Buitres para Todos

Por Néstor Forero

El siguiente artículo corresponde al Capítulo 8 del libro “El Crimen de la Deuda Externa. De Martínez de Hoz a los fondos buitre” (2016), Buenos Aires, Argentina. Ediciones Fabro.


Plan de operaciones

El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse (…) miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que le habían producido los chiches y abalorios”…

Quien escribe es Don Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires, advertido tarde de su error de creer que la salvación estaba en pedir ayuda a una gran potencia, en buscar apoyo garantizándoles el flujo de comercio a cambio de influencias internacionales.

Fue Mariano Moreno el primero en reflexionar sobre los errores cometidos en aquellas primeras horas de la Patria, al entregarse al colonialismo inglés y su concepción geopolítica continental y, a raíz de aquella sincera corrección de su equívoca visión inicial, fue una de las primeras víctimas.


Nosotros que convivimos en un territorio ocupado por la misma potencia históricamente enemiga de nuestro país, también nos debemos una amplia y profunda reflexión sobre la existencia de la Nación con parte de su hábitat usurpado por el colonialismo inglés.


Hemos sido durante casi toda nuestra existencia un territorio tributario del imperialismo. Saqueadas nuestras riquezas, vaciados nuestros recursos, compensábamos nuestros déficits con creciente endeudamiento.


La usura ha sido el telón de fondo de estos 200 años, aunque de ello no se hable. Desde el primer empréstito en 1824, salvo en honrosas excepciones, hemos vivido pagando una deuda originalmente fraudulenta, y la hemos pagado varias veces para enriquecimiento de los extranjeros y los socios menores y/o gerentes locales de aquellos intereses foráneos.


Cambiar el término usura por el de interés y denominar los pagos de estos intereses como servicios de la deuda, como si la deuda nos procurara algún servicio, es parte de nuestra colonización cultural.


Usura es el cobro excesivo de intereses, según las definiciones más laxas que pueden encontrarse.


Y cuando un hermano empobreciere y se acogiere a ti, tu lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura” (Levítico 26-36; Éxodo 22-25; Antiguo Testamento).


Aparentemente, en el Antiguo Testamento, a los israelitas se les prohibía realizar operaciones a interés con sus semejantes, pero con la siguiente aclaración: “del gentil (no israelita) podrás exigir interés más de tu hermano no lo harás”.


El Corán habla de la prohibición de lucrar con la usura y la reserva de un castigo doloroso para quien incumpliera tal prohibición: “Por lucrar con la usura siendo que se les está prohibido, y apropiarse de los bienes del prójimo indebidamente. Y por cierto que les reservamos a los incrédulos de entre ellos un castigo doloroso” (Corán 4-161).


En el Nuevo Testamento se pide: “Amad a vuestros enemigos, y hacer bien, y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo” (Lucas 6-35, Nuevo testamento).


Domingo de Soto , teólogo, nacido en Segovia en 1495, en su tratado “De la Justicia y el Derecho”, cuestión 1 libro VI, señala que al término “usura”, se lo llama además “delito”, “interés” como señala Aristóteles, quien había escrito : “porque de la misma manera que los animales engendran hijos… así también el dinero produce dinero”, por lo cual este modo de engendrar dinero es antinatural, porque la moneda no es fecunda.


Emblemático es el caso de San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, que vivió entre 1696 y 1787 - abandonó su profesión de abogado y tomó los hábitos para dedicarse a la ayuda a los pobres y a combatir la usura.


Escribió numerosos tratados y manifestó que la usura no constituye un pecado contra el mandamiento de no robar, sino que es una acción que viola el mandamiento de no matar, pues lleva al deudor a la desesperación y a la muerte.


El catecismo de la Iglesia Católica ratifica esta posición declarando que “los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable” (Canon N° 2.269), es decir que considera que debe imputarse a los usureros la culpabilidad de la muerte de los acreedores.


Considera a la usura como una expropiación injusta y denuncia el desequilibrio o desproporción en las prestaciones, es decir la falta de reciprocidad entre las partes.


Al respecto, el Papa Francisco ha manifestado que “Cuando una familia no tiene para comer porque debe pagar su préstamo al usurero, eso no es cristiano, ¡Eso es inhumano!”. Ya Pablo VI había condenado al “imperialismo internacional del dinero" (Populorum progressio) y Juan Pablo II había abundado sobre el tema al pedir la cancelación de la deuda para el Jubileo del año 2000, mientras que Benedicto XVI calificó a la usura como “una plaga social”.


Las grandes religiones coinciden en prohibir la práctica de la usura, y a pesar de los grandes castigos prometidos, esta práctica es uno de los pilares fundamentales del mundo moderno. Mucho se ha escrito sobre la incidencia religiosa, el carácter filosófico e histórico de la cuestión, y su basamento político y geopolítico en los últimos siglos de la humanidad, que en mucho exceden el marco de estas páginas, pero entendíamos que no podíamos iniciar un somero tratamiento del comportamiento buitre en nuestra sociedad, sin hacer una brevísima mención sobre el tratamiento que las principales religiones le han dado coincidentemente al tema.


Entiéndase por buitre al ave rapaz de dos metros de envergadura con el cuello desnudo, que se alimenta de carne muerta y vive en bandadas. Y fondo buitre es definido como un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la bancarrota.


Esta definición compara a este tipo de inversores con las aves rapaces que sobrevuelan pacientemente para lanzarse sobre los restos de una compañía o un país deudor, que se encuentre en una situación de insolvencia.


Los operadores del mercado evitan estas definiciones y los llaman distressed debt o fondo de situaciones especiales (special situation funds, en inglés).


Un par de casos nos mostrarán cómo es el accionar de estos buitres.

Zambia, la empobrecida nación africana, había negociado con Rumania una deuda originada en 1979 destinada a comprar tractores. En 1999, las partes habían acordado liquidar el préstamo con un pago simbólico de 3 millones de dólares, con el compromiso asumido por la deudora de destinar la reducción de la obligación a fondos que financiaran su infraestructura básica y la educación y capacitación de enfermeras, tan necesarias en aquel país.


Cuando el tema estaba a punto de resolverse, el fondo buitre británico Donegal International convenció al gobierno rumano de venderle el crédito emergente por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, importe superior al ofrecido por Zambia, logrando la transferencia del crédito. El fondo buitre Donegal demandó a Zambia por el total de la deuda, es decir, más de 40 millones de dólares.


Igual comportamiento han tenido con el Congo, donde adquirieron deuda por 2,3 millones de dólares y luego demandaron y cobraron 100 millones de dólares.


En el caso de Perú, compraron deuda por 5 millones y lograron acceder a un pago, luego de demandar al país sudamericano por 58 millones de dólares.


Los fondos buitres que operaron contra la Argentina

Conocidos en las décadas anteriores por la compra agresiva de empresas para su posterior desguace y cierre, los fondos buitres han atacado también a los países con problemas de insolvencia. Los bonos basura de los ‘80 en México y del Asia en los ‘90, son testimonios de su agresivo accionar.


El listado de fondos que operan contra Argentina incluye a:

Aurelius Capital Partners Ltd.

Aurelius Capital Markets Ltd.

AC Paster

Blue Angels Capital

Capital Ventures International

Capital Markets Financial Services

Córdoba Capital

Caronte Capital

EM Ltd.

FFF Fund Ltd.

Gramercy Argentina Opportunity Fund

HWB Victoria Strategic portfolio Ltd.

Laina Corp.

Los Angeles Capital

Macrotecnic International

Meridian International Corp.

Montreux Partners

NML Capital Ltd.

NW Global Strategic

Old Castle Holdings

Olifant Fund Ltd.

VR Global Partners

Wilton Capital Ltd.

Zylberberg Fein Ltd.


La mayoría de ellos domiciliados en paraísos fiscales. El 85% de los fondos querellantes son no residentes en los Estados Unidos, aunque litigan en dichos estados, debido, entre otras razones, al inmenso poder de lobby que ejercen sobre las instituciones norteamericanas.


Ello se debe a la renuncia de la jurisdicción argentina, realizada en todas las emisiones de deuda desde 1976 a la fecha.


Hemos llamado la atención al juzgado ya que en el Acuerdo Brady que figura en autos, a fojas 1608/10 encontramos la siguiente cláusula, que se ha de repetir en todos los contratos posteriores:


JURISDICCIÓN: RENUNCIA A LA INMUNIDAD: La República Argentina se somete irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva de cualquier Tribunal federal o estadual de Nueva York, con sede en la ciudad de Nueva York, del tribunal de Justicia en Londres, y del Tribunal de Distrito (Landgericht) de Frankfurt am Main y cualquier tribunal de apelaciones de los mismos, en todo juicio, acción o proceso legal que surja de los Títulos, de los Acuerdos de Garantías y de todo otro acuerdo elaborado”.


Leemos: “La República Argentina acordará que la sentencia definitiva de cualquier juicio, acción o procedimiento legal será concluyente y podrá ser aplicada en otras jurisdicciones por juicio sobre la sentencia o de cualquier otro modo estipulado por ley”.


Esta renuncia a la soberanía jurídica del país se halla agravada con la siguiente cláusula:

En la medida en que la Argentina tiene o pueda tener de ahora en más adquirir inmunidad alguna (soberana o de otro tipo, de la jurisdicción de algún tribunal o de algún procedimiento judicial, ya sea notificación o citación, o perfeccionamiento complementario de la ejecución de sentencia, o de otro modo) con respecto a sí misma o cualquiera de sus propiedades, por la presente la Argentina RENUNCIA EN FORMA IRREVOCABLE A DICHA INMUNIDAD con respecto a sus obligaciones en virtud de los títulos y de los acuerdos de garantía”.


Tal ha sido el grado de sometimiento al que se ha llevado a la nación. Un verdadero proceso de debelación, tal como lo hemos definido en varias oportunidades.


Con motivo de la renegociación realizada en 1985, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, podemos leer la versión inglesa y luego la versión castellana del informe del asesor jurídico del Banco Central, que fuera redactado por los abogados de los acreedores y luego suscripto en manera total por el responsable de velar por la legalidad de los actos sujetos a aquella operación.


Leemos: “La elección de la ley de Nueva York como ley por la cual se regirá e interpretará el Contrato es una elección válida de ley e irrevocablemente obligatoria para el Banco Central y será sostenida en cualquier procedimiento relacionado con el Contrato”.


El Contrato se encuentra en debida forma legal bajo las leyes de la República Argentina para la ejecución del mismo de acuerdo con sus términos contra el Banco Central”.


Este modelo de informe que debió suscribir el responsable del área legal del Banco central y que indudablemente forma parte de las condiciones impuestas por los acreedores, figura como Anexo D del contrato de renegociación suscripto en aquel año de 1985.


Existe una denuncia presentada ante el Juzgado que entiende en la causa de la deuda externa, en donde se acusa de falsedad ideológica al entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Alberto García Lema, por su dictamen del 7 de abril de 1993, referido a la legalidad de los Acuerdos Brady, debido a que dicho dictamen (según la denuncia) fue redactado íntegramente por los acreedores y también en forma textual se hace constar que, ante el desconocimiento de la legislación norteamericana, el Sr. Procurador del Tesoro confiaba en el estudio de abogados que asesoraba a la Argentina: el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.


Ese es el estudio que asesoró por estos años al país y actualmente lo asesora en su disputa con los fondos buitres en el juzgado del Dr. Thomas Griesa.


El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton fue fundado en 1946, aunque tomó notoriedad a partir de 1992, con los Acuerdos Brady. Durante este tiempo, ha asesorado a Argentina, Ecuador, México, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Como puede observarse, la mayoría de los países del continente sudamericano.


También ha asesorado a entidades e instituciones financieras de importancia mundial como el Citibank N.A., Citigroup Global Markets, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, BBVA, Credit Suisse, Credit Lyonnais, entre otros.


Vemos así que tiene clientes a los dos lados del mostrador: unos los países deudores, que confían en su consejo para resguardar los intereses de los pueblos que representan y, del otro lado, el Comité de Bancos que representa a los acreedores en busca del mayor lucro.


Consultadas algunas personas que han intervenido en las negociaciones, han confesado que la designación de este estudio de abogados otorga una mayor seguridad jurídica a los acreedores… debido al silenciado comportamiento que tuvo la Argentina, a partir de la renegociación de 1985.

El varias veces renegociador de la deuda externa argentina, Dr. Daniel Marx, ha declarado públicamente que él tuvo pleno convencimiento de que, a partir de 1985, los bonos de deuda emitidos por la Secretaría de Hacienda, que conducía el Dr. Mario Brodherson, y por el Banco Central de la República Argentina, en ese entonces al mando del Dr. José Luis Machinea, perdieron el control de la emisión y se hubieron duplicado y triplicado bonos con el mismo número de serie.


Cuando fueron a declarar los responsables del registro de la deuda nacional, alegaron que, en 1988, el registro de la deuda externa argentina se trasladó al Chase Manhattan Bank y luego regresó su registro a las oficinas nacionales. Que con motivo, durante el Ministerio del Dr. Domingo Felipe Cavallo, de realizar pagos a los acreedores sin saber qué pagaba, ya que no se presentaban los títulos de deuda sino simples anuncios de vencimiento por parte del Comité de Bancos Acreedores, se les solicitó a estos que, mediante una auditoría, fijaran los montos de las deudas pendientes de cobro adeudadas por la Argentina, el cálculo de intereses, las comisiones y gastos que debían registrarse en los registros del país deudor.


Para justificar esta acción, el entonces ministro Cavallo elaboró un documento titulado “Organización del Sistema de Crédito Público – El Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública”, en 1996, en donde señala:


El Banco Central de la República Argentina, en su carácter de agente financiero del Estado, llevaba registros estadísticos no contables y no integrados entre sí, de la evolución de la deuda. Los Organismos descentralizados y empresas del Estado, sin normativas a nivel de ley sobre la materia, implementaban sus propios registros los que, en la mayoría de los casos, alcanzaban solo el nivel de “anotaciones simples”, asistemáticos, incapaces de brindar oportuna información para una adecuada administración y, por lo tanto, sin ningún valor contable (como puede verse, en 1996 avala lo que expondrá el fallo del 2000 – nota del autor). El otorgamiento de avales por parte del Estado Nacional, tanto a empresas públicas como privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado, ni registración sistemática que permitiera brindar información oportuna para el seguimiento y gestión (nota del autor: ¿Será por ello que nunca antes habían reclamado a las empresas privadas por los avales caídos? No nos consta que luego del cambio se hayan recuperado los fondos que cubrieron las obligaciones privadas). El Ministerio de Economía a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los “avisos de vencimiento” o reclamos de los acreedores y proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes pudiera verificarse la exactitud de la cifra demandada. Las limitaciones mencionadas precedentemente impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, perfil de vencimientos, tasa de interés comprometida (la confesión de la reiterada violación de los deberes de funcionario público, falta de cuidado del patrimonio público, dispendio de los bienes del Estado, nos relevan de todo otro comentario). La carencia de registros de la deuda pública en el Ministerio de Economía, alteró la secuencia lógica del proceso contable (confiesa el ministro). En sostén de lo mencionado en los puntos precedentes, se debe señalar que el Gobierno nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el “Plan Brady”, auditados y conciliados a través de una consultora privada (Price Waterhouse).Este proceso de conciliación se prolongó por un largo período e insumió cuantiosos gastos”.


Hasta aquí la fundamentación – confesión del ministro.

Así leemos una cláusula del Acuerdo Brady que dice: “en caso de controversias en los montos, se tendrán por válidos los registros de los acreedores por sobre la deudora”.


Es decir, le hemos pedido a los acreedores que nos digan cuánto les debemos.


Los responsables de llevar los registros de la deuda, en declaraciones ante el juzgado interviniente, al ser preguntados sobre la posibilidad de la existencia de emisión de bonos duplicados o triplicados por parte del Estado Nacional durante el gobierno del Dr. Alfonsín, respondieron que la respuesta debía ser pedida a los mismos acreedores, porque en definitiva eran ellos los que llevaban los registros contables.


La documentación referida a la conciliación de las cifras permanece a disposición del juzgado y depositada, para tal fin, por el Banco Central de la República Argentina. No me consta que, a pesar del tiempo transcurrido, el oficial a cargo de llevar el expediente de la deuda haya tomado contacto con dicha documentación y/o al menos tomar un inventario de las diversas piezas y documentación que conforman esa auditoría. Pero existen al menos 15 biblioratos con errores de conciliación, cuyo acceso le solicité al Secretario del Juzgado interviniente, Dr. Juan Carlos Foster, sin poder obtener una respuesta positiva.


Los paraísos fiscales, el Commonwealth y los fondos buitres

Hemos hecho referencia a los domicilios de los fondos buitres, que son los mismos de los grandes evasores del sistema impositivo mundial y al de las megacorporaciones que tienen patrimonios superiores a la mayoría de los países.


Calculada la evasión en 17 billones dólares, los paraísos fiscales son los verdaderos refugios de los bucaneros del capitalismo.


Y hemos señalado, en varias oportunidades, en este y otros trabajos, que los paraísos fiscales forman parte del Commonwealth.


Commonwealth se traduce como “riqueza común”, una hermandad o asociación de libres y diferentes naciones: la Comunidad Británica de Naciones, como comúnmente se las denomina. Veamos cómo está compuesto este Commonwealth según los archivos públicos de la CIA:

(*) Siguiendo las decisiones tomadas por el Commonwealth Ministerial Action Group el 31/07/2009 las islas Fiyi fueron suspendidas como miembros del Commonwealth.


(1) (2) (3) Son territorios dependientes de la Corona que se encarga de su protección, relaciones exteriores y asuntos de negocios pero no están formalmente incluidos en el Commonwealth.


(4) A excepción de Nauru, todos los demás paraísos fiscales hoy son denominados centros offshore según la clasificación de la OCDE.


(5) La lista de paraísos fiscales española establecida por el Real Decreto 1080/91 enumera 48 jurisdicciones en las que se incluyen estos territorios.


Para los argentinos, es una afrenta hallar parte de nuestro territorio invadido por una potencia imperial como parte de esta lista.


Presentamos esta primera lista ya que un trabajo de mayor investigación excede en mucho a estas páginas y estamos seguros de que otros la continuarán y la mejorarán.

En el mundo se conocen 267 territorios y/o países, 67 de ellos pertenecen al Commonwealth, el 25%.


Los km2 emergentes sobre la faz de la tierra ascienden a 148.940.000, el Commonwealth posee el 17,16%, más de 25 millones de km2.


La población mundial asciende a 7.021.836.029 de seres humanos, de ellos 2.222.776.290 habitan el Commonwealth: casi el 32% de la población mundial es súbdito británico.


El PIB mundial asciende a 70.160.000.000.000 de dólares, casi el 14% corresponde a la Comunidad Británica de Naciones, unos 9.697.498.100.000 de dólares.


Así está configurado en parte el poder mundial, sumémosle a ello el andamiaje cultural, bancario, financiero, productivo en general y alimentario en particular, y también los medios masivos de comunicación y el ámbito judicial y tendremos una primera aproximación a la dimensión de los verdaderos buitres que sobrevuelan a los pueblos y naciones y que tienen domicilio en diversos paraísos fiscales.


Se calcula que, cada año, los mercados mueven 3.450 billones de euros, frente a los 45 billones que supone el PIB mundial. Es decir, producen 76 veces lo que genera nuestra economía real. Se los denomina el mercado financiero mundial, pareciera que fueran seres etéreos, pero en realidad los fondos de inversión que trafican con divisas, acciones, deuda pública o productos derivados, son identificables. Blackrock es la mayor gestora del mundo, maneja 3,65 billones de dólares, su presidente es Laurence Fink, considerado por el diario ABC de España como “el rey de Wall Street”. Pimco es el mayor fondo de inversión de renta fija, con más de 1,3 billones de dólares en su cartera.


George Soros, mediante unos de estos fondos, pidió prestado 15.000 millones de libras esterlinas y las cambió sigilosamente a dólares. La intención de Soros era tomar una posición corta contra la libra esterlina, es decir, apostar a su devaluación. Convocó a los medios y anunció que estaba convencido de que la libra caería nada más que al terminar esa rueda de prensa. Inmediatamente vendió sus libras para enviar una señal al mercado de que la libra caía de verdad. El pánico hizo el resto. El Gobierno británico respondió con todo un arsenal de política monetaria pero, tras gastar más de 50.000 millones de dólares, tuvo que rendirse, los especuladores le habían vencido. Con la libra devaluada, Soros compró 15.000 millones de libras, aprovechando su depreciación y las devolvió, quedándose con la diferencia resultante entre el precio que las vendió y al que compró.


Los fondos de inversión son escasamente regulados y sus operaciones gozan de opacidad y altas comisiones, su relativa complejidad son plenamente desconocidas para la mayoría de la población, precisamente las víctimas de su accionar.


Un fondo buitre puede definirse como un fondo de inversión especializado en inversiones en deuda con dificultades de cobro, que aprovecha los bajos precios de los activos o la devaluación de los instrumentos de deuda privada o pública. Adquieren bonos devaluados en su cotización al solo efecto de litigar contra el estado emisor, a fin de lograr el valor nominal más los intereses. Su postura es quedar al margen de los mercados y de cualquier reestructuración de deuda que pueda ofrecer el estado deudor para pleitear en los estrados judiciales, con altos costos y larga duración.


Los 25 fondos de inversión más grandes del mundo (entre 400) ganaron, en 2010, 22.000 millones de dólares. A poco de comenzar la crisis del 2008, el JP Morgan gestionaba 53.000 millones de dólares, Bridgewater Associates gestionaba 43.000 millones de dólares, Paulson & Co 32.000 millones y el mencionado Soros Fund Management 27.000 millones de dólares.


Otros fondos importantes son Elliot Management; Fir Tree Partners; Cerberus Capital; Blackstone, KKR Financial Holdings. Notoriamente, la mayoría de ellos están domiciliados en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas o las islas Caimán y otros sitios arriba detallados. Sus principales cabezas son Paul Singer, Kenneth Datt y Michael Sheenan.


Estas son, entre otras, las naves insignias del feroz capitalismo financiero globalizado.


Un orgullo argentino: la Doctrina Drago

La Doctrina Drago fue elaborada por el jurista argentino Luis María Drago, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, a raíz de los sucesos ocurridos en el año 1902 en Venezuela. La misma fue receptada en la nota enviada por Drago al Secretario de Estado de los Estados Unidos.


Los hechos ocurridos señalan que Venezuela se encontraba en una delicada situación económica y financiera y, habiendo recibido préstamos de particulares de distintas naciones, se encontraba ante un bloqueo naval impuesto por Gran Bretaña, Alemania e Italia.


Drago señalará que los capitalistas que prestan dinero a un Estado extranjero conocen su grado de civilización, su cultura y sus recursos, pudiendo inferir posibles incumplimientos o retrasos en los pagos.


Un incumplimiento en cuanto a los plazos establecidos no significa necesariamente falta de voluntad de pago, sino la necesidad de diferirlos hasta otro momento más oportuno; por ello, el cobro compulsivo de una deuda soberana resulta inadmisible.


Desde la óptica del derecho internacional, toda cobranza unilateral de deuda pública conlleva una violación de la soberanía estatal, pues implica, en el caso de Venezuela, con el bloqueo de sus puertos, una ocupación militar del territorio del Estado deudor, sometido ya a convulsiones sociales y económicas producidas por la anarquía y las guerras civiles.


La Doctrina Drago intentó frenar los avances del imperialismo financiero sobre las naciones endeudadas. Su influencia fue determinante en dos reuniones internacionales: la Tercera Conferencia Interamericana de Río de Janeiro (1906) y la Segunda Conferencia de Paz de la Haya (1907).


Su vigencia permite argumentar acerca de la indudable soberanía de los países por sobre la apetencia sin fronteras de los acreedores, y la inviabilidad jurídica de cualquier estrategia unilateral o compulsiva de cobranza, por parte de acreedores privados, por sobre los recursos y la factibilidad de pago de los deudores.


Aquí tenemos una doctrina para continuar la legítima defensa de nuestro patrimonio y nuestra soberanía estatal.


Pero también debemos mencionar la Doctrina Avellaneda, que se basa en las ideas y conductas del presidente que sucedió a Domingo F. Sarmiento, quien expresó:


La república puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.


Esa fue la respuesta presidencial a una de las tantas crisis financieras producidas a lo largo de nuestra historia económica, recurrente en sus causales: exceso de importaciones, caída de exportaciones, ingreso de capitales golondrinas y empréstitos para financiar importaciones y gastos corrientes… Una trágica repetición.


Pero me pregunto ¿qué pasaría si, en lugar de basar nuestra posición en la defensa jurídica, utilizamos la misma composición de los inversionistas de los fondos buitres y su permanente accionar, en atacarlos conforme a las normativas internacionales?


Se ha dicho que 13 inversionistas de los fondos buitres que han atacado a la Argentina son residentes en nuestro país. Y, si son residentes, deben ser contribuyentes.


Y si son contribuyentes ¿han justificado de antemano los patrimonios invertidos en los fondos buitres?, ¿han pagado correspondientemente los impuestos sobre los fondos así justificados?, ¿han declarado convenientemente dichas inversiones en los períodos que corresponden?


Y por último, las inversiones realizadas en los fondos buitres ¿han cumplido con toda la normativa de exportación de capitales, o han sido motivados en la fuga de los mismos?


Si existieran respuestas negativas ante la situación fiscal de los trece inversores argentinos, nos encontraríamos con el delito de evasión fiscal, tráfico de divisas, contrabando de divisas y lavado de dinero. En donde el receptor de los fondos es corresponsable por los delitos producidos.


Y si hubiera más de un caso dentro de los trece inversores que hayan cometido este tipo de delitos u otros conexos, nos encontraríamos con que el receptor de los fondos agravaría su situación delictual, por el concurso reiterado del delito.


Si así fuera, la República Argentina debe demandar ante los mismos tribunales donde está siendo sometida a juicio, por los delitos agravados de lavado de activos, fuga de capitales, evasión impositiva y contrabando de divisas producidos por los fondos buitres receptores y sus inversores de origen argentinos. ¿Podrá la justicia americana desestimar estos delitos sin menoscabo de su soberanía?


Queda planteada la cuestión, a veces la mejor defensa es un buen ataque.


El origen de los fondos buitres

El origen de los fondos buitres hay que buscarlos en la mutación de las obligaciones instrumentales del endeudamiento de los países; un estudio de la Universidad de Iowa señala que el mercado financiero para la deuda soberana es una innovación introducida por el ex banquero de Wall Street, Nicolas Brady, entonces Secretario del Tesoro de EE.UU., quien, con el pretexto de ayudar a los países endeudados, resolvía los problemas de los bancos. El plan consistió en el canje de préstamos sindicados por los gobiernos, por bonos que se podían comercializar libremente; así, los préstamos bancarios se convirtieron en bonos soberanos.


Frente a las dificultades de cobro que pudieran producirse, si los bancos encabezando a los acreedores litigaran contra el deudor, podría ser contrario a sus propios intereses de mantenerse en el negocio, por ello se abstenían de litigar, reemplazándolas por presiones al deudor. La llegada de los fondos de inversión vino a traerles un “sustituto” en el inicio de los pleitos judiciales.


Para los países deudores, fue entregarse a los mercados y a la cotización de los mismos, al riesgo país, las calificadoras de riesgo y a todo un entramado que asfixió la voluntad soberana.

En ese orden debe entenderse la aceptación de planes de reformas económicas y políticas conocido como Consenso de Washington, de liberalización de los intercambios comerciales y financieros, privatización de las empresas estatales y servicios públicos y la precarización del salario y la pérdida de las conquistas sociales.


De esta manera, los fondos buitres no son solo un grupo de piratas especuladores, sino la vanguardia de un grupo de bancos hegemónicos y un ariete para la introducción de políticas ajenas a la voluntad e interés de los pueblos sometidos al sistema deuda.


Sometidos a las fluctuaciones de los mercados, las cotizaciones de los bonos dependían de la confianza que generaran las políticas aplicadas por cada país deudor. La incertidumbre de la rentabilidad futura o el cumplimiento del compromiso de pago dieron origen a otro negocio, el seguro de crédito sin regulación alguna, denominado CDS (por su nombre en inglés Credit Default Swap), que aportan una indemnización contratada en caso de producirse el impago de las obligaciones.


Sin regulación pública, la garantía de este seguro generalmente está dada por un agente bancario bajo la supervisión de la Asociación Internacional de Derivados y Swaps, entidad nacida en 1985 e integrada por 844 entidades financieras de 64 países, entre sus integrantes se cuentan los bancos más grandes del mundo.


El negocio de los derivados equivale a unas diez veces la riqueza generada en el mundo en bienes y servicios. Además de los swaps de tasas de interés, opera con monedas, materias primas, acciones y los CDS.


Se considera que los fondos buitres, especialmente NML de Paul Singer, compraron seguros CDS sobre los bonos sujetos a litigio, así la declaración de cesación de pagos dispararía el cobro del seguro, por lo cual el default trae aparejado otro negocio colateral pagado con la sangre de los pueblos.


Griesa

En cuanto al fallo del Juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a cancelar la deuda con los acreedores que no ingresaron al canje, en forma íntegra y de un solo pago, la misma fue apelada y veremos el devenir de la causa en los próximos meses. Aceptar la postura de los fondos buitres es consolidar una estructura jurídica internacional de Golpe de Estado permanente. Ya que ninguna reestructuración será posible de aquí en más, y los bancos norteamericanos quedarán fuera del negocio como agentes de pago de las deudas soberanas reestructuradas.


Pudo el juez estadual de Nueva York imitar al juez Sweet, también de Nueva York, cuando en su sentencia contra el Fondo Elliot en su pleito contra el Perú, denegándole su pretensión de cobro, utilizó un fallo judicial del siglo XVI que expresaba:


Tan grande era la maldad de señores ricos y poderosos que compraban reclamaciones de deudas y que por intermedio de sus altas e influyentes posiciones, infundían temor en los tribunales y con ello garantizaban sentencias injustas y sin fundamento, que se hizo necesario, tempranamente en Inglaterra, promulgar leyes para impedir tales prácticas”.


Pero aquel fallo de Sweet fue revocado por el Tribunal del Segundo Distrito, que sancionó que “la adquisición de una deuda para demandar al deudor no viola la ley”.


Fue el abandono de la doctrina Champerty, que postula “que ninguna persona natural o jurídica puede comprar documentos de créditos vencidos con la intención o propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Doctrina recogida en la sección 489 de la legislación de Nueva York.


La doctrina jurídica de EEUU y otros países produjo un cambio sustancial en torno a la inmunidad soberana; en EEUU, la ley Foreign Sovereign Immunities Act de 1976, o Ley de Inmunidad Soberana Extranjera; y el Reino Unido, mediante la Ley de Inmunidad Estatal, redefinieron dicha inmunidad, de allí en más los estados y sus agentes y entidades públicas podrían ser legalmente y solidariamente responsables por el incumplimiento de los contratos comerciales.


Su resultado fue el incremento de la litigiosidad de los fondos buitres contra los estados en falencia de pago.


El embargo de la Fragata

Los argentinos nos despertamos un día con la noticia de que el fondo buitre NML, cuya principal figura es Kenneth Dart, dueño de la Corporación Dart y controlante del fondo buitre NML, había procedido a embargar la fragata Libertad anclada en el puerto de un país incorporado e integrante del Commonwealth, la República de Ghana.


Pero no era esta la primera vez que se embargaban o intentaban embargar bienes públicos; veamos sucintamente los 27 intentos de embargo. En EEUU: residencia del embajador argentino ante los EEUU, residencia del embajador argentino ante la OEA; residencia agregaduría militar (Ejército) argentina en EEUU; residencia agregaduría militar (Marina) en EEUU; residencia agregaduría militar (Aeronáutica) en EEUU; avión presidencial Tango 01; cuentas en Banco Nación del consulado de Miami y de la Secretaría de Turismo en Nueva York; Cuentas en Banco Nación de la Secretaría de Turismo en Consulado de Nueva York; 4 intentos sobre galpones de las Fuerzas Armadas Argentinas, satélite Aquarius Sac – D; reservas del BCRA depositada en la Reserva Federal de Nueva York; patentes y licencias de patentes. En Suiza: reservas del BCRA en el Bank of International Settlements (BIS). En Francia: cuentas de la embajada argentina; inmueble de la Fuerza Aérea Argentina; cuentas de la Fundación Argentina, cuentas de las Fuerza Aérea y Comisión Naval, Museo Gral. San Martín en Boulogne Sur Mer. En Alemania: cuentas del Consulado argentino en Frankfurt, cuenta de la embajada en Berlín. En Bélgica: cuentas de la embajada argentina en Bruselas; cuentas de la Representación argentina ante la Comunidad Europea en Bruselas.


Como puede verse, no es la primera vez que se intenta despojar patrimonialmente a nuestro país de los bienes que posee por el mundo.


Numerosas voces se han levantado en pos de la defensa soberana de nuestro país y de la fragata.


Se ha llevado el litigio al Tribunal del Mar, basados en los siguientes argumentos jurídicos:


- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 1982).

Subsección C. Normas aplicables a los buques de guerra y a otros buques de Estado destinados a fines no comerciales.

Artículo 29. Definición de buques de guerra: Para los efectos de esta Convención, se entiende por “buques de guerra” todo buque perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares.


- Decreto 727/01 del Presidente Dr. Fernando de la Rúa.

Por este decreto el entonces presidente designó a la Fragata Libertad “Embajadora de la República con carácter de distinción honorífica y con efecto exclusivamente protocolar”.


- Convención de Viena sobre las relaciones Diplomáticas (18/04/1961).

Artículo 22: los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.


El Estado receptor tiene la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.


Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.


Como se puede observar, lo actuado por el juez jurisdiccional de la República de Ghana, ha excedido y violado las normas internacionales.


Y conforme a derecho, el Tribunal del Mar ha fallado a nuestro favor, y una multitud fue a recibir a la fragata y su heroica tripulación en el puerto de Mar del Plata, acondicionado para la ocasión.

Galería de buitres


No podemos dejar de mencionar los otros buitres que rondan por sobre nuestra cabezas.

Eric Toussaint ha realizado un inventario de acusaciones contra el Banco Mundial, allí expone que, durante sus sesenta años de existencia, la institución ha sostenido en forma activa todas las dictaduras y todos los regímenes corruptos aliados de los Estados Unidos.


Cita los ejemplos del caso del Congo-Zaire, donde a pesar de haber detectado desvíos masivos, mantuvo y aumentó los importes prestados. Ayudó con su apoyo financiero a la dictadura de Habyarimana en Ruanda. Sostuvo las peores dictaduras como los regímenes de Suharto en Indonesia, Marcos en Filipinas. Saboteó activamente las experiencias democráticas en Guatemala, Nicaragua y Chile, por poner solo unos ejemplos.


Otro caso paradigmático es el Club de París. Fundado en París en 1956, fue creado por un grupo de acreedores para dar alivio temporal a deudores con problemas de liquidez. Es un grupo informal de acreedores, compuesto además por representantes de los países acreedores, el Fondo Monetario Internacional y organizaciones internacionales invitadas, tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), el Banco Mundial y Bancos regionales de Desarrollo, entre otros.


Argentina comenzó su relación con el Club de París en 1956 y, en varias oportunidades, debió refinanciar su deuda; actualmente se encuentra en default y las negociaciones arrojan una deuda consolidada por los acreedores cercana a los 8.470 millones de dólares. Por su parte, la Argentina registraba impagas deudas correspondientes a las rondas IV y V más nueva deuda elegible más intereses, un total de 6.250 millones de dólares. La diferencia entre una y otra cifra es la suma de intereses sobre intereses, conocido mecanismo como anatocismo a una tasa del 7% anual. Una tremenda estafa usuraria.


Pero gran parte de esa deuda corresponde al período de la Dictadura Cívico Militar de entre 1976 y 1983. Alemania es una de los principales acreedores por los préstamos hechos sobre la central atómica Atucha II y Holanda sobre una supuesta deuda contraída por la empresa Cogasco, que mereció una investigación por parte del BCRA, cuando la empresa intentó colocar una supuesta deuda cercana a los 900 millones de dólares dentro del régimen de seguros de cambio de la década de los ‘80, pero que, al ser inicialmente auditada, la empresa retiró su solicitud de seguro de cambio, a fin de no descubrir sus manejos contables, y pasó a reclamar deuda por peajes por el gasoducto construido.


Dada la fecha de contracción de estas deudas, y el modo en que supuestamente se han contraído, las mismas pueden ser consideradas deudas odiosas, por ser contraídas por la dictadura cívico militar. La deuda reclamada por el Club de París es deuda manchada con sangre, con sangre de argentinos.


Sin embargo, en el año 2014, se renegoció toda la deuda, incluido intereses punitorios, por un monto de 9.700 millones de dólares. Con un pago inicial de 650 millones en junio de 2014, un segundo pago de 500 millones de 2015 y uno subsiguiente en mayo de 2016.


Argentina deberá afrontar un pago mínimo anual y pagos adicionales conforme se produzcan inversiones provenientes de los países miembros del Club de París. Por cinco años, si el país considera que las inversiones son insuficientes, se podrá posponer el pago de los adicionales….

En el CIADI, también se sustancian juicios contra nuestro país, por una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares (ver “Tratados internacionales” en esta misma obra).


Todo un andamiaje colonial jurídico que amenaza la vida de los argentinos.

Como consecuencia directa de las políticas implementadas en el año 2001, más conocidas como “corralón” y “corralito”, la República Argentina ha debido hacer frente a casi 19.500 millones de dólares, emitiendo en su momento y pagando en otro esa cifra. El último gran vencimiento fue el pago del último cupón de los títulos denominados Boden 12, por más de 2.197 millones de dólares. Queda entonces un remanente menor para el año siguiente, el cual se cumplió religiosamente.


Sólo con lo abonado en la última cuota, se podrían haber construido 361 nuevos hospitales con unos 4.500 metros cuadrados de infraestructura. Con el mismo dinero, se podrían haber adquirido 33.733 ambulancias o construir 50.000 viviendas más dentro de los términos del plan Pro.Cre.Ar., equivalentes a soluciones habitacionales para 200.000 personas. O adquirir 102.654 patrulleros, sólo con lo destinado al pago de la última cuota.


Considerando que sólo el 22% de los tenedores de los bonos cobraron en el país, puede mensurarse la enorme transferencia de fondos, riquezas y soluciones económicas y sociales al extranjero.


El pago del cupón según crecimiento del Producto Interno Bruto es otro caso paradigmático.

No contemplado en la propuesta original, fue el Ministro de Economía Dr. Roberto Lavagna, quien la incorporó a la oferta. Con ella, los acreedores que se incorporaran al canje tendrían, a elección, dos premios: los bonos ajustados por la inflación reconocida en el país, o los bonos con cupón de crecimiento del PIB.


Superado el piso de crecimiento (3%), se dispara la cláusula del premio y el mismo resulta creciente en tanto pasan los años. De continuar esta tendencia, en menos de 12 años, los acreedores ingresados al canje recuperarán por la vía del premio, la reducción del capital (65%) que aceptaron en su momento.


El otro premio es el ajuste por el índice C.E.R., es decir, en pocas palabras, que los acreedores se benefician con un premio basado en el comportamiento de nuestra inflación.


Cómo no ver que, dado el grado de concentración de la economía argentina, el proceso inflacionario tendría un nuevo impulsor motivacional: por cada punto de la inflación reconocido por el Estado, se dispara un pago de 300 millones de dólares como premio a los tenedores de bonos, con cláusula de ajuste.


Así, el país se encuentra en una lucha de doble implicancia y escenario: la lucha por los ingresos disponibles entre los grupos económicos concentrados y el Estado en defensa de la población, por un lado, y, por otro, ese mismo Estado compensando a los acreedores externos, por cada punto de inflación reconocida.


Una verdadera encerrona que el gobierno de la Dra Cristina Fernández de Kirchner trató de llevar adelante con su particular visión. De allí que los índices de inflación no se correspondan con la sensación que tiene cada consumidor argentino, especialmente en el rubro alimenticio.

Es que el mercado alimenticio está fuertemente concentrado. El 80% de los aceites que se consumen son producidos por dos empresas, Molinos Río de la Plata y Aceitera Deheza. En lácteos, el 78% del mercado lo manejan dos empresas, La Serenísima y Sancor. En enlatados, Arcor maneja el 70% del mercado. Ledesma maneja el 75% del mercado de azúcar local.


Como dice Norberto Navarro, en un trabajo para el suplemento Cash de Página 12, “estas empresas hegemónicas en sus mercados, elaboran productos de primeras marcas, aumentando sus precios muy por encima de sus costos”. En promedio, las primeras marcas de los productos mencionados, en el año 2010, incrementaron sus precios en un 32%, reflejando ganancias en sus balances de hasta el 50% anual sobre su patrimonio neto. Índice desorbitante en cualquier lugar del mundo.


En varias ocasiones, surgieron empresas medianas que les hicieron competencia vendiendo productos de la misma calidad pero sustancialmente a precios inferiores.


La estrategia de las empresas líderes fue disminuir sus precios sólo en las zonas en que veían peligrar su porción hegemónica del mercado. Las cadenas de supermercados también apoyaron la estrategia de las marcas líderes. Las pequeñas y medianas empresas no tienen poder de negociación para permanecer en las góndolas de los grandes comercios.


Así, en nombre de los mercados, se apropian del esfuerzo y del ingreso de los argentinos. La concentración económica en todos los rubros y la extranjerización del mercado interno es un problema a resolver por los sucesivos gobiernos nacionales. A causa del proceso de debelación, en donde se aniquiló todo poder estatal, es muy difícil lograr, en lo inmediato, efectivas y concretas medidas para el bolsillo de los argentinos. Es una tarea de todos los días, y el problema no es el INDEC y su medición