Por Matías Slodky
Desde el viejo arquetipo liberal, instaurado, primero por John Locke y luego redactado por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, sabemos que la denominada “República” se encuentra dividida en tres poderes independientes: El Judicial, el Ejecutivo y elLegislativo. Estos tres poderes, dentro de esta lógica liberal, tienen la función de equilibrarse uno al otro, para impedir cualquier tipo de “autoritarismo” o centralización del poder.
En este artículo, la intención será preguntarse ¿Qué sucede cuando un cuarto poder aparece dentro de una República o Estado? La respuesta parece ser sencilla, si un “cuarto poder” florece dentro de este viejo paradigma, el mismo no podrá ser equilibrado por los otros tres, más cuando este cuarto poder, se fusiona y se alimenta de otro. En conclusión, el longevo modelo de Montesquieu se vendría a pique.
Esto es lo que sucede en distintas partes del mundo, pero, con mayor crudeza, en la historia reciente de América Latina. Donde este cuarto poder -al que se hace apología- es el poder mediático. Capaz de invadir nuestras democracias, escudándose a través de una falsa “libertad de expresión y prensa” y también por medio de un “periodismo independiente”. Un cuarto poder que adquirió niveles de autoridad e independencia, hasta el punto de transformarse en un poder fáctico y contrario a la democracia. Llegando a mimetizarse con la política, poderes económicos internacionales, lobbies financieros, jueces y operadores mediáticos, con un fin claro, imponer sus intereses personales y económicos.
De esta forma, el poder mediático ha deteriorado la vida institucional de nuestros países. El reflejo de lo narrado, es el ataque sin descanso a la oleada de gobiernos populares que han aparecido a partir del siglo XXI en América Latina. Los gobiernos populares, se han tomado el “atrevimiento” de quitar poder y privilegios a los grandes grupos económicos y elitistas -oligarquías- de nuestras sociedades. Estos gobiernos han hecho la labor de redistribuir las grandes conglomeraciones de riqueza, con el fin de reducir la pobreza y el desempleo, agregando a esta redistribución un contundente crecimiento económico, haciendo posible el ascenso social e inversiones dinámicas a nuestras economías. También han puesto un freno a los negociados financieros, realizados a través de la deuda externa e intereses de títulos públicos y, a su vez, han nacionalizado recursos estratégicos, poniendo fin a la oleada de
privatizaciones saqueadoras de los ‘90.
A pesar de las nuevas ganancias y beneficios de estos poderes fácticos, vía el crecimiento económico y aumento de rentabilidades, su apetito y ambición de poder y privilegio -puestos en disputa por estas democracias populares-, han llevado a estos grupos a utilizar el poder mediático o, mejor dicho, “el linchamiento mediático”, para defenestrar, acusar y perseguir a los dirigentes políticos populares.
Una práctica primitiva, observada periódicamente, donde la historia latinoamericana nos brinda varios ejemplos. Aunque, en los últimos años, la persecución mediática se ha nutrido de un componente muy importante, el poder judicial, acuñando así el concepto de Lawfare, es decir, la judicialización de las operaciones mediáticas que, a fin de cuenta, sirven como instrumento de nuestras oligarquías nacionales e internacionales, para conservar e incrementar su poder. El proceso de Lawfare comienza con la manipulación de los grandes medios hegemónicos de comunicación, los cuales abarcan el gran porcentaje de diarios, revistas, radios, canales de televisión, internet. Estos medios hegemónicos son los encargados, mediante sus operadores mediáticos, de instaurar en la opinión pública los temas de agenda y persecución, utilizando el concepto de “fake news” o la manipulación falsa de información, a lo que se le suma la gran cantidad de jueces y fiscales, entramados en una red delictiva y siniestra de manipulación y extorsión.
Jueces que sirven de mercenarios al capital y el poder, para judicializar sin pruebas, aplicando condenas forzosas o prisiones preventivas a la política y dirigentes opositores que se “atreven” a mover el tablero del poder fáctico de nuestros países.
Esto lleva a pensar la forma multidimensional del poder, ya que este enfrenta a grandes sectores más allá del poder del Estado, algo que lo operadores judiciales, disfrazados de periodistas independientes, intentan ocultar, ya que alcanzar el poder estatal es manejar solo una parte del poder. Por esto, es visible como nuestros gobiernos populares en Latinoamérica durante el siglo XXI han disputado poder con actores que sólo buscan la diferenciación social y el privilegio y que, al momento de cuestionarlos o intentar democratizarlos, se resguardan -como se mencionó- atrás de la libertad de prensa, creyendo así que estos poderes son los únicos con la capacidad de intervenir y cuestionar la democracia por medio de la persecución y el Lawfare.
Este gran cuarto poder ha justificado la pobreza, la indigencia y el desempleo, respaldando, pero también blindando, a esta nueva oleada neoconservadora y neoliberal que azota nuestra región. Se observó, en el caso brasileño, en la justificación del golpe de Estado a Dilma Rousseff y la obra de Lawfare al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde el juez encargado de su detención y prisión arbitraria, hoy se encuentra de Ministro de Justicia en el gobierno del derechista Jair Bolsonaro.
También se ha visto en el caso ecuatoriano, donde el ex presidente Rafael Correa, se encuentra exiliado en Bélgica, debido a la persecución y Lawfare judicial /mediático en su contra, acusado en operaciones sin mérito de pruebas, acompañado de una política nacional al frente del exvicepresidente de Correa, Lenín Moreno, acusado de traidor. Moreno ha llevado una política sumamente contraria a la anterior, derivándola al servicio del capital financiero y organizaciones internacionales como el FMI, que intenta privatizar los recursos y derechos conquistados por la anterior gestión. Ya en estos dos años de gestión se ha visto el creciente aumento de la deuda externa en relación al PBI, y el aumento de la pobreza se ha convertido en un factor importante. Así, el Estado de derecho se ha transformado en un simple concepto
pueril.
Siguiendo con esta lógica, los hechos recientes transcurridos en Bolivia, expresan un claro ejemplo de cómo medios internacionales, locales y organizaciones internacionales, como la OEA, hacen apología al golpe de Estado, y la sustentación de un gobierno golpista, fraudulento, como lo es el encabezado por Jeanine Añez. Otro ejemplo de cómo este cuarto poder fáctico, ataca al gobierno constitucional de Evo Morales Aymara, ejemplo de lucha y bonanza económica en la región, acompañado de indicadores sociales más que positivos. El Lawfare ha defenestrado sistemáticamente la imagen de Evo Morales, acusándolo de barbaridades mediáticas y ahora llevadas a la justicia mediante prisión preventiva, pedida explícitamente por el gobierno de facto.
Obligando al ahora expresidente a exiliarse por su persecución. Nuestro caso no escapa de esta lógica; la República Argentina ha ratificado esta lógica relatada en la nota. Durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los grandes medios hegemónicos, entre los que se visualiza al grupo Clarín, han servido de forma constante a las operaciones mediáticas o, mejor dicho, “al periodismo de guerra”. El grupo Clarín, poseedor de la gran cantidad de diarios de tirada masiva, canales de aire y cable, múltiples frecuencias de radio, revistas y hasta licencias de internet y telefonía móvil, adquiridas estas últimas durante la gestión del expresidente derechista Mauricio Macri. El grupo Clarín ha prestado, además de funcionarios de la anterior gestión, operadores judiciales y mediáticos, acusados de extorsión y divulgación de información ilegal, con el objetivo de hacer causas judiciales a la oposición peronista.
El viejo diario de Roberto Noble, fundado en 1945 con maquinaria de viejos diarios alemanes acusados de apoyar el nazismo, y financiado con préstamos de su amigo político, el conservador Manuel Fresco, en cuya gestión como gobernador de Buenos Aires, Noble ocupa su gabinete. Clarín, desde su gestación, ha practicado una doctrina de ambición de poder, ya que Noble aspiraba a ser Presidente de la Nación por medio de su diario e influencia. No es casual que, en sus inicios, haya servido de oficialista al gobierno de Juan Domingo Perón y, posteriormente en su caída, como un duro opositor y conspirador mediático contra Perón; esto refleja la capacidad de Clarín de sentir los humores sociales y acomodarse según le sea conveniente. La frase
destacada de Noble expresaba que: “Ya que no puedo ser presidente, puedo hacer
presidentes”.
Luego de su muerte en 1969, la dirección del diario quedó a cargo de su esposa Ernestina Noble y la directiva del MID - Movimiento de Integración y Desarrollo-, donde resaltaban los nombres de Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi. Este proceso culminó con la llegada del contador oriundo de Chivilcoy y militante del MID, Héctor Magnetto, el cual, en su ascenso dentro de la empresa, se transformó en su director para fines de los años ‘70, desplazando a toda la dirección del MID. Magnetto transformó Clarín en el diario más vendido de Argentina durante sus labores en la última dictadura terrorista asesina, adquiriendo la empresa Papel Prensa. Otros periodistas, como Joaquín Morales Solá, han sido los encargados de hacer relaciones y cubrir las noticias de la junta militar, debido a su gran relación con el dictador Reynaldo Bignone.
Posteriormente a la dictadura, y la adquisición de papel prensa, Clarín comenzó a adquirir independencia propia. Durante la presidencia de Alfonsín, adquirió radio Mitre y luego, con la derogación por parte de Carlos Menem de la ley de Radiodifusión, el diario Clarín adquirió el ex canal estatal “Canal 13”. Esto permitió al diario, durante la presidencia menemista, crecer y modernizarse con el gran CEO, Héctor Magnetto, llevando al diario más vendido de Argentina-con un tiraje de casi un millón de unidades por día- a unas de las empresas multinacionales más importantes de Argentina. Esto acrecentó, sin dudas, su poder y la carátula de Grupo Clarín.
Un gran medio audiovisual que adquirió, con el tiempo, cada vez más influencia. Concentrando una gran cuota de poder en nuestro país y la injerencia instaurada en la opinión pública. Ahora bien, es importante, a mi juicio, destacar como en el caso argentino, pero también en el Latinoamericano, los grandes medios hegemónicos han adquirido su cuota de poder fáctico a tal punto de condicionar nuestras democracias e institucionalidad -como se ha demostrado- a través de la mencionada persecución mediática, y las operaciones de Lawfare. Poniéndose al servicio de los grandes grupos financieros internacionales y oligarquías nacionales – de las cuales son parte-.
Será importante, en esta nueva gestión del peronismo, desarticular las operaciones de Lawfare, los operadores judiciales y ramas de inteligencia secreta, para transformar al sector judicial en un poder transparente y democrático ajustado a los tiempos que hoy demandan. Pero, por sobre todo, se encuentra una nueva oportunidad de democratizar a los grandes responsables y desestabilizadores de la democracia que encarnan este cuarto poder. Será necesario distribuir el poder mediático entre más jugadores, con vocación de transmitir información articulada y contrastada. Esta parece ser la manera de combatir, de una vez por todas, a nuestra prensa acusadora, que toma un solo color cuando es oposición y blinda con fuerza al poder fáctico servil a la oligarquía que, hasta hace seis días, gobernaba nuestro país.