Por Andrés Caristi
En los últimos tiempos, hemos oído a un número no menor de personas vociferar un anarquismo que, a diferencia del que tenemos en mente, parece venir desde las más altas esferas y no desde los más vulnerables. Y es que el anarquismo ha sido, históricamente, la herramienta de movilización popular contra la opresión política y económica de las élites; y sus ideas fueron el adalid revolucionario por excelencia.
No obstante, en tiempos recientes, sectores pertenecientes a la burguesía y a clases más bien privilegiadas se han hecho eco de algunas de las ideas anarquistas para expresar su disconformidad con el Estado de bienestar y con toda medida que configure, en sí misma, la reparación de una injusticia social. Si bien la idea de un Estado mínimo no es nueva, sí es novedosa la difusión y la penetración que está teniendo en espacios otrora defensores de un Estado presente.
Si bien es tentador sugerir que medidas de austeridad tales como achicar el gasto público y recortar los impuestos es la vía necesaria para el desarrollo de todos los países, no es necesariamente el camino que han tomado las naciones desarrolladas. Independientemente de la fortaleza económica, podemos tomar al Índice de Desarrollo Humano (IDH), como prueba cabal avalada por organismos internacionales del progreso de una sociedad determinada.
Los datos que muestran diversas entidades, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y las Naciones Unidas, respecto al desarrollo de quienes se pueden considerar triunfadores, hablan por sí mismos. Si tomamos la medida “impuestos como porcentaje del PBI” veremos que en países como Suecia y Nueva Zelanda estos implican el 28%, y en Dinamarca llega a ser un 33%. Ahora bien, si tomamos el parámetro del IDH estos últimos se ubican cómodamente dentro de los mejores 20.
Al otro lado del ranking se encuentran la República Centroafricana con un ratio impuestos-PBI de apenas un 6,9%, Guinea Ecuatorial con un 5,9%, Irak con un escaso 2% y (no tan sorprendentemente) Somalia, tierra libre de impuestos, con un 0%. Podemos incluso comparar tomando un año determinado a la performance que han tenido, por un lado, países del llamado “primer mundo” y , por el otro, la “condenada al fracaso” Argentina. Esta última tuvo, en 2017, una proporción impuestos-PBI del 11%, mientras que en Francia, en el mismo año, fue de un 23,8% y en el Reino Unido alcanzó un 25,7%.
Estos últimos datos bastan para descartar la hipótesis de que a menores impuestos, mayor bienestar y/o desarrollo económico. El debate sobre cómo es distribuida la recaudación impositiva puede y debe tener lugar en todo análisis económico-político serio, pero las estadísticas primarias indican que una recaudación pobre o nula es más propicia de un Estado fallido que de una potencia europea.
Por su parte, podemos tomar otra medida que los economistas suelen desprestigiar o darle poca relevancia, que es el Coeficiente de Gini. Este índice mide la desigualdad de los ingresos de un país determinado en una escala que va de 0 a 1, donde mientras más cerca de 0 se puede apreciar una mayor igualdad en los salarios y, por el contrario, cuanto más cerca del 1, mayor es la desigualdad. Sin un Estado que tenga una mínima impronta en la regulación laboral, los sectores más beneficiados tendrían luz verde para enriquecerse a costa de los sectores más vulnerables que tendrían que adaptarse a las condiciones de los empleadores.
A la luz de las incipientes protestas y movilizaciones de América Latina es que la medición de la desigualdad volvió a tomar preponderancia. Tomando el explicado coeficiente Gini, se observa que, mientras en Chile, Brasil, Colombia y Paraguay los resultados rondan el 0.5, la media de Europa es 0.30 y la media de los países nórdicos, líderes en desarrollo humano, se acercan más al 0.25. Esto implica que el viejo continente está más cerca de la equidad salarial que Latinoamérica, motivo suficiente para desconsiderar la desregulación de las condiciones laborales que tanto vitorea la teoría neoliberal.
Por último, y no menos importante, una crítica de la corriente económica más ortodoxa afirma que el gasto público es un lastre para cualquier nación que desee considerarse desarrollada. Entre los 17 países que en 2014 superaron la barrera del 50% de gasto público como porcentaje del PBI se encuentran Italia, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia, Francia y Dinamarca. Estos últimos, de hecho, llegaron a registrar, por aquél entonces, un 58% y 56% respectivamente, superando con creces a países en vías de desarrollo como Sudáfrica con un 32%, así como también a México y a Perú con un 27% y 17% respectivamente. Es evidente que el
recorte en el gasto público tampoco puede considerarse una herramienta eficaz para ubicarse en los primeros puestos de desarrollo social.
Con todo, no se trata de defender un control absoluto del Estado sobre la economía, ya que un movimiento semejante peca de autoritarismo. Pero tampoco es la liberalización de la economía, encarnada en los principios del Consenso de Washington, la respuesta a los serios y varios problemas que afrontan los países con un peor rendimiento. Debe haber gasto, y debe haber intervención, pero también debe llevarse a cabo de una forma óptima y eficaz. Lo suficiente como para no generar un endeudamiento fiscal atroz ni un autoritarismo económico, por un lado, y para evitar la ausencia del Estado y, en consecuencia, la profundización de las desigualdades que generan pobreza y violencia culminando en estallidos sociales, por el otro.