tiene dos normas constitucionales precisas, los incisos 4 y 7 (Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación – Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación) del artículo 75 de la Constitución Nacional.


No se trata de un capricho, sino de una coherencia con toda la historia del constitucionalismo. El endeudamiento público debe ser sancionado por el Poder Legislativo, porque en éste, y sólo en éste, están representados quienes deberán soportar el pago del endeudamiento, es decir, los ciudadanos de la Nación. Sólo en el Congreso están representados los contribuyentes.


Ninguno de los otros poderes del Estado tienen competencia sobre la deuda externa; los artículos 99 y 116 enumeran las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y en ningún caso mencionan el tratamiento de la deuda externa ni tienen coparticipación en materia de endeudamiento externo.


Sólo el Honorable Congreso de la Nación debe tratar la deuda externa.

Y si bien nadie ha querido hacerlo dentro del ámbito que corresponde, y se ha seguido con el endeudamiento y con las viciosas negociaciones encaradas por los sucesivos responsables del Poder Ejecutivo, alegremente proclamadas como exitosas, ante el FMI, al margen de la Constitución Nacional, como si ésta no existiera, pero la Constitución existe y la deuda externa carece de validez constitucional mientras no sea arreglada por el Congreso.


Otras cuestiones

La estatización de la deuda privada ordenada en su momento por Cavallo al frente del BCRA, el canje, megacanje, Plan Brady, la pesificación devenida después de la devaluación y demás negociaciones, todas ellas están viciadas de ilegitimidad, ya que es evidente la voluntad de utilizar el endeudamiento de todo el pueblo argentino para favorecer a un limitado grupo de personajes y conglomerados económicos.


Habiendo un fallo judicial, luego de una larga investigación que demandó 18 años, en donde se detectaron 477 operaciones financieras fraudulentas e ilegítimas, corresponde declarar la nulidad absoluta de esos hechos y, conforme a las leyes argentinas, actuar en consecuencia, tema que será tratado en el capítulo posterior.


Ya que el Congreso no ha actuado hasta ahora, esta inacción todavía nos deja la puerta abierta a reclamar judicialmente ante la Corte Internacional de Justicia, basados en la doctrina de la deuda odiosa.


Por último, toda deuda que sea hallada ilegítima debe ser anulada de los registros, no teniendo los acreedores derecho a continuar recibiendo el servicio de esa deuda, solicitada la compensación de los servicios abonados por la misma, quienes la hayan contraído severamente sancionados, de la misma forma a aquellos que la hayan renegociado, y solicitar la constitución de un tribunal internacional de arbitraje de la deuda soberana para que juzgue el accionar de aquellos agentes extranjeros partícipes de este fraude.


Dado que la República Argentina no es un caso aislado, sino tal vez el eslabón más débil de la cadena mundial de la deuda, y así como los acreedores forman clubes de acreedores, es legítimo que los deudores formen un frente de países endeudados, desarrollando un plan económico alternativo basado en la mayor ocupación posible de mano de obra y el alcance de los sectores sumergidos a las condiciones de vida digna, complementando las economías de los deudores, aplicando políticas monetarias y financieras que impidan la fuga de capitales y los ataques especulativos. Además, nos debemos la realización de una campaña contra el hambre de carácter planetario, donde nuestro país tiene mucho que aportar, como así también una campaña sanitaria mundial, donde Argentina ya ha aportado valiosa colaboración en las personas del Dr. Luis Agote, con su descubrimiento del plasma de la sangre, y del Dr. René Favaloro, con su técnica del by pass, para nombrar solo dos casos entre muchos posibles, ambos descubrimientos que fueron puestos gratuitamente a favor de la humanidad y de otros eminentes científicos argentinos que honran la “especie humana”, como nos designan esos filántropos de las multinacionales, genocidas de la deuda, verdaderos responsables del Gobierno Mundial.


Qué diferencia de conductas entre estos heroicos hombres de ciencias venidos de pueblos sumergidos en la miseria, explotados, marginados, sucumbidos por el crimen social de la deuda, de aquellos que, como Henry Kissinger, señalan nuestra “predestinación” como territorio tributario y como reservorio alimentario planetario, ajustando la población nativa a la medida que este Gobierno Mundial estime conveniente.


El ex Secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, Robert McNamara, supo explicarlo claramente: aquellos países que no estuvieran dispuestos a pagar sufrirían embargos dolorosos sobre su comercio exterior y se preguntó: “¿se imagina qué le pasaría al presidente de un país cuyo gobierno se viera de pronto imposibilitado de importar insulina para sus diabéticos?”.

Ante esta amenaza, el pueblo argentino debe unirse, todos los pueblos del mundo deben unirse, porque todos juntos no alcanzamos ante la enormidad de fuerzas que se nos oponen, se impone una decidida militancia en pos del esclarecimiento y una creciente concientización en pos de la solidaridad mundial en defensa del género humano.


Otras propuestas

El Ing. Moisés Resnick Brenner, perito designado en la causa del Megacanje, que pudo demostrar matemáticamente que el perjuicio ocasionado por el canje dispuesto por esa operación donde se conjugaban una treintena de bonos de distinta especie, moneda, vencimientos y tipos de interés, reemplazados por la operación del gobierno De la Rúa – Cavallo, perjudicó al país en no menos de 55 mil millones de dólares, cifra producto del aumento de la deuda externa de igual significatividad, que si bien mejoraba el perfil de los vencimientos de los primeros años, con posterioridad las obligaciones de deuda crecían de manera exponencial, alcanzando montos de imposible cumplimiento. Es decir, se pateaba para adelante el default a costa de, repetimos, cincuenta y cinco mil millones de dólares. Operación que reportó enormes comisiones, curiosamente a los mismos agentes extranjeros que negociaron el acuerdo Brady.

El Ing. Resnick Brenner sostiene que, dado el concepto de deuda odiosa receptada por la legislación americana, correspondería solicitar una nota de crédito al Fondo Monetario Internacional, fundado en la causa de que todo endeudamiento ocasionado durante un gobierno militar debe ser reputado como deuda odiosa y los pagos efectuados bajo esos conceptos deben ser sujetos de revisión y solicitar la nota de crédito correspondiente al FMI, en su carácter de auditor de la deuda externa argentina.


Internacionalmente, son nutridos e importantes los trabajos presentados en pos de dotar de justicia al tratamiento de la deuda externa de los países; el profesor André Franco Montoro, Francesco Nitti, Alexander Sacks, James Forman, Peirangelo Catalano, entre otros juristas, han realizado importantes aportes en materia de doctrina jurídica; este último, por ejemplo, expresó que “la deuda externa es la esclavitud del tercer milenio”. Por razones de espacio, vamos a dedicarnos a la tesis expresada por uno de los grandes juristas internacionales, en este caso argentino, digno continuador de las obras que, en su momento, realizaron Luis María Drago y Carlos Calvo.


La Doctrina Espeche Gil

Tesis elaborada por el eminente Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, fue adoptada como propia por varios Congresos y Seminarios internacionales; el primero de ellos, el XV Congreso Hispano Americano de Derecho Internacional, que tuvo lugar en Santo Domingo en marzo de 1989. El núcleo central plantea que el Derecho Internacional Público debe encaminar el tratamiento del problema de la deuda mediante el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia.


Basadas en el alza unilateral de la tasa de interés dispuesta por los acreedores, que, según un informe del Banco Mundial de 1998, a mediados de los años ‘70, la deuda externa latinoamericana ascendía a unos 60.000 millones de dólares, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. subió en 1980 la tasa de interés del 6% al 22%. Los acreedores, unilateralmente, aplicaron esas tasas a los contratos de crédito, elevando la deuda a 204.000 millones a fines de ese mismo año y a 443.000 millones en 1990. La deuda externa tiene, como resultado, una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte. En 1998, los 41 países pobres más endeudados transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron y, en el mismo año, el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares.


Solamente por el concepto de servicio de la deuda externa, entre 1982 y 1996, la región latinoamericana pagó 739.000 millones de dólares, es decir, una cifra superior a la deuda acumulada.


A estos aumentos usurarios de tasas de interés, que recibieron una condena moral, se le debe agregar una condena jurídica.


La usura no debe quedar exenta en la aplicación de las normas que regulan la convivencia entre los Estados. Debe considerarse la responsabilidad emergente de los Estados y de los organismos internacionales, en la medida en que vulneran el histórico principio universal del derecho civil sancionatorio de la usura, afectando el orden internacional. Se trata de una acción humana penada en todos los sistemas jurídicos, históricos y vigentes, constituyendo por ello su incriminación uno de los “principios generales de derecho de las naciones civilizadas”, que es mencionado como fuente del derecho internacional por el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia.


El artículo 65 del estatuto de la C.I.J. establece que “La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma”.


Las cuatro vertientes de la ilegitimidad de la deuda externa son:


1) El origen de las deudas, ya que muchas de ellas han sido contraídas mediante falsedad y fraude instrumental de los contratos. En esta vertiente debe considerarse la nacionalización arbitraria de deudas privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han sido calificadas de ilegales y delictivas.


2) El aumento unilateral de la tasa de interés iniciado en 1980 por la Reserva Federal y que fue el verdadero detonante de la explosión en cadena de todas las deudas, legítimas o ilegítimas.


3) Los acuerdos Brady, los gobiernos fueron compelidos a renegociar las deudas con el implícito reconocimiento de deudas ilegítimas, con el agravante que da el sistema de pagar intereses sobre intereses (anatocismo).


4) El caso de los países en los que sus negociadores gubernamentales acordaron, en nombre de sus respectivos gobiernos, los términos del acuerdo de los Planes Brady y luego renunciaron a sus cargos oficiales y, de inmediato, pasaron a desempeñarse como directivos de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos.


En base a estas vertientes de ilegitimidad enunciadas y a las cuestiones a ser presentadas a la Corte Internacional de Justicia, se formularon las siguientes cuestiones a ser formuladas a la misma:


1) La condena a la usura ¿constituye uno de los principios mencionados en el inciso c. del punto 1 del artículo 38 del estatuto de la CIJ?


2) En caso de ser afirmativa la respuesta a la cuestión anterior, ¿son actos usurarios el alza unilateral de intereses de la deuda externa?


3) Si la respuesta a las dos cuestiones anteriores fuese afirmativa, ¿están obligados los países acreedores a no permitir que se cometa ese ilícito contra los países deudores?


4) En caso de ser afirmativas las respuestas a las tres cuestiones precedentes, ¿deben el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial actuar en consonancia con aquellas obligaciones de los países?


5) Paralelamente, existe para los países acreedores la obligación, fundada en el derecho internacional convencional, de no permitir que los actos de usura incriminados sean ejercidos contra los países deudores.


De ser afirmativas las respuestas de la opinión consultiva, la misma es vinculante para todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra el FMI y el Banco Mundial, y formaría una gran apoyatura judicial de los estados deudores, por más que tenga el carácter declarativo solamente.


Carta de Sant'Agata dei Goti

El 29 de setiembre de 1997, en la Diócesis de Cerreto Sannita Telese Sant´Agata dei Goti, con motivo de celebrarse el tricentenario del nacimiento de San Alfonso María de Ligorio, obispo de Sant'Agata Dei Goti, se realizó una reunión de académicos e instituciones de renombre internacional, quienes elaboraron un documento que lleva por título “Declaración sobre la usura y la Deuda Externa”. Allí, se menciona a la deuda externa y a la usura como las plagas más difundidas del siglo XX.


Expresan que el mal de la usura y la opresión de los débiles, no está lejos de la realidad territorial y hace más urgente el reconocimiento del derecho a la vida de cada ser humano, el derecho al trabajo, al salario justo, a emprender actividades económicas, a mejorar la propia condición social.

La Declaración parte de los principios fundamentales del derecho y de la moral evangélica para sostener, con indefectible firmeza, la ilicitud de cualquier negocio que impida vivir a una de las partes, y para promover el respeto de los derechos básicos del hombre.