Buitres para Todos

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 8 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.


Plan de operaciones

El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse (…) miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que le habían producido los chiches y abalorios”…

Quien escribe es Don Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires, advertido tarde de su error de creer que la salvación estaba en pedir ayuda a una gran potencia, en buscar apoyo garantizándoles el flujo de comercio a cambio de influencias internacionales.

Fue Mariano Moreno el primero en reflexionar sobre los errores cometidos en aquellas primeras horas de la Patria, al entregarse al colonialismo inglés y su concepción geopolítica continental y, a raíz de aquella sincera corrección de su equívoca visión inicial, fue una de las primeras víctimas.


Nosotros que convivimos en un territorio ocupado por la misma potencia históricamente enemiga de nuestro país, también nos debemos una amplia y profunda reflexión sobre la existencia de la Nación con parte de su hábitat usurpado por el colonialismo inglés.


Hemos sido durante casi toda nuestra existencia un territorio tributario del imperialismo. Saqueadas nuestras riquezas, vaciados nuestros recursos, compensábamos nuestros déficits con creciente endeudamiento.


La usura ha sido el telón de fondo de estos 200 años, aunque de ello no se hable. Desde el primer empréstito en 1824, salvo en honrosas excepciones, hemos vivido pagando una deuda originalmente fraudulenta, y la hemos pagado varias veces para enriquecimiento de los extranjeros y los socios menores y/o gerentes locales de aquellos intereses foráneos.


Cambiar el término usura por el de interés y denominar los pagos de estos intereses como servicios de la deuda, como si la deuda nos procurara algún servicio, es parte de nuestra colonización cultural.


Usura es el cobro excesivo de intereses, según las definiciones más laxas que pueden encontrarse.


Y cuando un hermano empobreciere y se acogiere a ti, tu lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura” (Levítico 26-36; Éxodo 22-25; Antiguo Testamento).


Aparentemente, en el Antiguo Testamento, a los israelitas se les prohibía realizar operaciones a interés con sus semejantes, pero con la siguiente aclaración: “del gentil (no israelita) podrás exigir interés más de tu hermano no lo harás”.


El Corán habla de la prohibición de lucrar con la usura y la reserva de un castigo doloroso para quien incumpliera tal prohibición: “Por lucrar con la usura siendo que se les está prohibido, y apropiarse de los bienes del prójimo indebidamente. Y por cierto que les reservamos a los incrédulos de entre ellos un castigo doloroso” (Corán 4-161).


En el Nuevo Testamento se pide: “Amad a vuestros enemigos, y hacer bien, y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo” (Lucas 6-35, Nuevo testamento).


Domingo de Soto , teólogo, nacido en Segovia en 1495, en su tratado “De la Justicia y el Derecho”, cuestión 1 libro VI, señala que al término “usura”, se lo llama además “delito”, “interés” como señala Aristóteles, quien había escrito : “porque de la misma manera que los animales engendran hijos… así también el dinero produce dinero”, por lo cual este modo de engendrar dinero es antinatural, porque la moneda no es fecunda.


Emblemático es el caso de San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, que vivió entre 1696 y 1787 - abandonó su profesión de abogado y tomó los hábitos para dedicarse a la ayuda a los pobres y a combatir la usura.


Escribió numerosos tratados y manifestó que la usura no constituye un pecado contra el mandamiento de no robar, sino que es una acción que viola el mandamiento de no matar, pues lleva al deudor a la desesperación y a la muerte.


El catecismo de la Iglesia Católica ratifica esta posición declarando que “los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable” (Canon N° 2.269), es decir que considera que debe imputarse a los usureros la culpabilidad de la muerte de los acreedores.


Considera a la usura como una expropiación injusta y denuncia el desequilibrio o desproporción en las prestaciones, es decir la falta de reciprocidad entre las partes.


Al respecto, el Papa Francisco ha manifestado que “Cuando una familia no tiene para comer porque debe pagar su préstamo al usurero, eso no es cristiano, ¡Eso es inhumano!”. Ya Pablo VI había condenado al “imperialismo internacional del dinero" (Populorum progressio) y Juan Pablo II había abundado sobre el tema al pedir la cancelación de la deuda para el Jubileo del año 2000, mientras que Benedicto XVI calificó a la usura como “una plaga social”.


Las grandes religiones coinciden en prohibir la práctica de la usura, y a pesar de los grandes castigos prometidos, esta práctica es uno de los pilares fundamentales del mundo moderno. Mucho se ha escrito sobre la incidencia religiosa, el carácter filosófico e histórico de la cuestión, y su basamento político y geopolítico en los últimos siglos de la humanidad, que en mucho exceden el marco de estas páginas, pero entendíamos que no podíamos iniciar un somero tratamiento del comportamiento buitre en nuestra sociedad, sin hacer una brevísima mención sobre el tratamiento que las principales religiones le han dado coincidentemente al tema.


Entiéndase por buitre al ave rapaz de dos metros de envergadura con el cuello desnudo, que se alimenta de carne muerta y vive en bandadas. Y fondo buitre es definido como un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la bancarrota.


Esta definición compara a este tipo de inversores con las aves rapaces que sobrevuelan pacientemente para lanzarse sobre los restos de una compañía o un país deudor, que se encuentre en una situación de insolvencia.


Los operadores del mercado evitan estas definiciones y los llaman distressed debt o fondo de situaciones especiales (special situation funds, en inglés).


Un par de casos nos mostrarán cómo es el accionar de estos buitres.

Zambia, la empobrecida nación africana, había negociado con Rumania una deuda originada en 1979 destinada a comprar tractores. En 1999, las partes habían acordado liquidar el préstamo con un pago simbólico de 3 millones de dólares, con el compromiso asumido por la deudora de destinar la reducción de la obligación a fondos que financiaran su infraestructura básica y la educación y capacitación de enfermeras, tan necesarias en aquel país.


Cuando el tema estaba a punto de resolverse, el fondo buitre británico Donegal International convenció al gobierno rumano de venderle el crédito emergente por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, importe superior al ofrecido por Zambia, logrando la transferencia del crédito. El fondo buitre Donegal demandó a Zambia por el total de la deuda, es decir, más de 40 millones de dólares.


Igual comportamiento han tenido con el Congo, donde adquirieron deuda por 2,3 millones de dólares y luego demandaron y cobraron 100 millones de dólares.


En el caso de Perú, compraron deuda por 5 millones y lograron acceder a un pago, luego de demandar al país sudamericano por 58 millones de dólares.


Los fondos buitres que operaron contra la Argentina

Conocidos en las décadas anteriores por la compra agresiva de empresas para su posterior desguace y cierre, los fondos buitres han atacado también a los países con problemas de insolvencia. Los bonos basura de los ‘80 en México y del Asia en los ‘90, son testimonios de su agresivo accionar.


El listado de fondos que operan contra Argentina incluye a:

Aurelius Capital Partners Ltd.

Aurelius Capital Markets Ltd.

AC Paster

Blue Angels Capital

Capital Ventures International

Capital Markets Financial Services

Córdoba Capital

Caronte Capital

EM Ltd.

FFF Fund Ltd.

Gramercy Argentina Opportunity Fund

HWB Victoria Strategic portfolio Ltd.

Laina Corp.

Los Angeles Capital

Macrotecnic International

Meridian International Corp.

Montreux Partners

NML Capital Ltd.

NW Global Strategic

Old Castle Holdings

Olifant Fund Ltd.

VR Global Partners

Wilton Capital Ltd.

Zylberberg Fein Ltd.


La mayoría de ellos domiciliados en paraísos fiscales. El 85% de los fondos querellantes son no residentes en los Estados Unidos, aunque litigan en dichos estados, debido, entre otras razones, al inmenso poder de lobby que ejercen sobre las instituciones norteamericanas.


Ello se debe a la renuncia de la jurisdicción argentina, realizada en todas las emisiones de deuda desde 1976 a la fecha.


Hemos llamado la atención al juzgado ya que en el Acuerdo Brady que figura en autos, a fojas 1608/10 encontramos la siguiente cláusula, que se ha de repetir en todos los contratos posteriores:


JURISDICCIÓN: RENUNCIA A LA INMUNIDAD: La República Argentina se somete irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva de cualquier Tribunal federal o estadual de Nueva York, con sede en la ciudad de Nueva York, del tribunal de Justicia en Londres, y del Tribunal de Distrito (Landgericht) de Frankfurt am Main y cualquier tribunal de apelaciones de los mismos, en todo juicio, acción o proceso legal que surja de los Títulos, de los Acuerdos de Garantías y de todo otro acuerdo elaborado”.


Leemos: “La República Argentina acordará que la sentencia definitiva de cualquier juicio, acción o procedimiento legal será concluyente y podrá ser aplicada en otras jurisdicciones por juicio sobre la sentencia o de cualquier otro modo estipulado por ley”.


Esta renuncia a la soberanía jurídica del país se halla agravada con la siguiente cláusula:

En la medida en que la Argentina tiene o pueda tener de ahora en más adquirir inmunidad alguna (soberana o de otro tipo, de la jurisdicción de algún tribunal o de algún procedimiento judicial, ya sea notificación o citación, o perfeccionamiento complementario de la ejecución de sentencia, o de otro modo) con respecto a sí misma o cualquiera de sus propiedades, por la presente la Argentina RENUNCIA EN FORMA IRREVOCABLE A DICHA INMUNIDAD con respecto a sus obligaciones en virtud de los títulos y de los acuerdos de garantía”.


Tal ha sido el grado de sometimiento al que se ha llevado a la nación. Un verdadero proceso de debelación, tal como lo hemos definido en varias oportunidades.


Con motivo de la renegociación realizada en 1985, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, podemos leer la versión inglesa y luego la versión castellana del informe del asesor jurídico del Banco Central, que fuera redactado por los abogados de los acreedores y luego suscripto en manera total por el responsable de velar por la legalidad de los actos sujetos a aquella operación.


Leemos: “La elección de la ley de Nueva York como ley por la cual se regirá e interpretará el Contrato es una elección válida de ley e irrevocablemente obligatoria para el Banco Central y será sostenida en cualquier procedimiento relacionado con el Contrato”.


El Contrato se encuentra en debida forma legal bajo las leyes de la República Argentina para la ejecución del mismo de acuerdo con sus términos contra el Banco Central”.


Este modelo de informe que debió suscribir el responsable del área legal del Banco central y que indudablemente forma parte de las condiciones impuestas por los acreedores, figura como Anexo D del contrato de renegociación suscripto en aquel año de 1985.


Existe una denuncia presentada ante el Juzgado que entiende en la causa de la deuda externa, en donde se acusa de falsedad ideológica al entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Alberto García Lema, por su dictamen del 7 de abril de 1993, referido a la legalidad de los Acuerdos Brady, debido a que dicho dictamen (según la denuncia) fue redactado íntegramente por los acreedores y también en forma textual se hace constar que, ante el desconocimiento de la legislación norteamericana, el Sr. Procurador del Tesoro confiaba en el estudio de abogados que asesoraba a la Argentina: el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.


Ese es el estudio que asesoró por estos años al país y actualmente lo asesora en su disputa con los fondos buitres en el juzgado del Dr. Thomas Griesa.


El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton fue fundado en 1946, aunque tomó notoriedad a partir de 1992, con los Acuerdos Brady. Durante este tiempo, ha asesorado a Argentina, Ecuador, México, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Como puede observarse, la mayoría de los países del continente sudamericano.


También ha asesorado a entidades e instituciones financieras de importancia mundial como el Citibank N.A., Citigroup Global Markets, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, BBVA, Credit Suisse, Credit Lyonnais, entre otros.


Vemos así que tiene clientes a los dos lados del mostrador: unos los países deudores, que confían en su consejo para resguardar los intereses de los pueblos que representan y, del otro lado, el Comité de Bancos que representa a los acreedores en busca del mayor lucro.


Consultadas algunas personas que han intervenido en las negociaciones, han confesado que la designación de este estudio de abogados otorga una mayor seguridad jurídica a los acreedores… debido al silenciado comportamiento que tuvo la Argentina, a partir de la renegociación de 1985.

El varias veces renegociador de la deuda externa argentina, Dr. Daniel Marx, ha declarado públicamente que él tuvo pleno convencimiento de que, a partir de 1985, los bonos de deuda emitidos por la Secretaría de Hacienda, que conducía el Dr. Mario Brodherson, y por el Banco Central de la República Argentina, en ese entonces al mando del Dr. José Luis Machinea, perdieron el control de la emisión y se hubieron duplicado y triplicado bonos con el mismo número de serie.


Cuando fueron a declarar los responsables del registro de la deuda nacional, alegaron que, en 1988, el registro de la deuda externa argentina se trasladó al Chase Manhattan Bank y luego regresó su registro a las oficinas nacionales. Que con motivo, durante el Ministerio del Dr. Domingo Felipe Cavallo, de realizar pagos a los acreedores sin saber qué pagaba, ya que no se presentaban los títulos de deuda sino simples anuncios de vencimiento por parte del Comité de Bancos Acreedores, se les solicitó a estos que, mediante una auditoría, fijaran los montos de las deudas pendientes de cobro adeudadas por la Argentina, el cálculo de intereses, las comisiones y gastos que debían registrarse en los registros del país deudor.


Para justificar esta acción, el entonces ministro Cavallo elaboró un documento titulado “Organización del Sistema de Crédito Público – El Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública”, en 1996, en donde señala:


El Banco Central de la República Argentina, en su carácter de agente financiero del Estado, llevaba registros estadísticos no contables y no integrados entre sí, de la evolución de la deuda. Los Organismos descentralizados y empresas del Estado, sin normativas a nivel de ley sobre la materia, implementaban sus propios registros los que, en la mayoría de los casos, alcanzaban solo el nivel de “anotaciones simples”, asistemáticos, incapaces de brindar oportuna información para una adecuada administración y, por lo tanto, sin ningún valor contable (como puede verse, en 1996 avala lo que expondrá el fallo del 2000 – nota del autor). El otorgamiento de avales por parte del Estado Nacional, tanto a empresas públicas como privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado, ni registración sistemática que permitiera brindar información oportuna para el seguimiento y gestión (nota del autor: ¿Será por ello que nunca antes habían reclamado a las empresas privadas por los avales caídos? No nos consta que luego del cambio se hayan recuperado los fondos que cubrieron las obligaciones privadas). El Ministerio de Economía a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los “avisos de vencimiento” o reclamos de los acreedores y proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes pudiera verificarse la exactitud de la cifra demandada. Las limitaciones mencionadas precedentemente impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, perfil de vencimientos, tasa de interés comprometida (la confesión de la reiterada violación de los deberes de funcionario público, falta de cuidado del patrimonio público, dispendio de los bienes del Estado, nos relevan de todo otro comentario). La carencia de registros de la deuda pública en el Ministerio de Economía, alteró la secuencia lógica del proceso contable (confiesa el ministro). En sostén de lo mencionado en los puntos precedentes, se debe señalar que el Gobierno nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el “Plan Brady”, auditados y conciliados a través de una consultora privada (Price Waterhouse).Este proceso de conciliación se prolongó por un largo período e insumió cuantiosos gastos”.


Hasta aquí la fundamentación – confesión del ministro.

Así leemos una cláusula del Acuerdo Brady que dice: “en caso de controversias en los montos, se tendrán por válidos los registros de los acreedores por sobre la deudora”.


Es decir, le hemos pedido a los acreedores que nos digan cuánto les debemos.


Los responsables de llevar los registros de la deuda, en declaraciones ante el juzgado interviniente, al ser preguntados sobre la posibilidad de la existencia de emisión de bonos duplicados o triplicados por parte del Estado Nacional durante el gobierno del Dr. Alfonsín, respondieron que la respuesta debía ser pedida a los mismos acreedores, porque en definitiva eran ellos los que llevaban los registros contables.


La documentación referida a la conciliación de las cifras permanece a disposición del juzgado y depositada, para tal fin, por el Banco Central de la República Argentina. No me consta que, a pesar del tiempo transcurrido, el oficial a cargo de llevar el expediente de la deuda haya tomado contacto con dicha documentación y/o al menos tomar un inventario de las diversas piezas y documentación que conforman esa auditoría. Pero existen al menos 15 biblioratos con errores de conciliación, cuyo acceso le solicité al Secretario del Juzgado interviniente, Dr. Juan Carlos Foster, sin poder obtener una respuesta positiva.


Los paraísos fiscales, el Commonwealth y los fondos buitres

Hemos hecho referencia a los domicilios de los fondos buitres, que son los mismos de los grandes evasores del sistema impositivo mundial y al de las megacorporaciones que tienen patrimonios superiores a la mayoría de los países.


Calculada la evasión en 17 billones dólares, los paraísos fiscales son los verdaderos refugios de los bucaneros del capitalismo.


Y hemos señalado, en varias oportunidades, en este y otros trabajos, que los paraísos fiscales forman parte del Commonwealth.


Commonwealth se traduce como “riqueza común”, una hermandad o asociación de libres y diferentes naciones: la Comunidad Británica de Naciones, como comúnmente se las denomina. Veamos cómo está compuesto este Commonwealth según los archivos públicos de la CIA:

(*) Siguiendo las decisiones tomadas por el Commonwealth Ministerial Action Group el 31/07/2009 las islas Fiyi fueron suspendidas como miembros del Commonwealth.


(1) (2) (3) Son territorios dependientes de la Corona que se encarga de su protección, relaciones exteriores y asuntos de negocios pero no están formalmente incluidos en el Commonwealth.


(4) A excepción de Nauru, todos los demás paraísos fiscales hoy son denominados centros offshore según la clasificación de la OCDE.


(5) La lista de paraísos fiscales española establecida por el Real Decreto 1080/91 enumera 48 jurisdicciones en las que se incluyen estos territorios.


Para los argentinos, es una afrenta hallar parte de nuestro territorio invadido por una potencia imperial como parte de esta lista.


Presentamos esta primera lista ya que un trabajo de mayor investigación excede en mucho a estas páginas y estamos seguros de que otros la continuarán y la mejorarán.

En el mundo se conocen 267 territorios y/o países, 67 de ellos pertenecen al Commonwealth, el 25%.


Los km2 emergentes sobre la faz de la tierra ascienden a 148.940.000, el Commonwealth posee el 17,16%, más de 25 millones de km2.


La población mundial asciende a 7.021.836.029 de seres humanos, de ellos 2.222.776.290 habitan el Commonwealth: casi el 32% de la población mundial es súbdito británico.


El PIB mundial asciende a 70.160.000.000.000 de dólares, casi el 14% corresponde a la Comunidad Británica de Naciones, unos 9.697.498.100.000 de dólares.


Así está configurado en parte el poder mundial, sumémosle a ello el andamiaje cultural, bancario, financiero, productivo en general y alimentario en particular, y también los medios masivos de comunicación y el ámbito judicial y tendremos una primera aproximación a la dimensión de los verdaderos buitres que sobrevuelan a los pueblos y naciones y que tienen domicilio en diversos paraísos fiscales.


Se calcula que, cada año, los mercados mueven 3.450 billones de euros, frente a los 45 billones que supone el PIB mundial. Es decir, producen 76 veces lo que genera nuestra economía real. Se los denomina el mercado financiero mundial, pareciera que fueran seres etéreos, pero en realidad los fondos de inversión que trafican con divisas, acciones, deuda pública o productos derivados, son identificables. Blackrock es la mayor gestora del mundo, maneja 3,65 billones de dólares, su presidente es Laurence Fink, considerado por el diario ABC de España como “el rey de Wall Street”. Pimco es el mayor fondo de inversión de renta fija, con más de 1,3 billones de dólares en su cartera.


George Soros, mediante unos de estos fondos, pidió prestado 15.000 millones de libras esterlinas y las cambió sigilosamente a dólares. La intención de Soros era tomar una posición corta contra la libra esterlina, es decir, apostar a su devaluación. Convocó a los medios y anunció que estaba convencido de que la libra caería nada más que al terminar esa rueda de prensa. Inmediatamente vendió sus libras para enviar una señal al mercado de que la libra caía de verdad. El pánico hizo el resto. El Gobierno británico respondió con todo un arsenal de política monetaria pero, tras gastar más de 50.000 millones de dólares, tuvo que rendirse, los especuladores le habían vencido. Con la libra devaluada, Soros compró 15.000 millones de libras, aprovechando su depreciación y las devolvió, quedándose con la diferencia resultante entre el precio que las vendió y al que compró.