Por Lautaro Garcia Lucchesi
El martes 17 de diciembre, en la Casa Blanca, y con la participación del Secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, fue presentada la iniciativa del gobierno norteamericano “América Crece”, la cual se propone como objetivo apoyar el desarrollo económico de los países de América Latina y el Caribe, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos de infraestructura en el sector energético, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos Esto fomentaría la creación de empleo y reactivaría las economías de la región, ya que resolvería la falta de infraestructura, estimada entre 100.000 y 150.000 millones de dólares anuales. Voice of America afirmó que ya se han firmado memorandos de entendimiento con Argentina, Chile, Jamaica, Colombia y Panamá, y están preparados para suscribir acuerdos con El Salvador, Perú y Brasil.
Naturalmente, como se busca conectar el sector privado estadounidense con las oportunidades existentes en América Latina y el Caribe, se promueve la creación de un ambiente propicio para las inversiones, que sea transparente, competitivo y acorde con las mejores prácticas internacionales. Lo que coloquialmente los empresarios denominan “reglas de juego claras”. Esto permitiría la reducción de las “excesivas” barreras regulatorias legales, de adquisiciones y de mercado para la inversión. Se continúa así con la lógica de la desregulación y con la visión del Estado como un ente cuya existencia interfiere con la lógica del mercado, por eso se debe propugnar reducir lo máximo posible la intervención estatal, pues sólo así lograremos el tan ansiado derrame. La falta de autorreflexión y autocrítica de los defensores acérrimos del mercado es admirable.
Lo que el gobierno norteamericano presenta como innovador en este proyecto es el carácter “pangubernamental” de la iniciativa. En “América Crece” participan numerosas agencias del gobierno norteamericano, principalmente en lo relacionado a la obtención de financiamiento y al análisis de viabilidad de los proyectos; entre ellos, participan los Departamentos de Estado y del Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero.
Debo admitir que el prefijo “pan” recuerda inmediatamente al “panamericanismo”. Y esta iniciativa parece tener algo de ello. De ésta quedan excluidos Venezuela, Nicaragua y Cuba, los subversivos del continente. Recordemos que, cuando John F. Kennedy lanzó la “Alianza para el Progreso”, el 13 de marzo de 1961, Cuba fue excluida por autoproclamarse socialista. La Alianza para el Progreso contaba con un presupuesto de US$ 20.000 millones de ayuda, a ser distribuidos en un período de diez años, que se otorgarían de acuerdo con la disponibilidad y el compromiso de los países latinoamericanos en el cumplimento de los preceptos de la declaración de principios. Para administrar los recursos de este programa, se crearon diversas agencias gubernamentales; entre ellas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que también participa de esta nueva iniciativa. En agosto de ese año, en la reunión de la OEA en Punta del Este, el “Che” Guevara, como representante de Cuba, denunció la iniciativa por ser una maniobra destinada a aislar el proceso revolucionario iniciado en ese país.
Hoy, “América Crece” parece tener una intención similar a la denunciada por el “Che”, pero con alcance ampliado. La creciente influencia de China, especialmente en Sudamérica, viene siendo una de las principales preocupaciones del gobierno de Trump, pues es una de las aristas de la disputa global que estamos viviendo en el escenario internacional. La creciente influencia económica que China ha obtenido sobre nuestra región, siendo un socio comercial y una fuente de inversión extranjera directa (IED) central, genera preocupación sobre los EE.UU. Por esto la nueva iniciativa está orientada hacia obras de infraestructura, que ha sido el lugar hacia donde, ante la falta de fuentes de financiamiento alternativas, la IED china se ha dirigido principalmente.
Otra similitud con la iniciativa de Kennedy es el contexto internacional. No es para nada casual que ambos proyectos hayan surgido en momentos donde la hegemonía sobre el sistema internacional está en disputa. Mientras China extiende su influencia en Sudamérica, Estados Unidos hace lo suyo en el mar del Sur de China; cuando la URSS hizo lo mismo en Cuba, Estados Unidos respondió con interferencias en la zona de influencia soviética. La presencia de China como soporte del gobierno venezolano, a la vez que irrita fuertemente a Trump, le permite al gigante asiático obtener uno de los recursos más necesitados para poder mantener andando la estructura productiva china, el petróleo.
La iniciativa también intenta construir un consenso regional sobre algunos principios políticos y económicos, haciendo que los países latinoamericanos se alineen a los principios de la política exterior norteamericana y así frenar el avance chino. En los ‘60, la creación de la Alianza para el Progreso se enmarcó dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual consideraba al comunismo como la amenaza principal a la seguridad hemisférica. La contribución de Kennedy fue introducir, en esa doctrina, a la pobreza como un factor adicional que podía contribuir a que el descontento de las poblaciones económicamente relegadas se canalizara hacia la alternativa comunista. Por esta razón, durante la presidencia Kennedy se crea, por un lado, la Alianza para el Progreso como programa de lucha contra la pobreza (por eso fue acusada de tener un carácter meramente asistencialista) y, por el otro, se amplían los programas de contrainsurgencia.
Hoy, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son acusados de comunistas; el golpe en Bolivia fue contra un gobierno erróneamente denominado, por los golpistas, como comunista, por sus cercanías con Rusia y China; Bolsonaro acusa a todos los que lo critican a él y a sus políticas de comunistas, e incluso, inicialmente, atacó al Frente de Todos tras su victoria, por ser el regreso de la izquierda al poder; es decir que, ideológicamente, la derecha conservadora latinoamericana ha recuperado el postulado de la amenaza comunista de la Doctrina de Seguridad Nacional, pero la ha readaptado a sus fines; es así que los paladines de la libertad acusan a cualquier alternativa política de ser totalitaria, comunista u otras acusaciones afines.
De hecho, el Secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y su Secretario de Defensa, Mark Esper, así como otros altos cargos del Departamento de Estado, están formado en esa doctrina; también hay funcionarios de Bolsonaro y de las Fuerzas Armadas chilenas formados en ella. Entonces, es posible afirmar que la iniciativa “América Crece” es la nueva “Alianza para el Progreso del siglo XXI, enmarcada en una reactualización de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
La Alianza para el Progreso fracasó, principalmente, por no atacar las causas estructurales de la pobreza en los países latinoamericanos, pues de nada servía construir escuelas, hospitales o rutas si no se resolvía primero la creciente desigualdad en los ingresos que existía en muchos países de la región. Esta desigualdad es, hoy en día, aún mayor; veremos si “América Crece” ha aprendido del fracaso de su antecesora o si repite sus mismo errores. En principio, su punto de partida es el mismo.