Educación Pública de Gestión Privada

Historias que pasan en una universidad privada y una “acción expedita y rápida” que se prolongó diez años. Por Prof. Rubén “Gurú” Morales.


“El odio contra las injusticias también desfigura el rostro”

Bertolt Bretch

Siempre recomiendo a mis alumnos no escribir en primera persona, porque el rigor académico exige, al menos, un “plural mayestático”. En este artículo voy a hacer una transgresión porque es imposible ser neutro cuando uno siente el dolor de la injusticia, cuando la angustia toma una intensidad en la que la garganta se cierra, la vista se nubla y los gestos se vuelven rígidos. Y sí, el gran Bretch tenía razón.


Esas y otras sensaciones desagradables me recorrieron el cuerpo aquel día de junio de 2011 cuando recibí un telegrama que decía secamente “despedido sin causa”. En principio ese texto me pareció muy, muy raro porque nunca nadie me había despedido antes. ¿Porqué me estaba pasando eso? ¿Qué había cambiado?


Algunas apresuradas indagaciones disiparon las dudas: otros dos telegramas iguales habían sido enviados al mismo tiempo, uno a Florencia Naudy y otro a Martín Tessi, dos colegas docentes con quienes unos días antes nos habíamos afiliado al gremio que nos representa, el SADOP. Y fue buena idea ir a llenar las fichas los tres juntos, ya que en los pasillos de la facultad se decía: “si te afiliás, te echan”. La primera vez que escuché ese rumor me pareció inverosímil ¿Sería posible que en pleno Siglo XXI alguien fuera despedido solo por pertenecer a un gremio, a contramano de esos artículos básicos de la Constitución que los escolares suelen memorizar? No concebía un comportamiento tan retrógrado, sobre todo porque en mi larga carrera de publicitario especializado en comunicación política siempre me fue natural pertenecer al sindicato de Publicidad (SUP) al que estaba afiliado desde la década del ‘80 para tener cobertura médica pero también -y más aún- para ir a grandes fiestas como las del día del publicitario y para aprovechar las generosas propuestas turísticas del verano, en esos hoteles sindicales de la sierra o la costa que servían copiosos almuerzos con entrada, plato principal y postre…


Me fui de tema. Volvamos a junio de 2011: Tres afiliados a la vez, tres despidos simultáneos. Los telegramas decían “sin causa”, pero la causa parecía una obviedad a gritos, incluso debió serlo para la Justicia Laboral que en febrero de 2012 ordenó la reinstalación de los tres docentes en sus puestos de trabajo, mediante lo que se llama una “sentencia interlocutoria”, es decir una resolución intermedia mientras las instancias judiciales continúan hasta resolver “la cuestión de fondo”. Y sí, al recorrer estos caminos legales uno termina aprendiendo los floridos modismos de la jerga sin haber estudiado ciencias jurídicas.


La secuencia de pormenores de ese intrincado expediente está bastante bien documentada en una nota de la web del SADOP-Capital que si bien es larga está lejos de ser exhaustiva. No es para menos porque ese juicio se prolongó diez largos años.


En beneficio de la salud mental evitaremos revivir aquí los detalles más tortuosos pero, a modo de apretada síntesis para aclarar las cosas, digamos que el 26 de mayo de 2011 nos afiliamos tres docentes y acto seguido fuimos despedidos con fecha 13 de junio. En vez de aceptar la indemnización por despido, cosa que suele ser la salida casi obligada en casos parecidos, la Dra. Marisa Salvati del equipo jurídico de SADOP-Capital presentó un Amparo exigiendo que nos devuelvan los puestos de trabajo, mientras paralelamente se realizaron diversas acciones gremiales, por caso recuerdo que en la intersección de las avenidas Córdoba y Callao el profesor Silvano Pascuzzo dictó una clase pública magistral sobre derechos laborales docentes.


En febrero de 2012 se publicó la antes citada “sentencia interlocutoria”, pero la universidad no nos convocó a trabajar y el tiempo pasaba. Luego de varios meses, los tres despedidos nos apersonamos espontáneamente dispuestos a recuperar las cátedras. Eso sí, fuimos acompañados por dirigentes del gremio más un escribano para levantar un acta. ¡Que situación! ¡Qué nervios! ¡Qué momentos tensos hemos vivido!


Le explicamos el motivo de nuestra presencia al hombre de seguridad, quien luego de varias llamadas telefónicas logró que viniera un abogado dispuesto a escuchar nuestro reclamo. El representante legal nos aseguró que transmitiría la inquietud al consejo directivo. Después lo saludamos cortésmente y nos fuimos con las manos vacías, mientras el escribano llenaba un acta con todo lo que había pasado.

Corría agosto de 2012, el decano de la facultad nos convocó a los tres docentes a una reunión para “reasignarnos tareas” (o sea no retomar las cátedras). Ya hacía más de un año que habíamos dejado de ejercer la docencia a causa del despido. Esa “reasignación” fue una cosa muy extraña, nos hicieron cumplir el horario de trabajo instalados cada uno en unas aulas muy pequeñas del viejo edificio jesuita (en la actualidad ya deshabitado). En los hechos, no nos asignaron alumnos ni tarea alguna. Quedábamos solos ahí durante horas, era muy aburrido y solíamos llevar libros para pasar el tiempo. Un mínimo consuelo era pensar que se volvía a cobrar el sueldo ¡sin hacer un trabajo concreto! Me sacó de la ensoñación un intenso tañido de campanas que resonaban muy cerca. Abrí los chirriantes postigos metálicos de la antigua ventana. A pocos metros, directamente frente a mi, estaba la torre de la iglesia del Carmen. Luego debí acostumbrarme a esos bronces que repetían su estridente sonido en horarios fijos, a lo largo de los dos meses que duró esa particular etapa de aislamiento. Fue en ese contexto que Martín pidió su indemnización y aceptó el despido. Era comprensible, claro. En cambio, Florencia y yo decidimos resistir hasta que el 31 de octubre de 2012, cuando faltaban días para terminar el ciclo lectivo, debido a otra acción de la Justicia por fin nos devolvieron las cátedras. Eso fue un nuevo importante avance: Volver a estar con los alumnos, volver a enseñar.


El tiempo pasa, eso no es bueno ni malo, es inevitable, y ya había pasado más de un año desde la afiliación gremial, o sea que se había cumplido el plazo legal para postularnos como… ¡los primeros delegados docentes de SADOP en la historia de la universidad!


Ser delegado gremial jamás había estado en mis planes, lo admito, pero en ese marco era la mejor opción y se llamó a elecciones para el 6 de noviembre. La jornada electoral fue durísima, debimos armar el cuarto oscuro en la vereda porque no nos dejaron entrar con la urna, tampoco nos dieron el padrón de trabajadores docentes y pusieron personal de seguridad de refuerzo en la puerta. Así y todo, hubo profesores y profesoras que con coraje votaron en plena vía pública, ese 6 de noviembre de 2012 fue un día fundacional a partir del cual tenemos representantes docentes en la universidad. Un paso más se había dado. En años posteriores fuimos reelectos y se sumó otra delegada, Jenny Vera Caspary.


Otro hecho positivo iba a producirse en el año 2014, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió un dictamen donde afirmaba que existían indicios suficientes para considerar que los despidos se encontraban motivados “en la afiliación al Sindicato Argentino de docentes Privados (SADOP), deviniendo los mismos en despidos discriminatorios, en los términos de la Ley 23.592 que penaliza dichos actos”.


Concluyendo, el INADI recomendó garantizar a los trabajadores docentes “el libre ejercicio de su libertad sindical en tanto derecho humano protegido” por normas nacionales e internacionales.

Entretanto el juicio laboral parecía una historia sin fin: Sentencia que salía, sentencia que la universidad rechazaba. La de Primera Instancia fue totalmente a nuestro favor, confirmó la medida interlocutoria que nos había permitido volver a enseñar, además ordenaba el pago de los salarios caídos durante el tiempo que estuvimos despedidos y hasta sumaba un resarcimiento por daño moral. La Universidad la apeló de inmediato y el expediente fue elevado a la Cámara Nacional Del Trabajo, pero como todo lleva su tiempo hubo que esperar al 11 de octubre de 2017 para que la Sala VI de la Cámara dictara el fallo definitivo que ratificaba el de primera instancia e incluso aumentaba el porcentaje del resarcimiento, "el despido de que fueron objeto los accionantes ha pretendido encubrir una conducta antisindical y un acto discriminatorio" -expresó en su argumentación la Dra. Graciela Lucía Craig.


Ahora bien, cuando se dice “fallo definitivo” no se crea que es sinónimo de que el juicio terminó. ¡No señor! La saga continuaba y la universidad planteó un recurso extraordinario ¡a la Corte Suprema de Justicia!.


Hoy me parece mentira tener en mi mano un dictamen que involucra mi humilde nombre y el de mi colega Florencia en un documento que lleva las notorias rúbricas de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti…


Los conspicuos tres firmantes también nos dieron la razón, desestimaron por “inadmisible” el recurso extraordinario que reclamaba la alta casa de estudios. Pero ya era el al 21 de noviembre de 2018… ¿Todo había terminado? No, no todavía.


Recién en mayo de 2021 el juzgado originario hizo efectivo el pago de los sueldos no cobrados durante el tiempo en que estuvimos despedidos (algunos meses entre 2011 y 2012) más el resarcimiento, ¡trámite que por fin dio por cerrado el expediente! a prácticamente 10 años exactos de haberlo iniciado mediante un “Amparo” o sea “una acción expedita y rápida” según señala la Constitución Nacional…


Lejos de la queja, este artículo propone una mirada totalmente optimista, esperanzadora, empoderada en la certeza de que, si se cuenta con la suficiente paciencia, la realidad se impone y la justicia llega. El periplo recorrido en estos diez años nos demuestra que la constancia permite alcanzar metas que parecían imposibles (y hasta la gente amiga te decía en la cara que eran imposibles), nos demuestra el valor de seguir con firmeza en el camino correcto hasta dejar atrás todos los obstáculos.


Hoy los delegados de SADOP están atentos a la situación de los 3.000 docentes de la universidad, así como hay diversos profesores y profesoras que se acercan a plantearles sus problemas laborales, independientemente de que tengan o no afiliación gremial.


Además el Cuerpo de Delegados mantiene saludables reuniones periódicas con el Departamento de Personal, es decir con la misma oficina que incluye entre sus funciones enviar telegramas de notificación a los docentes. Y son reuniones de diálogo, sin rencores, sin declamaciones estridentes, de bajo perfil, buscando mejorar en lo que sea posible los sueldos, las condiciones de trabajo, tratando de llevar soluciones prácticas a cada consulta recibida… Llegará un día, tal vez no tan lejano, que con toda naturalidad esas reuniones avanzarán un paso para convertirse en las imprescindibles mesas de negociación paritaria.


Y es que a la Universidad la queremos, queremos a los estudiantes, a sus docentes, a todo su personal, porque la universidad privada siempre jugó un rol importante en la historia de un sistema educativo argentino caracterizado por la pluralidad de opciones y hasta debemos ver con alarma ciertos discursos sesgados que exacerban la “educación pública” cuando toda la educación lo es, pudiendo ser de gestión estatal o privada, de la misma forma que los colectivos son “transportes públicos” aunque estén a cargo de empresas privadas.


Ah, por cierto, casi terminamos la nota sin decir que la historia relatada aquí sucedió en la Universidad del Salvador, pero hay otras historias no menos dramáticas a contar en diversas entidades de educación privada que, aún en pleno Siglo XXI, carecen de convenios colectivos de trabajo y negociaciones paritarias. Por último, resulta evidente que la calidad educativa y la excelencia académica solo pueden tener existencia verdadera si hay salarios justos con dignas condiciones de trabajo para todos los trabajadores docentes.

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